El pedido de renuncia de Cristina Lustemberg formulado por Álvaro Delgado profundizó la confrontación entre el Partido Nacional y el oficialismo por la conducción del Ministerio de Salud Pública. La controversia sobre la reducción y posterior restitución de la inhabilitación profesional de la anestesista Inés Miralles pasó a concentrarse en la responsabilidad política de la ministra y en el alcance del respaldo presidencial. Delgado sostuvo el lunes 16 que Lustemberg debería abandonar el cargo. Para el dirigente nacionalista, la intervención del presidente Yamandú Orsi, que restituyó los cinco años de inhabilitación, dejó debilitada a la jerarca. “No tengo duda de que debería dejar el cargo”, afirmó.
El origen del enfrentamiento está en la decisión del MSP de reducir de cinco a tres años la inhabilitación de Miralles, condenada penalmente por homicidio culposo en el caso de mala praxis que derivó en la muerte de la pediatra Soledad Barrera. El 10 de noviembre, el Poder Ejecutivo revocó esa reducción y confirmó la sanción administrativa original. Se trata de una inhabilitación para ejercer la profesión, distinta de la condena judicial.
Delgado cuestionó los fundamentos de ese recorrido. Aseguró que no existieron elementos nuevos que justificaran el cambio y atribuyó la reducción inicial a una decisión discrecional de la ministra. Esa es la interpretación del dirigente opositor, enfrentada a la explicación del Ejecutivo, que invocó un nuevo informe jurídico para fundamentar la revisión. La disputa expone dos lecturas políticas. Para los nacionalistas, la restitución de la sanción demuestra que Lustemberg tomó una decisión equivocada y debe asumir sus consecuencias. Para el gobierno, la revisión fue compartida entre Orsi y la ministra, y no supone el retiro de la confianza presidencial.
El mandatario respaldó públicamente a Lustemberg después de restablecer la inhabilitación original. Por eso, la afirmación opositora de que la ministra perdió el respaldo de Orsi debe entenderse como una valoración política de Delgado, no como una decisión anunciada por Presidencia. Desde el gabinete, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, defendió a su colega y cuestionó los reiterados pedidos opositores de renuncia. Sostuvo que, una vez que el presidente resuelve, la discusión queda laudada dentro del Ejecutivo, y reclamó a la oposición concentrarse en legislar.
El enfrentamiento tendrá también una instancia parlamentaria. La bancada nacionalista resolvió promover una interpelación a Lustemberg, con Federico Casaretto como miembro interpelante. El propósito anunciado es exigir explicaciones sobre los fundamentos de la reducción y las circunstancias de su posterior revocación. La controversia ya excede el expediente administrativo. Mientras el Partido Nacional coloca la continuidad de la ministra en el centro del debate, el oficialismo defiende la capacidad del gobierno para revisar sus decisiones.

