El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) dio un paso significativo en el cumplimiento de la normativa vigente sobre el acceso a los archivos militares vinculados a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. A comienzos de diciembre, la ministra Sandra Lazo firmó una resolución que encomienda a las Fuerzas Armadas y a todas las dependencias del ministerio garantizar el “acceso irrestricto” de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) a los archivos que puedan ser relevantes para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas.
La medida no crea nuevos derechos ni modifica el marco legal existente, pero sí apunta a efectivizar lo que ya está establecido desde 2019 en la Ley N.º 19.822, que asigna a la INDDHH la tarea de buscar información sobre el destino de las víctimas de desaparición forzada. Según fuentes del MDN consultadas por Diario La R, se trata de una resolución administrativa clave que viene a saldar una omisión acumulada durante el quinquenio anterior, en el que la ley no fue reglamentada ni instrumentada mediante disposiciones concretas.
“La ley ya establecía claramente que la INDDHH debía tener acceso a todos los archivos existentes en cualquier organismo del Estado. Lo que hizo ahora la ministra fue dictar una resolución que ordena cumplir efectivamente con ese mandato dentro del ámbito del Ministerio de Defensa”, explicó una alta fuente de la cartera.
Alcance de la resolución
El documento firmado por Lazo abarca al Comando General del Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Dirección de Inteligencia Estratégica y a todas las dependencias del MDN que puedan contar con información relevante. En los hechos, esto implica que la INDDHH podrá ingresar a cualquier unidad militar donde entienda que existen archivos de interés, sin necesidad de autorizaciones adicionales.
No obstante, la resolución aún no está plenamente operativa. Resta un paso formal: la elaboración de un acuerdo de confidencialidad que deberá ser suscrito por los funcionarios de la INDDHH habilitados a acceder a la documentación. Ese acuerdo, actualmente en preparación por la Dirección General de Secretaría del ministerio, busca preservar información sensible que no esté directamente vinculada al objeto de la investigación, como datos personales o cuestiones de seguridad ajenas a las desapariciones forzadas.
“Ese acuerdo no limita el acceso ni condiciona la búsqueda de la verdad, sino que establece pautas de manejo responsable de la información”, señalaron desde el MDN.
Una deuda pendiente desde 2019
La Ley 19.822 fue aprobada en 2019 y establece, en sus artículos sexto y séptimo, que la INDDHH tiene acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y a cualquier archivo público o privado relevante para la búsqueda de personas desaparecidas. Incluso prevé que la negativa a cumplir con ese acceso puede configurar el delito de desacato.
Pese a ello, hasta ahora no se había dictado una resolución específica que operacionalizara ese mandato dentro del Ministerio de Defensa. “Eso habría que preguntárselo al gobierno anterior”, admitió la fuente consultada. “Durante el quinquenio pasado no se dieron los pasos administrativos necesarios para instrumentar la ley”.
El tema volvió a cobrar centralidad tras recientes declaraciones públicas y la visita de la jueza Mariana Mota a dependencias del ministerio, lo que aceleró la adopción de una resolución formal.
Relación con Presidencia y la Justicia
Desde Defensa subrayan que el manejo del tema se realiza en coordinación permanente con Presidencia de la República. La eventual emisión de una orden directa del presidente Yamandú Orsi a las Fuerzas Armadas para entregar información sigue estando en la órbita del Poder Ejecutivo, aunque la resolución ministerial ya establece un marco claro de actuación.
En paralelo, el MDN remarca que la colaboración con la Justicia en causas vinculadas a derechos humanos ha sido constante y no constituye una novedad. “Cada vez que la Justicia solicita información, se busca y se entrega la que existe. Eso ha sido así en los gobiernos anteriores también”, aseguró la fuente, que afirmó haber participado personalmente en la tramitación de esos pedidos en el pasado.
No obstante, reconoció que el acceso sistemático y directo de la INDDHH a los archivos representa un salto cualitativo en términos de transparencia y búsqueda de verdad.
Consultada públicamente sobre el alcance de la medida, la ministra Lazo sostuvo que el acceso a los archivos es una condición necesaria para avanzar en el cierre de heridas abiertas desde hace décadas. “Los cuerpos siguen apareciendo y la verdad no puede demorar mucho más”, afirmó en rueda de prensa, en referencia a los recientes hallazgos de restos de detenidos desaparecidos.
Desde el ministerio, sin embargo, advierten que la resolución no garantiza por sí sola la aparición inmediata de nueva información. “Los archivos están dispersos, hubo copias en múltiples organismos y no todo está concentrado en Defensa. Incluso otros ministerios pueden tener documentación relevante”, señalaron.
Medida «pour la galerie».
Siempre nos pareció raro que en los gobiernos anteriores no se resolviera sobre ese tema A quien se quería proteger?