Hace diez años se produjo un sangriento golpe de Estado en Kiev, que tuvo consecuencias lamentables no solo para la propia Ucrania, sino para la estabilidad regional e internacional. El 21 de noviembre de 2013, un día después de que el Gobierno del Presidente Víctor Yanukovich suspendió la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea con el fin analizar una vez más la situación desde la perspectiva de sus compromisos previos en virtud del Tratado de libre comercio con la Comunidad de Estado Independientes (CEI), en muchas ciudades de Ucrania se desencadenaron los disturbios masivos, conocidos como el Euromaidán. Estas protestas, organizadas y financiadas por Estados Unidos y sus aliados europeos, tuvieron como consecuencia decenas de víctimas en los enfrentamientos callejeros entre radicales armados y policías y llevaron al derrocamiento del gobierno democráticamente electo. Allí se realizaron diferentes provocaciones y aun métodos terroristas (usando por ejemplo francotiradores contra ambos lados). El 21 de febrero de 2014 el Presidente Yanukovich y los jefes de los partidos de la oposición, con la mediación de los ministros de asuntos exteriores de Alemania, Polonia y Francia, firmaron un acuerdo para estabilizar la situación y celebrar elecciones presidenciales anticipadas en Ucrania. Sin embargo, unos días más tarde, rebeldes agresivos violando este compromiso irrumpieron en el palacio presidencial para eliminar físicamente al jefe de Estado, quien se vio obligado a abandonar el país por su propia seguridad. A su vez los cancilleres europeos no hicieron nada para lograr el cumplimiento de acuerdos alcanzados anteriormente.
La gran inestabilidad en Ucrania, ya causada por el golpe de Estado, fue agravada aún más por la decisión de las autoridades golpistas de implementar en todo el país la política discriminatoria hacia la población rusa y rusoparlante. El comienzo de la nueva etapa del neonazismo desenfrenado, la ucranización forzada y el ataque a los derechos humanos en Ucrania, sobre todo de minorías nacionales, fue marcado por la sangrienta tragedia en la ciudad de Odessa. El 2 de mayo de 2014 decenas de personas rusoparlantes fueron quemadas vivas en la Casa de los Sindicatos en Odessa por los nacionalistas ucranianos. Hasta la fecha, las autoridades ucranianas no encontraron (y parece que no tienen interés de hacerlo) a los responsables del cruel asesinato masivo de los civiles que presenció el mundo entero.
El primero que se negó a reconocer la dictadura de los golpistas fue la población de Crimea. El 16 de marzo de 2014 en la península, poblada mayormente por la gente rusa, se realizó el referéndum sobre su autodeterminación (que prevé la Carta de la ONU) e integración a la Federación de Rusia. El 96,7% de los votantes se pronunció a favor de eso. Luego estalló un conflicto en el Donbás, cuyos habitantes rusoparlantes exigieron que se respetara su derecho legítimo de hablar su lengua materna y honrar a sus héroes, que salvaron al mundo del fascismo hace 80 años. Sin embargo, el régimen de Kiev optó por resolver este problema por la fuerza, bombardeando a las ciudades pacíficas y su gente, recurriendo al ejército regular y a batallones punitivos neonazis para sofocar las protestas.
En 2015, después de enfrentamiento militar entre dos partes, con la mediación activa de Rusia se firmaron los Acuerdos pacíficos de Minsk. No obstante, el régimen criminal de Kiev saboteaba constantemente el cumplimiento de sus compromisos y utilizó estos acuerdos para afianzar su potencial bélico con la ayuda directa de los países occidentales. Como fue admitido públicamente más tarde por la ex-canciller alemana Angela Merkel y el ex-presidente francés François Hollande, los Acuerdos de Minsk fueron utilizados para dar tiempo a Kiev a mejorar sus fuerzas armadas y no para llegar al arreglo político.
Durante más de ocho años, los nacionalistas ucranianos bombardeaban la población civil de Donbás. Como resultado de estos ataques militares fueron matados alrededor de 15 mil habitantes de esta región, entre ellos niños, mujeres y ancianos. Tal política destructiva de Kiev contó con el apoyo total de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que militarizaban al territorio ucraniano, fomentaban la rusofobia agresiva y hacían la vista gorda ante la abierta violación de derechos humanos y hasta glorificación del nazismo en Ucrania donde los grupos armados usan símbolos fascistas, organizando marchas de antorchas y dando a las calles y plazas de las ciudades nombres de criminales nazis. El territorio de Ucrania se convirtió en un campo de entrenamiento y ejercicios militares de la OTAN con clara orientación antirrusa. En este contexto, a finales de 2021, Moscú preparó y envió a los países del Occidente Colectivo propuestas sobre la estabilidad geoestratégica y garantías jurídicas de seguridad para nuestro país. Uno de los puntos clave de estas proposiciones fue que la OTAN no se expandiera hacia el Este, incluso en el territorio de Ucrania. Sin embargo, nuestra iniciativa constructiva no fue escuchada y aún más fue cínicamente rechazada.
A comienzos de 2022 se aumentaron bombardeos y ataques militares ucranianos contra la población civil de Donetsk. En esta situación, el 21 de febrero de 2022 por la solicitud de las autoridades de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk Rusia reconoció su independencia. Tomando en cuenta la amenaza creciente para estas regiones, así como el acercamiento de la infraestructura militar de la OTAN hacia nuestras fronteras y los planes agresivos ucranianos, incluso sus ambiciones de obtener las armas nucleares, no nos quedó otra opción que iniciar de manera preventiva el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar el régimen criminal de Kiev, proteger a los habitantes rusos de estas regiones, así como eliminar las amenazas existenciales para la seguridad de nuestro país. Según los datos de la inteligencia, el Ejército Ruso adelantó unos días a los nacionalistas ucranianos que planeaban ataque a gran escala contra las Repúblicas de Donetsk y Lugansk con el propósito de limpieza étnica de estos territorios.
Cuanto más tiempo pasa después del golpe de Estado en Ucrania en 2014, más obvias son sus consecuencias negativas no solo para Ucrania, sino también para la estabilidad y progreso en Europa y todo el mundo. En estos años que siguieron al Euromaidán, llevado a cabo en nombre de los valores democráticos europeos, ninguna de las expectativas ucranianas de prosperidad socioeconómica se materializó. No solo se quedó estancada la implementación del Acuerdo de Asociación con la UE, sino se quebraron los históricos lazos económicos y humanitarios con Rusia y otros países de la CEI. Al contrario, creció mucho la corrupción, se aceleró la desindustrialización y se registraron incrementos en empobrecimiento y disminución de la población ucraniana. En fin, Ucrania dejó de ser un estado generalmente próspero, convirtiéndose en uno de los países europeos más pobres e inestables.
Después del inicio de la operación militar especial en Ucrania las autoridades de Kiev tuvieron la oportunidad real de terminar el enfrentamiento bélico con Rusia. Lamentablemente, a pesar de que las negociaciones de paz realizadas en Turquía en abril de 2022 tenían la perspectiva real de alcanzar los acuerdos mutuamente aceptables entre nuestros dos países, las autoridades de Kiev optaron por seguir las instrucciones de Washington de luchar contra Rusia hasta “el último soldado ucraniano”, lo que demostró claramente que ya no se quedó absolutamente nada de la independencia política y económica de Ucrania. Aun más el presidente Zelenski firmó el Decreto que le prohíbe llevar a cabo negociaciones pacíficas con Moscú. Por su parte Rusia nunca ha negado la posibilidad de un arreglo político de la situación sin condiciones previas y tomando en cuenta las realidades existentes.
Es obvio que en un breve artículo es imposible revelar todos los detalles de la historia trágica del Maidán y hacer análisis más profundo de lo que pasó en realidad. Sin embargo, es suficiente para recordar a todos y atraer la atención de la gente con el fin de desenmascarar la esencia destructiva de la política fallida de las autoridades ucranianas y sus patrones occidentales.
