La Dirección General Impositiva (DGI) puso en marcha un plan de fiscalización y control dirigido a las empresas contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). La campaña del organismo recaudador se enfoca específicamente en auditar los gastos de administración y ventas que las firmas declaran para deducir de su base imponible, con el objetivo de verificar que se ajusten estrictamente a los criterios legales vigentes y combatir posibles maniobras de subdeclaración de ganancias.
A través de un cruzamiento automatizado de datos y el análisis de los estados financieros presentados, el fisco detectó una serie de desvíos y criterios asimétricos en el cómputo de los costos operativos corporativos. Como primera medida de regularización, la DGI comenzó a emitir comunicaciones personalizadas a aquellas empresas que registran las inconsistencias más notorias. Estas notificaciones formales detallan los errores técnicos identificados y exhortan a las gerencias contables a revisar sus criterios de deducción para corregir de forma voluntaria las próximas declaraciones juradas.
La administración fiscal advirtió que la emisión de estos avisos constituye una instancia preventiva, pero aclaró que el proceso se complementará con una matriz de calificación de riesgo. Aquellas firmas que desatiendan las observaciones o persistan en declarar deducciones sin el debido respaldo normativo quedarán expuestas a inspecciones presenciales profundas y auditorías de campo integrales. Desde la dirección del organismo estatal se enfatizó que el propósito medular de la campaña es corregir la conducta fiscal de los contribuyentes, promoviendo la equidad tributaria en los diferentes segmentos empresariales del mercado uruguayo.
