Estamos analizando el Proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el gobierno nacional. Como ya hemos señalado previamente, estos proyectos dan cuenta de la visión que tiene el gobierno sobre los principales temas que aquejan a nuestra ciudadanía y uno de especial relevancia en nuestro trabajo político ha sido el de la vivienda. Un derecho que debe ser garantizado y que no puede dar lugar a la improvisación.
La vivienda es un tema central en el eje de la acción de un gobierno, pues representa sueños y esperanzas de tantas familias de mejorar su calidad de vida. Con el acceso a una vivienda van consigo el acceso a muchos derechos como el de la seguridad, el de la salud (en especial en estas épocas de frío) y el principal derecho de todos, el de vivir una vida en dignidad.
Por ello entendemos que este aumento de solo 226 millones de dólares que se está planteando en esta rendición de cuentas es, por lo menos, insuficiente para atender las urgencias sociales, y más aún cuando nada de eso está destinado al derecho a la vivienda. Desde la llegada del herrerismo al poder se han recortado más de 600 millones de dólares en el gasto social, esto mientras atravesamos la peor de las pandemias y una crisis social que hasta hoy se palpita.
¿Con qué cara el gobierno puede mirar a las familias que no tienen ingresos por haber pedido el empleo y que cada vez ven más lejos el sueño de la casa propia? ¿Cuál es el plan del Estado Uruguayo de garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna? Son interrogantes que tenemos desde nuestra fuerza política y que planteamos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto ante esta insuficiente rendición de cuentas.
Pero el gobierno nos ha colocado en otra encrucijada. ¿En qué parte de la rendición de cuentas se encuentra la promesa que realizó la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, de construir 50.000 viviendas nuevas en el quinquenio? No vemos en ninguna parte del articulado, ni de las propuestas actuales del gobierno la forma en que se va alcanzar dicho objetivo que fue un compromiso público para con la ciudadanía.
Muy por el contrario hoy lo que vemos son recursos del Ministerio para completar apenas 27.000 viviendas, de las cuales prácticamente la mitad, 13.000, se comenzaron a construir en el gobierno anterior. Peor aún, el presupuesto para vivienda sigue estando 6% debajo de lo que estaba en 2019, es decir, se prometieron más viviendas, al mismo tiempo que se fue asignando menor presupuesto al Ministerio.
Es claro que no se cumplirá con la promesa de construir 50.000 viviendas en el período de gobierno, pero lo que no es claro y por lo que alzaremos la voz en esta rendición es que se está reduciendo el presupuesto para vivienda, una necesidad básica de tantos hogares uruguayos.
El proyecto de rendición da cuenta de una caída del 7% en el 2021 respecto al año anterior en las inversiones en materia de vivienda, lo que supuso una disminución en las escrituraciones de cooperativas, y por ende agrava la situación de las personas que no cuentan con una vivienda digna hoy en día.
Y en su política el gobierno está dejando a la población en situación de vivienda precaria o que no tiene soluciones habitacionales en un limbo sin salida. En vez de tener políticas que acerquen a las familias a ejercer su derecho a la vivienda, el gobierno lo que está haciendo es profundizar los círculos de pobreza, marginalidad y exclusión social.
¿De qué manera se va a cumplir con el compromiso programático de tender hacia un “asentamiento cero”, cuando lo que vemos es crecer los asentamientos año tras año? ¿O acaso piensan que las facilidades que otorga la LUC para dejar a las familias que caen en situación de riesgo social en la calle no empeora la situación de escasez de vivienda? Muy por el contrario de solucionar las problemáticas de vivienda, este gobierno con su escasa ayuda social a las familias que se han empobrecido, reproduce espirales de exclusión: menos trabajo, menos políticas sociales, más asentamientos, menos derecho a la vivienda.
Desde la bancada del Frente Amplio vamos a trabajar activamente por escuchar a las cooperativas de vivienda, así como a las organizaciones que nuclean a los asentamientos, para que se revierta la situación de abandono en que se ha dejado a tantas familias uruguayas en cuanto al acceso a la vivienda. Este es un derecho y no se puede improvisar ni jugar con la esperanza de miles de uruguayos que esperan por una vivienda digna.
