A pocos días de finalizar el actual período presidencial, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) se encuentra en el centro de la polémica por un llamado a cubrir vacantes con funcionarios que actualmente trabajan en la institución bajo contratos a término. La diputada Cecilia Bottino (Frente Amplio) ha señalado que esta maniobra responde a una estrategia para colocar a militantes del Partido Nacional (PN) y otras fuerzas de la coalición oficialista en cargos públicos sin un proceso adecuado de selección.
Según Bottino, los funcionarios propuestos para cubrir estas vacantes son, en su mayoría, personas con vínculos directos con la coalición de gobierno, lo que ha sido interpretado como una forma de “ingreso a dedo” en la administración pública. En un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), la legisladora denunció que la CARU está llevando a cabo estos nombramientos con la finalidad de asegurarle a los militantes del oficialismo un espacio en el organismo antes de que concluya el mandato del actual gobierno.
“Hemos denunciado en el Parlamento, el ingreso a CARU vía «concursos» de militantes de los partidos de la coalición. Aún frente al cambio de gobierno, el Pte de la delegación uruguaya insiste en dejar cubiertos esos cargos antes de irse. Mario Ayala: pare ya con el «dedazo», escribió la legisladora en su cuenta de la red social X
El caso ha generado una rápida reacción dentro del ámbito político. Alejandro Sánchez, quien asumirá como secretario de la Presidencia en el próximo gobierno, expresó su preocupación por el asunto y solicitó al actual secretario de la CARU, Rodrigo Ferrés, que detenga el proceso de contratación inmediatamente. Según fuentes cercanas, Sánchez ya se habría comunicado con Ferrés para evitar que se realicen nombramientos sin un análisis previo y sin la transparencia necesaria.
El periodista Eduardo Preve, en su columna «La Tapadita», ofreció más detalles sobre la situación y reveló que desde al menos junio de 2023, la CARU ha estado presupuestando vacantes sin un estudio claro sobre la necesidad de cubrirlas. Según indicó la información proviene de la delegación argentina de la CARU, que ha denunciado la falta de respuesta por parte de la delegación uruguaya y de la Cancillería uruguaya. Según el periodista, la CARU ha presupuestado al menos 19 vacantes sin ningún tipo de justificación en cuanto a la necesidad de incorporarlas.
Entre los nuevos postulantes figuran varios militantes de partidos políticos que pertenecen a la coalición oficialista. Entre los casos más polémicos se mencionan un militar vinculado a Cabildo Abierto, un militante del PN que sería ahijado de un director de la CARU, y una funcionaria de Artigas estrechamente vinculada a un dirigente blanco que competirá con Valentina dos Santos en las próximas elecciones departamentales. También se mencionan varios militantes de Alianza Nacional de Paysandú, el chofer de un diputado colorado por ese departamento y el hijo de una senadora blanca que no fue reelecta.
Esta situación ha provocado una serie de críticas dentro del espectro político. La denuncia de Bottino resalta las preocupaciones sobre el uso de cargos públicos para beneficiar a personas cercanas al oficialismo en el último tramo de su mandato. La falta de claridad en el proceso de selección y la posibilidad de que estos nombramientos se realicen sin el debido análisis de la necesidad de los mismos han alimentado la controversia.
El hecho también pone de relieve una preocupación más amplia sobre la transparencia en los nombramientos en organismos estatales. A menos de un mes de la transición de gobierno, las contrataciones en la CARU se suman a una serie de otras irregularidades que, según algunos sectores, reflejan un patrón de favoritismo político en la administración pública. Este tipo de prácticas ha sido criticado por distintos actores políticos, que instan a una revisión más exhaustiva de los procesos de selección y contratación en las instituciones públicas, para evitar que los cargos sean utilizados como un instrumento de retribución política.
