Se ha constatado con inusitada frecuencia la existencia de situaciones irregulares en el uso de certificaciones académicas por personas que se benefician de certificaciones que carecen. Ello constituye un delito y una falta ética, que deteriora el valor de todas las otras certificaciones creando un manto de duda y de incertidumbre sobre quienes han realizado múltiples esfuerzos en la construcción de sus carreras técnicas y profesionales. Ello torna al mercado de profesionales altamente oscuro, y además la ausencia de información pública de acceso abierto crea riesgos a las empresas y organizaciones que contratan profesionales. Los mercados imperfectos además tienden a remunerar menos por los riesgos de incertidumbre y falta de información. La carencia del acceso público a la información se torna un elemento fundamental de un sistema de aseguramiento de la calidad de la formación superior que el país carece y necesita. En otra ocasión propusimos la creación de un registro único de los títulos que permita tener información de acceso abierto de las certificaciones técnicas y profesionales emanadas por el sistema educativo nacional, tanto público como privado así como de las certificaciones revalidadas.
El continuo avance de áreas laborales de exclusivo acceso legal para quienes han obtenido competencias medido por las certificaciones, al tiempo ha llevado a algunas personas a usurpar la posición de estos títulos para acceder a determinados espacios sociales y laborales. Ello ha sido analizado y definido como un problema asociado a la “teoría del polizón”, que refiere a quienes pretenden acceder a determinados beneficios, reconocimientos o espacios de competencia laboral, sin los requisitos (esfuerzos, trabajos y certificaciones) requeridos. Ello es un delito, dado por ejercer una acción que se carece o falsear un currículo a sabiendas del engaño.
Con la expansión y diferenciación de las ofertas, estamos frente a una proliferación de certificaciones a escala global que dificulta el acceso a la información y ha obligado a establecer registros y controles de las titulaciones, en tanto ellas tienen un valor de señalizar competencias y habilitaciones. El problema es derivado de la masificación de la enseñanza superior y de la existencia de mercado de ejercicio laboral de profesionales y técnicos que remuneran más intensivamente el conocimiento y el esfuerzo de los aprendizajes acorde a su mayor productividad y externalidades sociales. El control de estas certificaciones se constituye en uno de los primeros componentes de cualquier sistema de aseguramiento de la calidad a escala global. Es garantizar que quien ostenta una certificación, tiene realmente en propiedad ese documento. Por ello a escala global se han establecido no sólo mecanismos de control de los estudio, sino de la legalidad de dichos títulos, buscando garantizar la información veraz y creíble y anulando la existencia de “polizontes” que falsifican documentos o sus currículos, creando enormes riesgos a la sociedad y a todos los consumidores de dichos servicios profesionales. Una interpretación de la autonomía como una autarquía sin regulación externa, el escaso enfoque centrado en la calidad y la falta de una dinámica sistémica e integrada están en la base de la existencia de “polizontes”. En tal sentido, en Uruguay se carece de un sistema integrado donde los títulos sean evaluados e inscritos en un registro único de acceso abierto. La Udelar, la Anep, la UTEC y el MEC que controla la educación privada, tienen distintos sistemas de registración y sin acceso abierto. Más allá que la Corte Suprema registra los títulos de abogados y emite una cédula para el ejercicio ante los Tribunales, y el Ministerio de Salud Público también tiene un registro de algunas profesiones del área de salud, hay una notoria carencia de un registro integral, que impone darle un rol articulador imprescindibles al MEC o a un registro público en la materia. Tampoco los Colegios Profesionales como en muchos países tienen esa función ya que la Colegialización no es obligatoria, ni existen Colegios o Asociaciones Profesionales en todos los campos técnicos y profesionales. Esta realidad es enorme. Sólo entre el 2000 y el 2017, y sólo en el sector universitario, hubo 91.882 egresados de grado de la Udelar, 22.645 egresados de grado en las Universidades privadas, 24.598 personas egresadas de los posgrados públicos y privados, además de 17.849 egresados del magisterio, 12.066 egresados de carreras de profesorado y 507 egresados de técnicos en primera infancia del sector público. Estamos hablando de 160.547 certificaciones terciarias en esos 17 años, (sin incluir los egresados de las instituciones terciarias como UTU, defensa y seguridad). Ello nos muestra la dimensión del riesgo que tiene la sociedad. Si tomamos sólo el año 2020, último de registro del MEC, hubo 1998 nuevos títulos universitarios privados y 5619 públicos, o sea un total de 7617 a escala nacional.
Por suerte finalmente la carencia de un registro centralizado y único de títulos de educación superior, ha comenzado a ser superada, con la aprobación de un artículo introducido por el Gobierno en la reciente Rendición de Cuentas aprobada gracias al artículo 279, que modificó el Decreto-Ley Nº 15.661 del 29 de octubre de 1984,- base del reconocimiento de los títulos privados- por una nueva redacción que dispuso que además del registro de los títulos ante el MEC, el Ministerio deberá organizar un Registro correspondiente de consulta pública y gratuita. Éste marco habilitará finalmente un mayor acceso público a la información de quienes tienen titulaciones profesionales o técnicas para ejercer, y permitirá por ello a las personas que contraten sus servicios y a la gente, saber si tiene las certificaciones que pueda referir la persona en particular y que ellas son legales. Suponemos que será por internet y de acceso abierto, y no sujeto a solicitudes y tramites. Sin embargo, esta medida, más allá de ser un enorme avance en la construcción del aseguramiento de la calidad, es enormemente limitada, ya que refiere exclusivamente a los títulos del sector privado, y deja fuera el registro a las certificaciones del sector público, casi como que solo hay riesgo en el sector privado. Si nos atenemos a los títulos privados en el año 2020, el registro respectivo solo referiría apenas al 26.23% de las certificaciones totales de ese año, por lo que se ha dejado fuera del escrutinio y el control nada menos que al 73.77% de las titulaciones. Si tomamos una serie larga, referido a la población profesional económicamente activa en el mercado de trabajo, el porcentaje de títulos públicos en el total es aún mayor. En general, los controles que existen en el país sobre las titulaciones privadas son buenos y consistentes, más allá que con este marco mejorara al acceso al escrutinio abierto. Sin embargo, es claro que la información y el control de los títulos del sector público es extremadamente débil en el país y no se tiene ningún control externo ni una mirada pública de la ciudadanía y los empleadores. Ello es un error que deteriora las certificaciones y que incluso genera un manto de duda enorme sobre el propio accionar del sector público que es el mayor empleador de profesionales. Esto es algo que no existe en casi ningún lugar de América Latina donde existen múltiples controles. En Uruguay, todas las instituciones de educación superior están autorizadas, las públicas por Ley y las privadas por Decretos y controles específicos, y el valor de sus títulos es igual ante la Ley. Sin embargo, esta norma crea una distinción inconstitucional al establecer nuestra carta magna que todos somos iguales ante la Ley. El caso del Vicepresidente lo demostró, y no corresponde esta distinción creada.
