La transferencia de USD 200.000 desde una empresa guatemalteca vinculada al narcotráfico hacia el diputado argentino José Luis Espert ha reactivado un debate urgente en América Latina: ¿hasta qué punto el crimen organizado internacional ha penetrado el financiamiento de la política? El caso, que involucra a la firma Minas del Pueblo S.A. —presuntamente controlada por el empresario detenido Federico “Fred” Machado— expone vulnerabilidades institucionales que trascienden fronteras y partidos.
El entramado: fachada minera, vuelos compartidos y diseño político
Según investigaciones del Ministerio Público de Guatemala y medios como CMI-Guatemala, Minas del Pueblo S.A. no opera como una mina convencional, sino como una fachada empresarial vinculada a operaciones logísticas aéreas utilizadas por redes de narcotráfico. La empresa está asociada a una pista clandestina en Petén y a una avioneta incautada en operativos antidrogas.
En 2020, esta firma transfirió USD 200.000 a José Luis Espert, candidato y cabeza de lista de La Libertad Avanza, actualmente diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto, quien declaró que se trató de un contrato de consultoría económica privada. Sin embargo, registros migratorios y aeronáuticos revelan que el diputado realizó al menos 35 vuelos en aviones operados por Machado, muchos de ellos compartidos con el propio empresario. Además, fuentes cercanas al armado político confirman que Machado participó activamente en la estructuración de la fórmula presidencial de Espert, llegando incluso a invitar al periodista Marcelo Longobardi a integrar la fórmula como vicepresidente —propuesta que fue rechazada.
¿Consultoría o cobertura?
Espert sostiene que la operación fue legal, que la cuenta receptora estaba declarada ante la AFIP y que desconocía los antecedentes judiciales de Machado hasta 2021. No obstante, el volumen de viajes compartidos, el involucramiento directo en el armado político y la naturaleza de la empresa emisora plantean interrogantes sobre:
– La debida diligencia en contratos con empresas extranjeras.
– La opacidad en el financiamiento de la política.
– La capacidad de los sistemas de antilavado de activos y judiciales para rastrear flujos financieros sospechosos.
Milei lo defendió, pero el fuego se propagó.
El presidente argentino Javier Milei salió públicamente en defensa de Espert, calificando el caso como una “burda operación montada por el kirchnerismo” y minimizando las denuncias como “chimentos de peluquería”. Sin embargo, su intervención generó incomodidad dentro del oficialismo:
– Patricia Bullrich y Karina Milei expresaron reservas sobre el manejo comunicacional del caso.
– Santiago Caputo, asesor presidencial, reconoció que la exposición pública de Espert “generó más problemas de los que resolvió”.
– En reuniones internas, se evaluó incluso desplazar a Espert de las listas legislativas, aunque Milei lo sostuvo como “cuestión de palabra y coherencia política”.
La defensa presidencial debilitó la narrativa oficialista sobre transparencia y lucha contra el crimen organizado, dejando al descubierto grietas internas y contradicciones discursivas.
Uruguay: espejo y advertencia
El caso recuerda inevitablemente el escándalo del pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset, que involucró directamente al gobierno de Luis Lacalle Pou. La gestión del documento, emitido mientras Marset estaba detenido en Dubái, provocó una crisis política que derivó en la salida de Francisco Bustillo (canciller), Carolina Ache (vicecanciller), Luis Alberto Heber (ministro del Interior), Guillermo Maciel (subsecretario del Interior) y Roberto Lafluf (asesor presidencial). La controversia evidenció cómo decisiones administrativas pueden tener consecuencias geopolíticas y reputacionales profundas.
Ambos casos —Espert-Machado en Argentina y Marset en Uruguay— revelan un patrón regional: la creciente sofisticación del crimen organizado para infiltrarse en estructuras estatales, influir en decisiones políticas de alto nivel y legitimar operaciones mediante vínculos institucionales.
Más allá del escándalo: el fracaso del modelo prohibicionista y los caminos hacia la regulación
Estos episodios no son anomalías sino síntomas de un modelo que ha fracasado. La guerra contra las drogas, sostenida por el prohibicionismo estatal, ha convertido un fenómeno de salud pública en un problema de seguridad nacional. Al criminalizar el consumo y cerrar las puertas a políticas de reducción de daños, los Estados han sido los principales responsables de alimentar al crimen organizado, consolidando un mercado negro multimillonario que financia violencia, corrupción y desestabilización institucional.
Sin embargo, existen alternativas probadas. El caso de Portugal, que despenalizó el consumo de drogas en 2001 y adoptó un enfoque centrado en salud pública, demuestra que es posible reducir la criminalización sin aumentar el consumo problemático. El modelo portugués logró disminuir las tasas de VIH, sobredosis y encarcelamiento por delitos menores, al tiempo que fortaleció la capacidad estatal para intervenir con criterios sanitarios y sociales.
Para que América Latina avance hacia una política de drogas centrada en la salud, los derechos humanos y la regulación inteligente, será clave contar con asistencia técnica y cooperación internacional. Organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA) ofrecen marcos normativos, buenas prácticas y capacidades institucionales que pueden acompañar a los Estados en la transición hacia modelos más eficaces y sostenibles.
Además, las fiscalías especializadas y las unidades de inteligencia financiera deben desempeñar un rol activo en este proceso. Su capacidad para detectar flujos ilícitos, mapear redes de financiamiento político y articular con organismos internacionales será determinante para generar condiciones de aplicabilidad y blindaje institucional frente a la infiltración criminal.
Foros regionales: del diagnóstico a la articulación política
El cambio de paradigma no puede ser solo técnico: requiere voluntad política y articulación regional. Foros como el Consenso de Brasilia, la CELAC y el Mercosur ofrecen espacios pertinentes para debatir este giro estratégico. Allí se pueden impulsar acuerdos multilaterales sobre regulación de drogas, transparencia en el financiamiento político y cooperación judicial transfronteriza.
Estos ámbitos permiten construir una hoja de ruta común que supere la fragmentación normativa y habilite a los Estados a iniciar un camino superador de la realidad presente. La experiencia uruguaya en cannabis, el modelo portugués y las capacidades de UNODC y CICAD pueden ser insumos clave para ese debate.
Entre balas y políticas públicas
José Luis Espert, conocido por su retórica implacable contra la izquierda y el crimen organizado, suele repetir que a los delincuentes les espera “cárcel o bala”. Hoy, esa frase resuena con ironía. ¿Qué aplicará para él?
La transferencia desde Minas del Pueblo S.A., los vuelos compartidos, el diseño político tutelado por un empresario detenido por narcotráfico, y la defensa presidencial, configuran un escenario de alto riesgo institucional. Uruguay, habiendo sido precursor en la desregulación del cannabis, tiene la oportunidad de liderar una respuesta regional basada en transparencia, cooperación judicial y resiliencia institucional. Pero esa respuesta será incompleta si no se aborda el origen estructural del problema el cual se llama prohibicionismo como motor del crimen organizado.
