En julio de este año, vecinos del barrio La Unión, en Montevideo, oyeron pedidos de auxilio desde las ventanas de una casa en la esquina de Mateo Cabral y Comercio. La Policía encontró allí a más de 20 personas mayores que vivían hacinadas y en condiciones insalubres.
Según relataron familiares a la prensa, cuando iban de visita los recibían en otra vivienda. La dueña y la encargada fueron imputadas y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) activó su protocolo de emergencia.
El caso puso sobre la mesa una pregunta que el país arrastra hace años: quién controla los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM), donde según datos de 2024 vivían casi 19.000 personas, y por qué tan pocos tienen los papeles en regla.
Etapas de certificación
Los ELEPEM se rigen por la Ley 17.066 y el Decreto 356/016, que reparte el control entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el MIDES. El camino tiene tres etapas: primero, el certificado de registro ante el MSP; después, el certificado social del MIDES y la aprobación de Bomberos; por último, la habilitación definitiva de Salud Pública.
En el medio, cada casa debe contar con un director técnico médico, un profesional del área social, un plan de contingencia, una planta física adaptada, sin altillos ni sótanos como dormitorios, y protocolos de alimentación y cuidados.
Para muchos establecimientos, el trámite se vuelve un laberinto de expedientes que puede llevar años.
Listado del MSP
Según el listado oficial del MSP actualizado a junio de 2026, en el país hay 212 residenciales con habilitación definitiva, que suman unas 5.200 plazas. La cifra es menor a la de 2024, cuando la cartera informaba 221. El último total de establecimientos en funcionamiento que informó el ministerio, en 2024, era de 1.260. Los demás permanecen en distintas etapas del trámite. Otra cantidad, imposible de medir, funciona por fuera de cualquier registro.
La distribución territorial marca otra brecha. De los 212 habilitados, 165 están en Montevideo y 47 en el interior, donde en 2024 vivían poco más de la mitad de los residentes. En cuatro departamentos, Rivera, Rocha, Tacuarembó y Treinta y Tres, no hay un solo ELEPEM habilitado. En este último, un incendio en un residencial con el trámite iniciado desde 2021 costó la vida a diez personas en julio de 2024. Días después, tras la muerte de una mujer de 85 años en otro residencial de esa ciudad, el MIDES admitió que “desconocía la existencia” de ese establecimiento, que funcionaba en la clandestinidad.
Mientras las autoridades no informen cuántos residenciales funcionan hoy, no se puede saber cuántas personas mayores viven en lugares sin control. Lo que muestran los datos disponibles es que la oferta habilitada no alcanza y que, en cuatro departamentos, directamente no existe.
Los últimos casos
Montevideo (julio, 2026): La Policía rescató a 22 personas mayores de entre 68 y 98 años en un residencial que no estaba habilitado. Vivían hacinadas y sin agua. La dueña y la encargada fueron imputadas por privación de libertad, estafa, abandono de personas incapaces y omisión de asistencia.
Tacuarembó (condenas en junio, 2025): La Fiscalía obtuvo ocho condenas tras investigar un residencial clandestino donde, según informó, vivían “más de treinta personas en condiciones de maltrato”. Entre los delitos figuraron trata de personas y reducción a la esclavitud.
Canelones (julio, 2024): Un incendio provocó la muerte de cuatro residentes. El hogar no contaba con habilitación de Bomberos y el MSP lo había calificado de “alto riesgo sanitario”. El dueño fue condenado a cuatro años de prisión por homicidio culposo.
Treinta y Tres (julio, 2024): Una mujer de 85 años murió sin asistencia médica en un residencial que no figuraba en los registros correspondientes. El mismo mes, diez personas murieron en el incendio del residencial Adulto Mayor, que estaba registrado y tenía la habilitación en trámite desde 2021. La propietaria y una funcionaria fueron imputadas.
