La Asamblea Legislativa de El Salvador ha incumplido el plazo impuesto por el Tribunal Supremo para crear un marco legislativo que permita el reconocimiento de la identidad de las personas trans del país, según ha denunciado la ONG Human Rights Watch (HRW) este jueves.
En febrero de 2022, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de El Salvador determinó que el órgano legislativo del país debía crear un procedimiento para permitir el cambio de nombre en los documentos de identidad de las personas trans, y ordenó que lo hiciese en el plazo de un año, que vence ahora.
Cristian González Cabrera, investigador sobre derechos de personas LGTB de HRW, ha asegurado que el incumplimiento del plazo marcado es algo «grave, no solo porque parece desestimar los derechos de las personas trans, sino también el sistema de contrapesos democráticos y el Estado de derecho, que han sido atacados por el presidente Nayib Bukele y sus aliados».
El Tribunal Supremo determinó en una sentencia del año pasado que la Constitución salvadoreña prohíbe la discriminación basada en la identidad de género, por lo que debería estar permitido el cambio de nombre y de género en los documentos, según HRW, mediante «un proceso administrativo sencillo, eficiente y económico».
El incumplimiento de esta sentencia supondría entonces un desacatamiento de la Constitución, algo que según HRW «forma parte de un patrón mucho más amplio de debilitamiento de las instituciones democráticas y de la independencia judicial que son necesarias para defender los derechos humanos en El Salvador».
LOS AVANCES EN DERECHOS LGTBI, PARALIZADOS
Existe una propuesta de ley presentada en 2021 que incluye la creación de un procedimiento como el que exige el Tribunal Supremo, pero el proyecto está paralizado en la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea.
Son varias las iniciativas en materia de derechos LGTB que se han paralizado o revertido desde que Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019, ha denunciado HRW. Como ejemplo citan las declaraciones de septiembre de 2021 de Bukele sobre la reforma constitucional respaldada por el Gobierno, en las que manifestó que no se reconocerían legalmente las relaciones entre personas del mismo sexo.
Además, en diciembre de 2022, El Salvador suspendió su participación en el Core Group LGBTI de la ONU, un grupo de trabajo cuyo objetivo es avanzar en materia de derechos y libertades de estas personas a nivel mundial.
HRW presentó en 2022, junto con la organización salvadoreña COMCAVIS TRANS, un informe sobre la situación de las personas trans en el país, cuyas investigaciones mostraban que la falta de un mecanismo legal, junto con la discriminación, provoca «situaciones de humillación, hostigamiento y trato dispar hacia las personas trans» en los ámbitos laborales y sanitario, así como en los procesos bancarios e incluso electorales.
