Uruguay se destaca en América Latina por su gobernanza democrática estable y sus políticas públicas continuas. China, apoyada en una herencia civilizatoria milenaria, ha construido un camino de modernización autónoma en pocas décadas.
A pesar de las enormes diferencias de escala y régimen institucional, ambos integran el Sur Global y comparten retos de época: cómo preservar la base agrícola, equilibrar trabajo y capital, garantizar la continuidad de las políticas públicas y evitar la dependencia en el marco de la globalización. Sus distintas experiencias de gestión merecen ser analizadas en clave comparada.
Para comprender la gobernanza china, podemos partir de 4 relaciones interconectadas: Campesino y Tierra, Labor y Capital, Estado y Mercado, China y Mundo. No se trata de temas separados, sino de un sistema de equilibrio dinámico articulado. Si alguno de estos eslabones pierde el equilibrio, los conflictos se trasladan al tejido social, a las relaciones entre ciudad y campo y a la vinculación externa del país.
La relación entre Campesinos y Tierra gira en torno a la estabilidad de los derechos de tenencia, uso y distribución de beneficios. Sin seguridad jurídica sobre la tierra, los productores agrícolas no realizan inversiones a largo plazo. Si el campo no cuenta con una red de protección, la migración hacia las ciudades puede generar pobreza urbana masiva.
La reforma rural china ha girado siempre sobre este eje: desde la producción familiar, hasta la separación de 3 derechos —propiedad colectiva, derecho de contratación familiar y derecho de circulación de la explotación— y el registro catastral integral, que protege legalmente de forma progresiva los derechos agrarios de los campesinos. Mientras la urbanización avanza con rapidez, este régimen funciona como red de contención. Es la razón principal por la que cientos de millones de personas del campo se incorporaron al trabajo urbano sin que surgieran grandes asentamientos precarios.
Este punto establece un diálogo muy interesante con la experiencia uruguaya. El Instituto Nacional de Colonización gestiona las tierras estatales: manteniendo la propiedad pública, prioriza el arrendamiento a la agricultura familiar y a jóvenes rurales, para frenar la compra masiva de tierras por capital extranjero. Los regímenes de tenencia son distintos, pero el objetivo es semejante: sostener a los pequeños productores y preservar la base social del medio rural.
La relación entre Labor y Capital tiene como eje la creación de valor y la distribución de sus frutos. No son opuestos por naturaleza. En etapas de bajos ingresos, la acumulación de capital es el principal recurso para ampliar la capacidad productiva. Cuando la economía avanza hacia niveles de ingreso medio alto, la gobernanza debe poner el foco en la protección laboral y la mejora de los salarios. La apuesta china busca una convivencia virtuosa: por un lado, admite la coexistencia de economías de distintos regímenes de propiedad; por otro, recurre a mecanismos múltiples de distribución para regular los beneficios, al mismo tiempo que establece reglas para limitar la expansión descontrolada del capital.
En los últimos años China planteó la prosperidad compartida como meta de su modernización. Es importante aclarar: la prosperidad compartida no es igualitarismo, ni consiste simplemente en recortar las brechas de forma arbitraria; se trata de ampliar de forma paulatina los beneficios universales dentro de un crecimiento sostenido.
La relación entre Estado y Mercado es, fundamentalmente, una cuestión de capacidad de gobernanza, no una disputa ideológica. El mercado capta información dispersa y activa la iniciativa microeconómica, pero no resuelve por sí mismo los objetivos públicos de largo plazo, las externalidades, los monopolios ni los riesgos sistémicos. La práctica china consiste en no intervenir donde el mercado funciona con eficacia, mientras que el Estado corrige sus fallos en aquellos sectores que son estratégicos para el desarrollo a largo plazo. El valor de los planes quinquenales chinos no reside en predecir el futuro con exactitud, sino en dar certidumbre a empresas, hogares y trabajadores.
El Plan Ceibal, impulsado en Uruguay desde 2007 y mantenido por sucesivos gobiernos, es un ejemplo excepcional de largo plazo político en América Latina, que demuestra la importancia de compromisos públicos estables.
La relación entre China y el mundo se define por la autonomía en la apertura. Integrarse a la división internacional del trabajo permite aprovechar los beneficios de la globalización, pero una apertura dependiente ata la suerte económica del país a las fluctuaciones externas.
El aislamiento puede dar tranquilidad a corto plazo, pero a largo plazo cierra oportunidades tecnológicas y comerciales. El camino elegido por China es apoyarse en sus propias fuerzas, al mismo tiempo que profundiza una apertura institucionalizada: define ritmos, límites y acuerdos de forma autónoma, buscando beneficios mutuos en lugar de una subordinación unilateral.
Este marco de 4 relaciones no entrega respuestas válidas para todos los contextos, sino una herramienta de gobernanza ajustable dinámicamente.
La enseñanza principal de décadas de desarrollo chino no es la ausencia de crisis, sino la capacidad de corregir, reorientar y optimizar de forma continua sus políticas. Hay que subrayarlo: la gobernanza estatal china está arraigada a su historia, sus recursos y su institucionalidad particulares, no se puede copiar directamente. Sin embargo, sus criterios de gestión pueden ser útiles para todos los países del Sur Global que construyen sus propios caminos de desarrollo.
La gestión de la tierra debe seguir el principio de “estabilidad antes que circulación”: primero clarificar los derechos de tenencia y garantizar una salida segura para los productores, luego promover la circulación de las tierras o sus derechos de explotación y la urbanización de la población rural. Las lecciones de la urbanización en varios países de América Latina muestran que el retraso en el reconocimiento de derechos sumado a una circulación acelerada de la tierra genera pobreza urbana y desorden social.
Labor y Capital deben formar un ciclo positivo: los salarios deben crecer junto con la productividad, y los sistemas de seguridad social cubrir tanto el empleo tradicional como las nuevas formas laborales digitales, para que el mercado interno tenga bases sólidas.
Estado y Mercado deben coordinarse: las políticas públicas no deben ser capturadas por grupos de interés minoritarios, el mercado debe mantener competencia equitativa y el orden jurídico debe ser estable.
La apertura al exterior requiere autonomía y control. Solo mediante la unidad entre los países del Sur, la construcción de redes diversificadas de alianzas y el aumento de su poder de negociación colectiva, se puede evitar la dependencia excesiva de un solo mercado externo.
Uruguay, China y toda América Latina y el Caribe pertenecen al Sur Global. Comparten la búsqueda de un desarrollo autónomo, la mejora de las condiciones de vida y la preservación de sus propias culturas. Países con historias e instituciones distintas no tienen que adoptar un mismo modelo.
Pueden observarse mutuamente, intercambiar aprendizajes y avanzar juntos en sus rutas de modernización, explorando un sendero de desarrollo basado en la igualdad, el beneficio mutuo y el respeto a las diferencias.


