¿Se puede hablar de “pandemia”?
No en sentido epidemiológico estricto (no es una enfermedad contagiosa), pero sí como,crisis estructural,problema de salud pública masivo y emergencia silenciosa.
La escena es conocida pero no por eso menos urgente: salas de emergencia saturadas, consultas que se dilatan, familias que hacen equilibrio entre la desesperación y la burocracia.
En ese contexto, la decisión del Ministerio de Salud Pública de diferir la aplicación total de la Ley de Salud Mental de Uruguay no es un gesto técnico ni administrativo. Es, sobre todo, una señal política muy mezquina y lobbista con los políticos e interesados a monetizar con el club de amigos de ese segmento de la salud uruguaya.
La ley, aprobada en 2017, no era un documento más. Representaba un cambio de paradigma: dejar atrás el modelo centrado en la internación y avanzar hacia una atención comunitaria, integral y con enfoque de derechos. Su implementación plena —que implicaba, entre otras cosas, la transformación del sistema de atención y el cierre progresivo de estructuras asilares— tenía como horizonte este 2026. No era una fecha caprichosa: era el límite que el propio Estado se había impuesto.
Sin embargo, la ministra optó por correr ese horizonte.
El argumento oficial habla de tiempos insuficientes, falta de recursos, necesidad de adecuaciones. Nadie podría negar que transformar un sistema de salud mental es complejo. Pero la pregunta no es si era difícil. La pregunta es por qué, después de casi una década, el país no llegó.
Porque lo que se posterga no es solo una normativa. Lo que se difiere es el acceso a derechos. Se aplaza la posibilidad de que miles de personas reciban atención en condiciones dignas, cerca de sus comunidades, sin depender de dispositivos que la propia ley reconoce como obsoletos.
En Uruguay, donde el suicidio se ha consolidado como uno de los principales problemas de salud pública, la decisión adquiere otro peso. No es una discusión abstracta: ocurre en un país que convive con cifras persistentes de muertes evitables, con un sistema que aún responde más a la urgencia que a la prevención.
La crónica de esta postergación también es la crónica de una deuda acumulada. Durante años, la ley avanzó más en el discurso que en el territorio. Faltaron equipos, presupuesto, articulación interinstitucional. Y, sobre todo, faltó decisión política sostenida más allá de los anuncios.
Diferir la aplicación en la práctica, implica aceptar que el cambio seguirá siendo gradual en un contexto que ya no admite gradualismos.
Hay, además, un riesgo silencioso: naturalizar la demora. Convertir lo excepcional en norma. Si una ley que redefine derechos fundamentales puede posponerse sin consecuencias visibles para el sistema político, el mensaje es claro: la salud mental sigue ocupando un lugar secundario.
Mientras tanto, la vida cotidiana no se suspende. Las crisis no esperan decretos. Las personas que hoy necesitan atención no pueden diferir su sufrimiento hasta que el sistema esté listo.
Porque en salud mental, postergar también es decidir. Y cada decisión tiene un costo. En Uruguay, ese costo dejó de ser invisible.
