El exministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, compareció ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Representantes que analiza el proceso de adquisición de los patrulleros oceánicos (OPV) al astillero español Cardama y defendió una a una las decisiones adoptadas durante su gestión, insistiendo en que el objetivo permanente fue evitar el fracaso de una compra considerada estratégica para el país.
Durante varias horas respondió a las preguntas de los legisladores, especialmente del diputado frenteamplista Joaquín Garlo, Castaingdebat sostuvo que todas las resoluciones fueron adoptadas dentro del marco legal, respetando las observaciones del Tribunal de Cuentas y con el respaldo de asesoramiento jurídico especializado.
Uno de los primeros cuestionamientos apuntó a la segunda prórroga otorgada a Cardama para presentar las garantías contractuales.
Garlo recordó que el propio Castaingdebat había firmado el 4 de marzo de 2024 una nota donde advertía expresamente que no se concederían nuevas extensiones de plazo. Sin embargo, finalmente transcurrieron casi nueve meses hasta la aprobación definitiva de las garantías.
El exministro respondió que esa aparente contradicción solo puede comprenderse analizando el proceso completo y no decisiones aisladas.
«Todo aquel que pretenda ser un buen gobernante, además de estar apegado a la ley, respetar el TOCAF, actuar dentro de la Constitución y seguir al Tribunal de Cuentas, tiene que tener sentido común», afirmó.
Según explicó, la prioridad siempre fue preservar una contratación considerada estratégica para la Armada Nacional.
«Entendimos que lo mejor para el país era agotar hasta el último esfuerzo para que el contrato se cumpliera y Uruguay pudiera tener finalmente las OPV», sostuvo. Para Castaingdebat, las prórrogas no respondieron a un cambio arbitrario de criterio sino a la intención de evitar que fracasara un proceso que llevaba años de preparación y cuya caída significaría reiniciar toda la licitación.
La consulta al Banco Central
Otro de los ejes centrales de la comparecencia fue la consulta que el Ministerio de Defensa realizó al Banco Central del Uruguay respecto a las garantías ofrecidas por Cardama. El legislador Joaquín Garlo preguntó por qué, si el Banco Central recomendó actuar con extrema cautela y contratar asesoramiento financiero especializado, finalmente esas recomendaciones no fueron seguidas. Castaingdebat respondió que la consulta buscó precisamente recorrer «todos los caminos posibles» para brindar mayor seguridad al Estado.
«No porque se consulte al Banco Central su opinión pasa a ser vinculante», afirmó. Explicó que la evaluación definitiva se apoyó en el estudio jurídico encabezado por el constitucionalista Carlos Delpiazzo, contratado específicamente para asesorar al Ministerio. Según el exministro, Delpiazzo nunca recomendó rechazar las garantías presentadas por Cardama.
«Nosotros seguimos lo que nos decía Delpiazzo. En ningún momento nos aconsejó no aceptar ni la primera ni la segunda garantía», señaló. Garlo recordó que el propio Delpiazzo compareció ante la comisión investigadora y explicó que su estudio había sido contratado originalmente para elaborar el contrato entre el Ministerio y Cardama, agregando que posteriormente continuó respondiendo consultas «de onda», pero únicamente desde el punto de vista jurídico y no financiero.
Para Castaingdebat, esa interpretación no modifica el fondo del asunto.
Afirmó que el estudio continuó colaborando por iniciativa propia y que incluso terminó interviniendo en aspectos que excedían el análisis estrictamente jurídico, como cuestiones relacionadas con la apostilla internacional de determinados documentos vinculados a las garantías. «Nosotros contratamos a Delpiazzo y seguimos lo que nos indicó», reiteró.
El episodio Abitab
Uno de los momentos más llamativos de la comparecencia fue cuando Castaingdebat hizo referencia a un correo electrónico enviado por representantes de Cardama. Según leyó ante la comisión, el mensaje señalaba que una alternativa de financiamiento vinculada con Abitab había fracasado debido a presuntas «fuertes presiones políticas».
«No tengo forma de aseverarlo ni de negarlo. Lo único que puedo hacer es leer el correo que recibió el Ministerio», explicó.
No obstante, aseguró que hasta ese momento existían señales de que el mecanismo financiero podía concretarse. Incluso sostuvo que representantes de Guyer & Regules habían comenzado a trabajar en la documentación necesaria para instrumentar la cesión de derechos de cobro que serviría como garantía de la operación. Según relató, desde el Ministerio se entendía que el aval estaba encaminado y que la caída de esa alternativa obligó a explorar nuevas opciones para evitar que fracasara toda la contratación.
Otro aspecto que generó intercambio fue la existencia de un borrador elaborado por el estudio Delpiazzo para comunicar la no entrada en vigor del contrato ante un eventual incumplimiento de Cardama. Reconoció que se pidió preparar ese texto, aunque aclaró que formaba parte de los distintos escenarios que cualquier administración responsable debe prever. «Creo que un buen administrador tiene que tener preparados los diferentes escenarios», sostuvo.
Explicó que mientras se analizaba la eventual rescisión seguían desarrollándose negociaciones para encontrar una solución definitiva respecto de las garantías, incluyendo conversaciones vinculadas con un eventual financiamiento a través de Abitab. Según relató, desde el Ministerio se les transmitió que esa operación estaba prácticamente acordada hasta que Cardama comunicó que la alternativa había fracasado debido —según el empresario— a presiones políticas sobre esa empresa.
El exministro también explicó el origen de la cuestionada prórroga de 72 horas otorgada a Cardama. Señaló que no fue una decisión improvisada sino consecuencia de que existían negociaciones muy avanzadas para constituir la garantía mediante un depósito en efectivo.
De acuerdo con su versión, esa alternativa había sido considerada jurídicamente válida por el estudio Delpiazzo y sólo restaban aspectos operativos cuando finalmente la operación no prosperó.
Frente a ese escenario, dijo, el Ministerio optó por conceder un último plazo para permitir que la empresa presentara otra solución.
Insistió además en que durante todo ese período el Estado contaba con la garantía correspondiente al primer desembolso, aspecto que calificó como el más importante desde el punto de vista de la protección patrimonial.
Uno de los conceptos que Castaingdebat buscó dejar expresamente asentados ante la comisión fue que ninguna autoridad estatal aconsejó detener el proceso por sospechas sobre las garantías. Negó particularmente que el Banco Central o el estudio Delpiazzo hubieran advertido al Ministerio que las garantías podían constituir un fraude.
«En ningún momento ninguna entidad del Estado aconsejó al Ministerio de Defensa no seguir adelante con las garantías», afirmó.
Para Castaingdebat, tampoco las nuevas autoridades encontraron elementos suficientes para objetar inmediatamente las garantías, ya que durante los primeros meses del nuevo gobierno se habilitaron los pagos correspondientes al segundo y tercer hito del contrato luego de las certificaciones emitidas por Lloyd’s Register.
El exministro volvió además sobre uno de los ejes centrales de su comparecencia: la transición con el gobierno electo.
Relató distintos episodios en los que, según dijo, ambas administraciones privilegiaron el interés institucional por encima de las diferencias partidarias. Sostuvo que durante todo ese proceso existió diálogo permanente con Sandra Lazo y que nunca recibió señales de que el nuevo gobierno pretendiera rescindir el contrato de las OPV.
A su juicio, esa actitud demostraba que ambas administraciones compartían inicialmente el objetivo de concretar la incorporación de los patrulleros oceánicos. «Si todos hubiéramos puesto por delante que el bien mayor era que Uruguay tuviera patrulleras, hoy no estaríamos en este lío», afirmó.
Este señor parece un niño declarando. Frente a una garantía inexistente esperan que el estudio de abogados recomiende no aceptarla. Si no saben contratar material para su ministerio, ¿porque no lo delegaron en alguien más cuidadoso para los intereses del pais ? Cada vez se hace más evidente lo que muchos piensan.
Pobre tipo el sinvergüenza del ex ministro renuncio en ese momento para la campaña electoral y metió a esta persona en un lio que ni sabe como salir dan vergüenza la verdad que no se preocuparon mucho para tener esas OPV ya que fuera de la escandalosa aceptación de esa garantía trucha en ningún momento tomaron conciencia que algo grave pasaba ya que se vencieron todos los plazos para entrega de la compra y ni siquiera fueron a ver es estado de construcción de esos barcos que prácticamente no existía, era evidente que le estaban tomando el pelo al estado uruguayo
Garantía para que, si ya estaba la coima