El Informe Técnico correspondiente a Actividad, Empleo y Desempleo (ECH) del Instituto Nacional de Estadística, para el mes de Setiembre 2025, arroja que el desempleo en la franja etaria entre los 14 a 24 años se ubicó en 23,6%. Una de las políticas de empleo que tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre educación y trabajo de jóvenes estudiantes, es el programa Yo Estudio y Trabajo, que en su edición de 2025 sorteó 751 cupos y recibió 26.618 inscripciones, lo que significó un 10% más que en 2024.
En ese contexto, las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reconocieron que se trata de un “compromiso político que debe ser atendido”. El director nacional de Empleo, Federico Araya, informó a Diario La R que si bien “son números históricos”, la cantidad de puestos ofrecidos cubren menos de un 3% de las solicitudes que hay. “Atacar la problemática del desempleo juvenil y ampliar el cupo del programa, son sin duda un gran desafío para nosotros como Gobierno”, expresó.
Dentro de las acciones que tomó la actual administración, se encuentra se encuentra la incorporación de la cuota de un 1% para víctimas de violencia basada en género, entendiendo que es uno de los colectivos que “indudablemente necesita de la oportunidad laboral para enfrentar la situación que están viviendo”. Por otra parte, fortalecieron la formación, capacitando a los seleccionados en cuanto a los derechos y obligaciones y en el desarrollo de competencias transversales.
Junto al Ministerio del Interior, y pensando más allá del programa, se encuentran elaborando un convenio para que no se le cobre el certificado de antecedentes judiciales a los jóvenes antes ingresar al trabajo y pueda ser descontado una vez que cobró el primer o segundo sueldo. Esta acción se encamina al análisis de que para muchos jóvenes es difícil la posibilidad de incorporarse al trabajo sin tener los recursos económicos necesarios.
En cuanto a quienes tengan a cargo menores de cuatro años, trabajan con INAU para asegurarles una disponibilidad en un Caif para que “el cuidado no sea un obstáculo para incorporarse al mundo del trabajo”.
Araya destacó que el programa Yo Estudio y Trabajo, fue evaluado por la Universidad de la República, por el Banco Mundial, por la Universidad de Bocconi (Italia) y por la Universidad de Tilburg (Países Bajos). “Lo que muestran esos resultados es que el programa favorece no solo la inserción laboral formal, sino que además facilita la transición entre el mundo educativo y laboral. Y, uno de los resultados más alentadores que tiene el programa es que después de 10 años de haber pasado por el programa, los ingresos formales de los jóvenes son aproximadamente entre el 10 y 11% superiores a los jóvenes no”, informó.
En ese sentido, analiza que “hay efectos del programa en incrementar las oportunidades de empleo una vez que finalizan la beca”. Es así que consideran que no solo hay que continuar con el programa, sino que además “hay que tratar de ampliar esas posibilidades”.
Camino a una nueva ley de empleo
Ante la realidad de desempleo en las generaciones más jóvenes, Araya mencionó que se busca reformular la Ley de Promoción del Empleo, N.° 19.973, del 13 de agosto de 2021. La búsqueda del nuevo marco legal será a partir de un proceso participativo. Consultado al respecto, informó que en uno de sus capítulos abarca a la primera experiencia laboral en el sector público y si bien el programa Yo Estudio y Trabajo forma parte, la ley “no ha generado los resultados esperados”. La expectativa de la administración anterior era generar 8.000 puestos de trabajo por año y solo se alcanzaron 4.000, recordó.
Entonces, estamos hablando de que “quedó por la mitad de la expectativa que se tenía”. A su vez, el 80% de las contrataciones a través de la ley se generaron en Montevideo y Canelones, traduciéndose en una política que “no llegó al interior del país y que tampoco llegó a las pequeñas y medianas empresas”. Por otra parte, el 40% de las personas que pasaron por la ley “a junio de 2025 no se encontraba cotizando la seguridad social, es decir, que o bien volvieron a la situación de desempleo o bien volvieron a la situación de informalidad”.
Para crear la futura ley de empleo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desarrolla reuniones en todo el país, con instituciones, organizaciones sociales, trabajadores, empleadores y la ciudadanía en general. “Entendido que se trata de una problemática global y que el inicio en el sector formal puede cambiar la trayectoria laboral de una persona”, expresó. Además, entiende que la formalidad es parte fundamental tanto para el presente como para el futuro, porque le brinda seguridades a la persona ante diferentes situaciones y permite el acceso a una jubilación”.
Tanto para entender los motivos como para aplicar políticas públicas, Araya recordó que es “importante tener presente una diferenciación por tramos de edad y territoriales”. En ese sentido, anunció que “la mejor política juvenil ante el desempleo juvenil para una persona menor de 18 años tiene que ser una política educativa. Una política que logre que la persona continúe inserta en el sistema educativo, porque eso le va a permitir obtener mejores posibilidades de acceso a un trabajo en el futuro”.
Para las personas entre los 19 y 24 años, el camino es “asegurar el acceso a un trabajo digno, decente e inclusivo bajo la formalidad”. Analiza así que “Uruguay tiene un problema estructural de desempleo juvenil”, donde, si bien es multicausal, hay presente una discriminación del sector empleador, en el sentido de las exigencias hacia la población joven, y somos conscientes de que muchos llamados de oportunidades laborales exigen experiencias o niveles de formación que la mayor parte de esa población no posee”.
Araya reafirma la necesidad de que las políticas de empleo tienen que estar vinculadas con una política educativa que aumente la capacidad formativa, las habilidades y las destrezas en pro a las que se requieren para los trabajos. Cumpliendo un papel importante, por ejemplo, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
Por otra parte, observa que también hay dificultades a la hora de conectar empresas y trabajadores jóvenes, siendo necesaria una política que logre “linkear aquellas empresas que tienen demanda de trabajo con aquellos jóvenes que a veces no saben de la existencia de estas ofertas laborales, a las que se accede muchas veces por contactos directos”.
Finalizando, destacó el diálogo permanente con el Instituto Nacional de la Juventud, que es a quien le corresponde la rectoría de la política de juventud y mientras que a la Dirección Nacional de Empleo le corresponde la rectoría de la política de empleo y formación profesional. Entonces, entiende que en primer lugar “el trabajo en conjunto entre las instituciones es clave para lograr sinergias y resultados positivos”.
Araya quiere transmitirle a la población, que sigue inserta en el sistema educativo, que continúe porque “eso les va a permitir tener mayores posibilidades de acceso a un trabajo decente en el futuro y mayores ingresos”. A aquellos que se encuentran desocupados y buscando un trabajo, “la futura ley de empleo que vamos a construir va a brindar posibilidades de acceso a un trabajo formal”.
“Mi mensaje es que no se desanimen y exijan sus derechos porque esa exigencia también hace a la democracia y al cumplimiento de las obligaciones laborales de las instituciones”, concluyó.
