Díaz defendió creación del Ministerio de Justicia y advirtió que “no ejercerá función jurisdiccional”

“Lo que el Ministerio de Justicia no va a hacer es ejercer función jurisdiccional, porque la función jurisdiccional está reservada al Poder judicial y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, enfatizó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

“Para este Gobierno, dentro de la Constitución de la República, todo, y, de lo que está afuera de la Constitución de la República, nada”, aseveró el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, en su exposición en el seminario internacional de la Universidad de la Empresa (UDE) denominado ¿Por qué un ministro de Justicia y Derechos Humanos?. En el seminario participaron Álvaro Redondo Hermida, Fiscal del Tribunal Supremo de España, el Dr. Rubén Correa Freitas, Catedrático de Derecho Constitucional, el Dr. Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia, el Dr. Jorge Chediak, ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia y ex Presidente de la Senaclaft, la Dra. Rosina Rossi, Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Dra. Ana Juanche, Directora Nacional del INR y la Dra. Lucía Long, secretaria general de ADEPU

En su intervención, Díaz informó que se han estudiado todos los modelos de ministerios de justicia existentes y se concluyó que no hay un único formato. “Nosotros deberemos crear un ministerio de justicia y derechos humanos a la uruguaya”, agregó.

El jerarca enfatizó que la futura secretaría de Estado no ejercerá función jurisdiccional y que la que aún se mantiene, que es la del Tribunal Militar, no debería seguir. “La función jurisdiccional corresponde a los órganos que la Constitución establece que deben estar y eso no se toca”, aseveró Jorge Díaz.

La segunda aclaración del prosecretario fue que ningún proyecto podrá modificar alguna facultad administrativa que la Constitución le asignó a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

«Pensamos en un modelo de ministerio de justicia y derechos humanos ajustado a lo que establece la Constitución”, reafirmó, y recordó que el presidente Orsi le encomendó a la Prosecretaría el rol de encabezar la creación de ese organismo.

“Despejemos del horizonte cualquier comparación con lo que sucedió en épocas oscuras, en que se vulneró y se violó la independencia del Poder Judicial, eso queda descartado de plano”, enfatizó.

Por otro lado, dijo que el establecimiento de la citada cartera es un compromiso político de esta administración, así como lo fue para todos los partidos políticos de Uruguay. “Nosotros vamos a honrar el compromiso asumido ante la población”, ya que el presidente de la República lo incluyó en las 63 prioridades presentadas en su programa de gobierno.

Asimismo, remarcó que le sugirió al mandatario que el proyecto de creación del ministerio, que será analizado por el Poder Legislativo, no fuera incluido en el presupuesto quinquenal, sino en una norma que garantice el análisis, la consulta y un debate de calidad en el Parlamento. «Nada impide que sea creada por una ley», aclaró al respecto.

¿Por qué crear un ministerio de justicia?

Díaz señaló que, para hablar de justicia, hay que hacerlo primero de cómo los ciudadanos acceden a ella, lo cual es “un enorme problema en el Uruguay”, aunque los índices nacionales en el ámbito latinoamericano sean de los mejores.

“El descontento con el sistema de justicia, que trasciende gobiernos, se concentra en los sectores que no tienen acceso, hay un conjunto de la población que no puede hacer uso de su derecho de acceder a la justicia”, manifestó

También adelantó que se procura un sistema nacional de registros, centrado en las personas. Los registros son derechos, el de propiedad y el del estado civil integran un intangible, que es la seguridad jurídica, y les asegura a las personas ejercer efectivamente sus derechos, dijo.

Otro aporte es que posibilitará mejorar el sistema de cumplimento de medidas y penas a quienes delinquen y la defensa legal estatal ante arbitrajes internacionales. “Son millones de dólares en juego si perdemos y millones en honorarios de estudios extranjeros y nacionales. Que el Estado no tenga fortaleza, idoneidad y preparación para apoyar esos juicios es increíble, pero pasa”, señaló.

Explicó que esta institucionalidad funciona en los 10 países con las democracias mejor ubicadas en el índice de Estado de derecho —Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda y Estonia—, así como en la mayoría de los países de América Latina.

Al cierre de su intervención, sostuvo que un ministerio de justicia centralizará la discusión, la promoción y la defensa de los derechos humanos. Insistió en que debe haber un organismo que se encargue de la rectoría y la promoción de los derechos humanos, que además incorporará la defensa en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos y en las demandas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«Es una promesa electoral que vamos a cumplir», expresó el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

España: “Parte esencial de nuestro sistema”

El seminario internacional se abrió con una exposición –a través de video- del Dr. Álvaro Redondo Hermida, Fiscal del Tribunal Supremo de España, quien manifestó que el Ministerio de Justicia es una “parte esencial de nuestro sistema” y forma parte del ordenamiento jurídico español “desde tiempo inmemorial”.

En España, agregó, el Ministerio de Justicia “ya está introducido desde hace siglos” y que si la institución “hubiera sido considerada retrógrada o no moderna hubiese sido suprimida sin más trámite”. Recordó que de los 23 ministros que hay en España, el de Justicia es el segundo en importancia después del canciller. Agregó que el Ministro de Justicia se ocupa de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, especialmente en áreas como el derecho penal, civil, mercantil y procesal. También dirige la política de organización y apoyo de la Administración de Justicia y coordina la cooperación jurídica internacional. Además, vela por la libertad religiosa y de culto, y tiene competencias en materia de derechos de gracia, títulos nobiliarios y grandezas de España. Aclaró que la “ justicia española es total y absolutamente independiente” y aseguró que “sería impensable que un ministro de justicia se le ocurriera levantar el teléfono o el celular para no ya dar instrucciones o presionar a un juez, sino ni siquiera para interesarse por la marcha de un asunto judicial”. Recientemente, el Ministerio de Justicia sumó otras funciones como la de recuperación de bienes procedentes del blanqueo de capitales y la de asistencia a las víctimas de la violencia.

Por su parte, Correa Freitas, recordó que todos los partidos políticos plantearon en las elecciones pasadas la conveniencia de la creación de un Ministerio de Justicia y que es el Poder Ejecutivo el que está en la elaboración del proyecto. En ese sentido, dijo que respalda la iniciativa, “en la medida en que se respeten las competencias que la Constitución de la República le asigna al Poder Judicial, que le asigna a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la parte administrativa”. “No podemos crear un Ministerio de Justicia que tenga a su cargo la competencia, por ejemplo, en la designación de los magistrados o en la designación de los funcionarios, porque eso claramente la Constitución se lo atribuye a la Suprema Corte de Justicia y en el caso del Tribunal de lo contencioso al Ministerio Público”.

Destacó la importancia de  coordinar una serie de servicios estatales,  como la Fiscalía General de la Nación, la Dirección General de Registro, la abogacía del Estado “porque uno de los grandes problemas que tiene el Estado uruguayo son las enormes dificultades que tiene el Estado uruguayo para defenderse en el juicio”. Agregó que “lamentablemente, a pesar de que el Estado, los organismos tienen sus asesorías jurídicas, tienen abogados, sin embargo, se defiende mal aunque a veces se dictan resoluciones o actos que son indefendibles”. También consideró de vital importancia tener un organismo ministerial que se encargue del análisis de la jurisprudencia de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para controlar la convencionalidad pero no en la competencia que tiene el poder judicial, sino justamente en lo que se refiere a las leyes, decretos y demás disposiciones.

En tanto, el Dr. Chediak aclaró de entrada que está en contra de la iniciativa de crear el Ministerio de Justicia. Sostuvo que su existencia, en particular el que se gestó en la época de la dictadura,  “viene asociado con temas muy complicados” que se utilizó  “no solo para someter sino para humillar al Poder Judicial , a la separación de poderes  y por ende a la República”.  “El Ministerio de Justicia viene asociado a la parte más oscura de nuestro pasado reciente”, agregó. Recordó que, tras la recuperación de la democracia, en 1985, la última ministra de Justicia fue Adela Reta quien fue titular interina unos meses hasta hacerlo “hacerlo desaparecer”.

“Que tenemos temas a resolver sí, pero no son de muy fácil resolución y no queda muy claro que agregar una cartera ministerial los vaya a solucionar”, afirmó. Indicó también que la creación de una nueva cartera no implica una redistribución de competencias de gasto cero. “La niña bonita, la cartera número 15; tenemos historias recientes de creación, eso conlleva un sueldo de ministro de Estado, de subsecretario, de director general e inmediatamente el problema de cual va a ser la sede y con qué fondos presupuestales, millones de dólares, se realizará la adecuación de la sede para que se pueda funcionar”, afirmó. “Pero lo que importa al Poder Judicial: va a haber una cartera más que va a competir por los fondos presupuestales con el Poder Judicial que tradicionalmente no despega de un 1 a 1.25% del presupuesto”, afirmó.

“Genera confusión el nombre, ya tenemos una cartera ministerio de Educación y Cultura que poco tiene que ver con la educación y con el gobierno de la educación pero mucha gente no lo tiene claro; hay una confusión importante en qué es la justicia, si es el poder judicial, son los jueces, la fiscalía, y si agregamos un ministro de justicia, peor”, afirmó. Sí se mostró a favor de la centralización de los registros públicos, entre otros temas pendientes.

«Una decisión política»

La Dra Rossi, Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aclaró que la eventual creación del Ministerio de Justicia “es una decisión política”. En ese sentido recordó que por su calidad de juez  tenía “ limitados nuestros derechos políticos” por lo que no puede hacer consideraciones al respecto. Su exposición se centró en la relación entre el Ministerio de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  La Dra  Long, en el mismo sentido, dijo que la Asociación de Defensores Públicos no fijó posición y que tampoco tiene claro si tiene que tenerla acerca de la creación de un Ministerio de Justicia. Su exposición enfocó los Derechos Humanos y la Defensoría Pública.

Por último, la Dra. Juanche expuso sobre el Ministerio de Justicia y DDHH y Sistema Carcelario. Se preguntó qué lugar ocupa la posibilidad de que el sistema penitenciario se integre a esa órbita y afirmó que, de crearse, “no habrá uno mejor que ese ámbito”. “El país necesita un debate profundo sobre su política criminal”, afirmó, porque tiene la mayor tasa de encarcelamiento de la región y el décimo a nivel mundial, con indicadores de violencia y criminalidad que comparados con otros países “no son tan acuciantes para estas medidas tan drásticas”.