Tras reunirse este martes 25 de noviembre con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) confirmó que el Ejecutivo no hará modificaciones en el presupuesto del Poder Judicial. El gremio evaluará este miércoles en asamblea si adopta nuevas medidas en el marco del conflicto iniciado por adeudos salariales y carencias estructurales.
La Asociación de Magistrados de Uruguay (AMU) continúa en conflicto y en estado de profunda preocupación ante lo que define como la “pobreza” del presupuesto asignado al Poder Judicial. Tras la reunión de este miércoles 19 de noviembre con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, el panorama para el gremio no mostró avances. Según la presidenta de la asociación, la doctora María Helena Mainard, la respuesta del gobierno fue clara: “El presupuesto ya está cerrado y no hay ninguna oportunidad de nada en este momento”.
El encuentro, realizado en la sede de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), había generado expectativas entre los magistrados, quienes esperaban una instancia de negociación que permitiera atender, aunque fuera parcialmente, los principales reclamos que vienen sosteniendo desde comienzos del año. Sin embargo, la confirmación de que el presupuesto quinquenal no sufrirá modificaciones cayó como un balde de agua fría.
Reclamos que vienen desde 2010
El gremio recuerda que el Poder Judicial arrastra problemas de larga data. Entre ellos, figura un adeudo salarial del 6,08% que se remonta a 2010 y que derivó de una transacción realizada en aquel momento, aún pendiente de cumplimiento. La Asociación sostiene que esta deuda ha sido reiteradamente señalada en informes y propuestas remitidas por la Suprema Corte de Justicia al Ejecutivo.
A ese reclamo se suma la actualización de la partida destinada al perfeccionamiento académico, un rubro que, según la asociación, se ha visto erosionado en términos reales y es imprescindible para la formación continua de los magistrados.
“Esos eran los dos grandes reclamos incluidos en el presupuesto que envió la Corte en enero”, recordó Mainard, en diálogo con el Diario La R. “Y ninguno será contemplado en este presupuesto porque ya está cerrado. No hay dinero. Eso fue lo que se nos planteó”.
Un diálogo postergado hasta 2027
La única puerta que el Ejecutivo dejó abierta fue la posibilidad de instalar una mesa de negociación a partir de marzo del próximo año, con miras a incluir eventuales mejoras en la rendición de cuentas de 2027. Para el gremio, esto significa que cualquier incremento o recomposición salarial, así como ajustes a partidas específicas, no se verían reflejados hasta dentro de dos años.
“Quiere decir que, si hay algo, va a ser recién en 2027”, señaló la presidenta de AMU. “Por ahora, nada. Nada más que lo aprobado: el artículo primero del proyecto de la Suprema Corte, que asigna presupuesto al Poder Judicial, y la creación de dos juzgados de violencia de género”.
La Corte había solicitado 24 nuevos juzgados especializados para atender la creciente demanda en materia de violencia basada en género: 16 para el interior y ocho para Montevideo. Solo dos fueron aprobados.
Malestar y Asamblea clave
La respuesta del Ejecutivo no fue bien recibida por los magistrados. AMU ya había declarado el conflicto en un comunicado emitido el sábado previo y había anunciado la adopción de medidas progresivas, que podrían escalar hasta llegar a una paralización total de actividades si las negociaciones fracasan.
“Esto va a estar sometido mañana (por este miércoles) a asamblea”, indicó Mainard. La asociación ya tenía agendada una sesión gremial para el martes 25 a las 14 horas, donde se discutirán los pasos a seguir.
Entre las medidas que estaban sobre la mesa figuraban tanto acciones no distorsivas —como avisos formales y postergación de algunas instancias administrativas— como medidas distorsivas, cuya aplicación podría impactar directamente en el funcionamiento del sistema judicial.
Consultada sobre su postura personal respecto al rumbo que debería tomar el gremio, Mainard se mostró cautelosa: “Como presidenta, no puedo adelantar posición. La directiva tiene que terminar de acordar qué planteo llevar mañana a la asamblea, y luego estaremos a lo que resuelva la mayoría”, afirmó.
El valor simbólico del diálogo
A pesar del magro resultado, Mainard reconoció un aspecto positivo: “Destaco como buena señal que Castillo nos haya recibido. Es la primera vez que se nos escucha, se hacen preguntas y se interesan por el planteo”. Para AMU, que históricamente ha reclamado mayor atención del Ejecutivo a las condiciones laborales y salariales de los magistrados, esa apertura inicial podría ser un primer paso hacia una negociación más estructural.
La presidenta del gremio insistió en que el Poder Judicial necesita no solo recursos económicos, sino también una discusión de fondo sobre su reestructura, funcionamiento y demandas crecientes, especialmente en materia de violencia de género, delitos complejos y sobrecarga de trabajo.
Un servicio esencial bajo presión
Con un presupuesto que consideran insuficiente, con deudas salariales acumuladas y con la creación mínima de nuevos juzgados, el panorama para el Poder Judicial se mantiene tenso. El gremio advierte que la situación afecta no solo a los magistrados, sino a todo el sistema de justicia y, en última instancia, a la ciudadanía.
Mientras el gobierno sostiene que no hay margen para modificaciones en el presupuesto vigente, los jueces preparan su hoja de ruta para las próximas semanas. La asamblea de este miércoles será decisiva para definir si continúan con medidas graduales o si avanzan hacia acciones de mayor impacto.
