La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció que se presentará el próximo miércoles 18 de junio ante los tribunales federales de Comodoro Py para cumplir la condena de seis años de prisión por corrupción, confirmada esta semana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Condenada en 2022 por irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gobierno, Fernández fue además inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, lo que la obligó a desistir de su postulación como diputada por la provincia de Buenos Aires.
La también presidenta del Partido Justicialista y figura central de la oposición al gobierno de Javier Milei, solicitó cumplir su condena en prisión domiciliaria alegando tener más de 70 años y razones de seguridad personal.
«No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal», explicó Fernández en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.
En su pedido, la exmandataria recordó que, como expresidenta, tiene asignada custodia permanente, lo que imposibilita su traslado o permanencia en centros penitenciarios sin condiciones especiales. Además, hizo referencia al intento de atentado que sufrió en 2022, cuando un atacante le apuntó a la cabeza a corta distancia, pero el arma no se disparó.
El tribunal deberá ahora resolver si concede la prisión domiciliaria, acepta el domicilio propuesto en el barrio porteño de Constitución, o determina su ingreso a una unidad penitenciaria. Aunque la ley argentina permite este beneficio a personas mayores de 70 años (excepto en delitos de lesa humanidad), la decisión queda sujeta a la discrecionalidad judicial.
Fernández reiteró su postura crítica hacia la Justicia argentina, a la que acusa de actuar con motivaciones políticas. Aseguró que se presentará en el plazo establecido por el tribunal, reafirmando:
«Me presentaré para estar a derecho, como siempre lo he hecho».
La causa, y especialmente su inhabilitación, ha generado divisiones políticas y reacciones encontradas en la opinión pública. Mientras el oficialismo celebra la decisión como un paso hacia la rendición de cuentas, sectores afines al kirchnerismo consideran que se trata de una proscripción judicial con tintes políticos.
