La securitización consiste en nombrar ciertos problemas —delitos, migración, protestas sociales, drogas— como amenazas existenciales, para legitimar políticas extraordinarias: militarización, suspensión de derechos y reformas que concentran poder. Bajo esta lógica, los Estados poderosos —tanto externos como regionales— moldean agendas y jerarquías, mientras los países más frágiles quedan atrapados entre la inseguridad real y la dependencia política.
El ejemplo más persistente es la llamada “guerra contra las drogas”. Durante décadas, la región adoptó estrategias militares impulsadas desde el norte. Se aumentó el gasto en armamento, se multiplicaron los operativos y se expandió la presencia de fuerzas externas bajo el argumento de combatir carteles. Pero la estructura económica del narcotráfico —que nace en mercados consumidores globales— rara vez fue cuestionada. El resultado fue un círculo de violencia: más muertos, instituciones debilitadas y territorios cooptados por economías ilegales. Varios países quedaron condicionados a programas de asistencia y certificaciones de “cooperación”, un mecanismo de presión que traduce seguridad en obediencia diplomática.
La migración es otro campo donde la securitización opera como dispositivo de sometimiento. Migrar, que es una respuesta a crisis sociales y climáticas, se redefine como “riesgo” y “amenaza”. Así, gobiernos de tránsito y origen en Centroamérica y el Caribe reciben fondos y compromisos para contener personas, instalar retenes y reforzar fronteras. Los costos humanitarios se pagan en nuestro territorio; las decisiones estratégicas se toman afuera. La región se convierte en muro delegado, mientras comunidades enteras quedan atrapadas en corredores de violencia y extorsión.
También se securitiza la protesta social. En momentos de crisis económica, el descontento ciudadano se rotula como “enemigo interno”. Se aprueban leyes antiterroristas ambiguas, se vigila a activistas y se criminaliza la movilización. En nombre del orden, se vacía el espacio democrático. Esta tendencia favorece a élites que buscan estabilidad sin redistribución y a socios externos interesados en negocios extractivos con pocas restricciones ambientales o laborales. La seguridad, entonces, deja de proteger a la población para blindar proyectos de poder.
El avance de las maras y organizaciones criminales en algunos países alimenta la idea de que solo la mano dura puede devolver la paz. Sin embargo, cuando la excepción se vuelve regla —regímenes de emergencia prolongados, prisiones masivas, juicios debilitados— el riesgo es construir Estados que controlan, pero no resuelven. Las raíces del delito —desigualdad, falta de oportunidades, corrupción— quedan fuera del debate, y la ciudadanía acepta perder derechos a cambio de tranquilidad inmediata.
La dimensión tecnológica amplifica este panorama. Sistemas de vigilancia masiva, software de espionaje y bases biométricas ingresan en nombre de la lucha contra el crimen. Muchas veces llegan como donaciones o acuerdos con potencias y corporaciones multinacionales. Lo que parece modernización termina instalando dependencias invisibles: datos sensibles bajo control externo y decisiones automatizadas que evaden el escrutinio público.
América Latina conoce el precio de esta lógica. Cada vez que un problema se desplaza al terreno de la seguridad, se reduce la política: menos deliberación, más secreto; menos políticas sociales, más operativos. Y cuando las potencias fijan las prioridades —narcotráfico, control migratorio, estabilidad para inversiones— los gobiernos locales giran su agenda hacia afuera, incluso si eso contradice necesidades internas urgentes.
Desmontar la securitización no significa negar la violencia ni minimizar amenazas reales. Implica repolitizar los conflictos: discutir causas, fortalecer justicia civil, apostar por prevención y transparencia, y colocar los derechos humanos como límite. Implica también construir autonomía regional, cooperación basada en desarrollo y no solo en control.
Porque cuando todo se redefine como amenaza, la democracia se vuelve frágil. Y en América Latina, una región con memoria de intervenciones, dictaduras y desigualdades persistentes, la verdadera seguridad no será el resultado de más miedo, sino de más ciudadanía, más Estado social y más soberanía.
