La ciberseguridad es la práctica de proteger equipos, redes, aplicaciones de software, sistemas críticos y datos de posibles amenazas digitales. Las organizaciones tienen la responsabilidad de proteger los datos para mantener la confianza del cliente y cumplir la normativa.
Para llevar adelante esta protección digital, se utilizan medidas y herramientas de ciberseguridad para proteger los datos confidenciales del acceso no autorizado, así como para evitar interrupciones en las operaciones empresariales debido a una actividad de red no deseada. Las organizaciones implementan la ciberseguridad al optimizar la defensa digital entre las personas, los procesos y las tecnologías.
En la actualidad, la industria del cibercrimen es considerada como el octavo riesgo global más importante. A nivel mundial, las novedades de los delitos mediante el mundo digital crecen casi tan rápido como el mismo desarrollo tecnológico, por lo que es una obligación de las autoridades avanzar rápido en la actualización y estar en constante evolución en la seguridad en el área.
Uruguay no escapa de ese panorama mundial, con el avanzar del desarrollo digital los riesgos aumentan, en el país es cada vez más frecuente recibir un correo electrónico que simula ser enviado por el banco, la estafa a través de Whatsapp, la llamada de un supuesto familiar que precisa que le transfieran plata, el hackeo de cuentas en redes sociales y entre muchas otras formas.
El asesor en seguridad de Cabildo Abierto, Jorge Gómez, aseguró al medio informativo llamado “El Explorador”, que en el país, los delitos cibernéticos estaban superando en cierto punto los delitos del narcotráfico. Por lo tanto, se puede intuir que se necesitan fuertes políticas para combatir esta área.
Últimos avances en políticas digitales en Uruguay
El pasado mes de agosto, el Senado aprobó la creación de ocho nuevos delitos penales para combatir la ciberdelincuencia. Algunas de las infracciones son las estafas y el acoso por redes, que pasaron a ser delitos con penas de prisión. Se agregó, además, el fraude o la estafa informática que también pasará a ser delito y tendrá como agravante si es cometido contra un familiar o contra el Estado.
La ley explica que serán considerados como delitos el daño informático, el acceso ilícito a datos informáticos, interceptación ilícita y vulneración de datos. Así como la suplantación de identidad, tendrán una pena de un año de prisión a seis años de penitenciaría.
Por último, el proyecto prevé el delito de abuso de dispositivos que castiga la comercialización o producción de programas o sistemas informáticos para cometer delitos. Así mismo, se creó una campaña de educación financiera que permitirá a los bancos frenar transacciones no consentidas y creará un registro de ciberdelincuentes.
Por otra parte, a principios del mes de octubre, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), realizó el evento anual de la agencia, donde los temas más destacados fueron el abordaje de la política digital de Uruguay, que permite posicionar al país a nivel internacional.
Durante el evento se informó sobre el objetivo de la Agenda Digital Uruguay para el 2025, que es llevar al país a un proceso de cocreación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENC), con el objetivo de fortalecer la ciberseguridad en el país, prepararlo frente a las amenazas crecientes y garantizar la disponibilidad de las infraestructuras críticas de información.
Así mismo, el gobierno mencionó el esfuerzo que están realizando para mejorar la protección contra ciberataques, todo con un convenio entre Uruguay y Emiratos Árabes Unidos, quienes ya han firmado un memorándum de entendimiento en el campo de la ciberseguridad. Lo que aseguran que permitirá el intercambio de información sobre amenazas, la implementación de buenas prácticas y el desarrollo de capacidades técnicas conjuntas. El objetivo es, en definitiva, fortalecer la prevención de incidentes y salvaguardar infraestructuras críticas en ambos países.
