El año 2022 seguramente no sea ni será el año que el gobierno, con el presidente Luis Lacalle Pou, soñó. Fue un periodo de 12 meses donde hay acciones, logros y metas alcanzadas, en diversas áreas y temas, pero que se encontraron con casos y hechos que indudablemente le hicieron sombra en todo sentido, y que por momentos absorbieron una atención muy superior a lo que pasaba, por ejemplo, en algunos ministerios, entidades pùblicas o en el Parlamento Nacional.
Lo positivo
Dentro del saldo positivo que puede contabilizar el Poder Ejecutivo en su conjunto, hay varios puntos que merecen ser mencionados. Uno de ellos fue al comienzo del pasado año, cuando todos los partidos políticos que integran la coalición de gobierno, tanto separados como juntos, se alinearon detrás de un solo objetivo, que era defender y mantener los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), texto que consta de 476 artículos, muchos de ellos votados por todas las colectividades.
Diputados, senadores, ediles, alcaldes, concejales, militantes y diversos funcionarios de todas las fuerzas políticas recorrieron todo el país defendiendo uno de los proyectos madre que tiene el gobierno, y a la hora de votar, el 27 de marzo logró imponer el NO ante la opción del SI, que era respaldada por el Frente Amplio, Pit-Cnt y varias organizaciones sociales. El 50,01% a favor contra el 48,6% está entre las “pulseadas” que el gobernó puede decir que de algún modo ganó.
El» espaldarazo” conseguido por el gobierno a través del voto popular le hizo mantener también su postura ante toda la población en cuanto a su proyecto país, y a la vez, que el presidente Lacalle Pou pudiera ser respaldado como si lo fue en el primer trimestre del pasado año, con números positivos en las encuestas y un apoyo de los socios que fortalecía más aún a todo el bloque en su conjunto.
Pasando la LUC, a fines de marzo, otro de los temas que llevó tiempo de discusión, debate y análisis, y que como era de esperar sacó con los votos de la mayoría pero que le costó, fue la Rendición de Cuentas. Presentada en la primera semana de julio ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, tuvo detrás al presidente Luis Lacalle Pou y a la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, trabajando codo a codo en un documento que fue vital para los objetivos y aspiraciones del gobierno en los 12 meses pasados.
Con sindicatos de distintos sectores en contra, y con la oposición del Frente Amplio y del Pit-Cnt, el tratamiento en el Parlamento en sus diversas etapas, no fue sencillo para Lacalle Pou y compañía. Ni en comisión, ni en Diputados y menos en el Senado. La aprobación llegó hace poco tiempo atrás, concretamente el 6 de octubre, luego de pasar por 45 días en Diputados y algunas semanas en comisión.
Otro punto que se viene desarrollando desde hace meses, y que aunque no es responsabilidad y culpa del gobierno, no puede destacarse y mencionarse cono algo bueno o positivo, es que el Poder Ejecutivo, conjuntamente con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), tuvo que declarar la emergencia agropecuaria, y con ella tener que respaldar y abastecer de recursos y alternativas a los productores rurales que se ven afectados en el interior del país por falta de lluvias. Claramente no es responsabilidad de gobierno que no llueva, pero parte de la suerte de los productores si depende del gobierno, no de la lluvia.
Pero en el transcurso del año, explícitamente en relación a la situación económica del país y a la administración de la misma, el gobierno junto al Ministerio de Economía-, resaltó y expuso un objetivo – logro que es el crecimiento del país en esa materia. En línea con esto, La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, informó días atrás que 2022 cerró con un crecimiento de 5%, la creación de 40.000 puestos de trabajo y una fase de crecimiento del salario real. Además, por tercer año consecutivo se cumplen las proyecciones del equipo económico, indicó la secretaria de Estado.
Cabe precisar también que en relación a la inflación, se confirmó en 2022 el 8,5% estimado en las proyecciones del equipo económico. Esto es considerado un punto destacado para el gobierno. Y dentro de este contexto, el gobierno espera seguir creciendo, por encima de la mejora potencial.
En lo que respecta al tema reforma educativa, durante todo el 2022 el gobierno ha trabajado en un proyecto y propuesta que tendrá su ejecución desde marzo próximo. Tanto desde el Ministerio de Educación y Cultura como desde la Administración Nacional de la Enseñanza Pública (ANEP),se han realizado cambios, modificaciones que han sido cuestionados también por sindicatos, por la oposición y por el Pit-Cnt, pero que a la vez han tenido una férrea defensa por parte de los partidos que integran el gobierno, comenzando por el propio Luis Lacalle Pou y por el ministro de Educación, Pablo da Silveira.
Si bien desde el gobierno se protege ese plan, esa estructura que comenzará a ejecutarse formalmente a pleno en los próximos meses, voces desde el Frente Amplio y ciertos integrantes de gremios de la educación cuestionan una iniciativa a la que califican como pobre, y que principalmente no fue discutida, analizada, evaluada y conversada por todos los actores en su conjunto. Los resultados de si la transformación educativa que propone el gobierno de coalición, solo los dirá el tiempo y el propio sistema a la hora de su aplicación.
En el campo de la política exterior, El presidente uruguayo y el Ministerio de Relaciones Exteriores han mostrado y demostrado una postura única y firme en todos los ámbitos que participaron y en las instancias que atravesaron, y está es la de abrir el país al Mundo. Si respetando desde sus orígenes al Mercosur y a los demás socios del bloque, pero sin perder la vista y la necesidad de que Uruguay quiere y busca crecer, y para eso debe sentarse a dialogar con otros mercados en materia comercial.
El cruce en distintos momentos del 2022 con el presidente argentino Alberto Fernández mercaron en parte lo que fue el año en esta materia para el gobierno, en su afán de salir al mundo, pero a la vez intentando respetar a las demás naciones de la región. Las negociaciones por un Tratado de Libre Comercio con China (TLC) y la solicitud de ingreso al Acuerdo Transpacífico -del pasado 1º de diciembre-, son temas y señales de que Uruguay va por todo en el 2023,buscando crecer y apostar a potenciar su comercio. El tiempo, el trabajo y sus resultados dirán hasta donde se llega con esa política.
Desde los demás países del Mercosur -no todos y en todo-, la postura de Uruguay es respetada pero no acompañada, ya que se fomenta una unión histórica que a la hora de los balances y de las cifras no ha sido el mejor ni el más deseado. También el futuro del bloque, que ya tiene más de 30 años, es otra de las preguntas e incertidumbres más grandes que existen en la actualidad, dado que todos los países, ni juntos ni separados han logrado en la mayoría de temas todos sus objetivos.
Continuando lo que refiere a reformas, la del sistema de seguridad social aparece en fines del 2022 y para los primeros meses del 2023 como el “caballito de batallas” del gobierno. A falta de solo dos días para finalizar el pasado año, es que logró que el documento fuera aprobado por el Plenario de la Cámara de Senadores, pasando a la Cámara de Representantes, donde tendrá que ser analizado, votado y aprobado desde marzo próximo. El detalle: tiene en contra en este tema también al Frente Amplio, aunque votó 18 artículos y ocho literales.
En este tema, tiene también en contra al Pit-Cnt, varias organizaciones sociales, civiles y hasta a los directores representantes de los trabajadores y de los empresarios del Banco de Previsión Social (BPS). Los próximos cuatro meses aparecen en el horizonte como vitales para saber como el gobierno logra sortear los obstáculos que tiene en este trascendente tema.
Continuando con las reformas, desde el pasado 14 de junio de 2022, los ministerios tienen 360 días de plazo para presentar sus modificaciones, en lo que es llamada la reforma del Estado. Esto es a través de una serie de indicaciones y pautas diagramadas por el Poder Ejecutivo, con el presidente Luis Lacalle Pou a la cabeza. Para esto, se conformó una comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional (CARO). Esto es parte de un decreto que fue firmado por el propio Lacalle Pou. Cada ministerio tendrá que presentar una propuesta de reformulación de las estructuras organizativas y de puestos de trabajo de todas las unidades ejecutoras, plan de implementación y el financiamiento.
Finalmente, el gobierno junto a OSE aprobaron el proyecto Arazatí, en lo que se califica que será la inversión más grande de la historia en infraestructura para agua potable
“Después de una larga peripecia el directorio de OSE ha aprobado el proyecto Arazatí”, anunció este martes 15 en noviembre el presidente Lacalle Pou. La iniciativa prevé la construcción de infraestructura para potabilizar agua y una inversión de 200 millones de dólares, que podría alcanzar los 500 millones cuando OSE apruebe el plan de saneamiento para 60 localidades. Es la inversión más grande de los últimos 150 años en esa área, dijo el mandatario.
En materia sanitaria, el gobierno junto al Ministerio de Salud Pública (MSP) supo llevar adelante la pandemia de Covid-19 bajo control, y que la variante Ómicron no se convirtiera en un gran problema, como si lo fueron las cepas anteriores. Con la aplicación de la cuarta dosis de la vaucnaPfzer, dicha medida reforzó a varios sectores de la población, lo que permitió amortiguar las consecuencias que el sublinaje que hoy predomina en el paìs pueda provocar más internados y fallecidos. Cabe recordar que en la primera semana de abril de 2022 se levantó la emergencia sanitaria declarada en marzo del 2020.
Lo negativo
Sin dudas que, entre los puntos más negativo con lo que tuvo que lidiar el Poder Ejecutivo en su conjunto, y en distintos momentos del año, principalmente en el segundo semestre, fueron los casos de Sebastián Marset y de Alejandro Astesiano, este último desde el pasado 25 de setiembre, cuando fue detenido en la misma residencia presidencial, tras llegar desde el exterior de las vacaciones con el jefe de Estado.
Con el transcurso de los meses, la salida de Héctor Ferreira (subdirector – Nº2 de la Policía Nacional), y de la vicecanciller de la República, Carolina Ache Batlle -ambas en diciembre-, fueron parte del golpe que provocaron los casos del narcotraficante y del excustodio. Hasta ahora, del Poder Ejecutivo, la salida de Ache es una baja que si bien fue “solucionada” de manera rápida por el gobierno junto al sector Ciudadanos del Partido Colorado, claramente que más allá de la trascendencia y peso político que pudiera tener o no Carolina Ache desde su cargo, su salida no era esperada ni buscada, pero que como dijo el ministro Adrián Peña, “descomprimió una situación más que incomoda”, diría que para todos.
Pero además de eso, continúan pasando los días y semanas y cada vez más siguen conociéndose detalles de las declaraciones de los indagados ante la Fiscalía, principalmente en el caso de Astesiano, ante la fiscal Gabriela Fossati. De citaciones efectuadas meses atrás, y de lo que va surgiendo del análisis de las conversaciones que llevó adelante Alejandro Astesiano con diversas personas por distintos temas, los chats de su celular parecen haber tenido un inicio pero que nadie sabe cuál y cómo será su final.
Por los casos de Astesiano y los pasaportes falsos, y de Marset -con la expedición de su pasaporte-, ha sido constante los cuestionamientos y reproches desde distintos sectores del Frente Amplio, como así también de organizaciones sociales, además del Pit-Cnt, que, a través de su presidente, Marcela Abdala, ha criticado constantemente al gobierno en este tema. Si bien las investigaciones indican que el caso de los pasaportes falsos podría tener origen en el año 2014, el gobierno no pudo evitar que el tema le “explote” encima, algo que una vez que se conoció el tema no estaba previsto ni esperado en ningún sentido.
El mercado monetario, con el dólar al frente, no ha marcado al año 2022 como el mejor de la administración que se inició en marzo de 2020. El pasado año cerró con la divisa norteamericana con $ 40,07 en la cotización, aunque la caída fue permanente durante semanas, por no decir meses. Cuestionamientos de la oposición, de los sindicatos, de los empresarios y exportadores no faltaron, y en este tema, el gobierno no puede decir que el pasado año fue un éxito.
Indudablemente, también repercute que la situación de la diferencia cambiaria con la República Argentina tampoco ayuda, ya que eso notoriamente durante muchos meses ha perjudicado a los comerciantes del litoral. Reuniones entre jerarcas del gobierno y los intendentes de los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro se reiteraron durante distintos momentos del 2022, para intentar encontrar alternativas a un tema que hasta hoy repercute y deja huella en esos puntos del territorio. Además, las numerosas cantidades de uruguayos que hicieron turismo en Argentina y que realizaron compras de todo tipo de productos y artículos en ese país, claramente también inciden en el mercado nacional.
Si bien se fue registrando con el paso de los meses un crecimiento económico, el mismo podría observarse más concretamente en este año que inicia, ya que en el 2022 las negociaciones por los salarios de los trabajadores públicos y privados llevó tiempos, negociaciones e idas y vueltas, pero también varios reclamos, paros generales -parciales y totales-, movilizaciones y desencuentros entre el gobierno y los diversos sectores, los cuales en mayor o menor medida, tarde o temprano se hicieron ver y sentir.
En el terreno de la seguridad pública, las cosas no han pasado desapercibidas para nadie, y los resultados están a la vista. El 2022 finaliza con 380 homicidios, cifra reconocida por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber a Canal 12. Fueron 80 muertes más que en 2021 y 50 más que en el 2020. Si bien en distintos momentos del pasado año, el Ministerio del Interior destacó la baja en algunos delitos, los números expresaron una realidad incontrastable. Además, la crítica de la oposición estuvo a la orden del día, en una posición que no es ni fue nueva en ese tema.
En el tema seguridad, y por las cifras que fue exponiendo el Ministerio del Interior, las cuales en los hechos no parecían tener relación y coincidencia, en distintos momentos el ministro Luis Alberto Heber tuvo que salir a defender las cifras de los delitos, con datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, tras recibir acusaciones y expresiones de que los datos eran “maquillados”, ya sea en Montevideo u otros puntos del país, como por ejemplo en el departamento de Durazno.
Otro de los puntos que no fue positivo para el gobierno fue el ida y vuelta que tuvo el ministro del Mides, Martin Lema, y la secretaria de Estado que preside con la Coordinadora Solidaria de Ollas Populares, por el recibimiento, administración y distribución de los alimentos en algunas zonas de Montevideo -principalmente durante 2022-. El tema tuvo como continuación una denuncia del Mides ante la fiscalía general de la Nación. Por su parte, la Coordinadora buscó asesoramiento legal, y buscará responder y contestar las acusaciones del Mides, las cuales son acompañadas por el gobierno nacional.
En materia de “conflictos”, inevitablemente no fue bueno para el gobierno tener que recurrir al ministerio del Interior para desalojar casi a diario a varios centros educativos que ocuparon, con docentes y estudiantes, tanto en Montevideo como en distintos puntos de otros departamentos. El director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, llegó a presentarse varios días seguidos para gestionar de manera pacífica la desocupación de instituciones. Las medidas fueron tomadas por estar en desacuerdo con la reforma educativa, un tema que aún dará mucho que hablar en el nuevo año que recién comienza.
MTOP cerró el año con 77 convenios sociales firmados
El Ministro de Transporte, José Luis Falero, el Subsecretario, Juan José Olaizola, y el Director Nacional de Arquitectura, Santiago Borsari, recorrieron _ este año _ los 19 departamentos del territorio nacional, firmando convenios sociales e inaugurando obras con instituciones de fuerte impacto social. El apoyo económico no reintegrable que realiza el Ministerio a través de este programa, alcanza a instituciones públicas y privadas que atienden a personas en situación de vulnerabilidad. Para firmar un convenio social se le solicita al beneficiario una contraprestación social, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. Culmina el año 2022 con 77 convenios sociales firmados, 25 correspondientes a Montevideo y 52 distribuidos en el resto del país. En este período, se triplicó la partida presupuestal destinada a esta área, alcanzando los $273.615.000, cifra que supera ampliamente el monto de 142 millones de pesos que se venían invirtiendo en este programa.
