Se digitalizan los currículums y se reducen al mínimo los sorteos en beneficio de los concursos de oposición y mérito. Para la Cofe los problemas que se buscan solucionar no se arreglan con un decreto.
La iniciativa, que surge de la Oficina Nacional del Servicio Civil, busca agilizar los plazos de contratación que hoy en ocasiones pueden llegar a demorar hasta 2 años para los ministerios. El alcance del decreto llega a los ingresos a la Administración Central. Es decir para aquellos organismos y dependencias que integran el Poder Ejecutivo y para las administraciones municipales. Desde la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se mira con escepticismo el planteo del gobierno, fundamentalmente porque los plazos para los procesos de contratación ya estaban regulados por otros decretos y no se han cumplido en esta administración ni en las anteriores. Por otra parte, desde que asumió el gobierno actual la política ha sido de reducción de los planteles y el no llenado de vacantes. Por esto COFE celebra que se estén pensando iniciativas para agilizar las contrataciones.
Diario La R conversó con Aidemar González, Secretario Adjunto de COFE para conocer más acerca de la posición de los trabajadores sobre el tema ingresos.
González explicó que “desde que el gobierno asume en marzo de 2020 a la fecha, dentro de la política de recorte y ajuste que lleva adelante, se focalizó en que no ingresen trabajadores y no se cubran los puestos de trabajo vacantes en la administración central” aseguró. Eso se reguló primero a través del decreto 90 del año 2020 y luego con el decreto 310 del año 2021 que establecieron restricciones por las cuales no ha habido ingresos de personal en estos 3 años de gestión de gobierno. “El problema es que hay servicios que se están viendo desmantelados, hay controles como los fronterizos donde no hay funcionarios, falta de personal en todos los incisos como por ejemplo en el MGAP” nos relata González.
Sobre los plazos
Este decreto también define plazos que deben ser cumplidos cuando se realicen los llamados, sin embargo para COFE estos “van a depender de la voluntad de los cargos políticos del gobierno porque un decreto que establece plazos ya existía y no se cumplía”. González aclara que a la Confederación le “parece adecuado que se digitalicen los procesos para que en definitiva se establezca una carpeta de méritos digital porque eso facilita el envío de la información y también el control de los tribunales” dijo.
Dado que prácticamente no ha habido ingresos de personal en estos tres años, sólo queda la rendición de cuentas de 2023 para llenar las vacantes generadas ya que la ley impide que en la rendición de cuentas de 2024 se incluyan incrementos de gastos por tratarse de un año electoral. Gonzalez explica que aún con este nuevo decreto de ingreso de personal, “las vacantes de ingreso en los grados más bajos de cada escalafón que estaban anteriores a 2019 no se pueden llenar. Las que se pueden llenar son las que se generaron entre 2020 y 2022”. González agrega a su vez que “el problema es que cuando las personas se jubilan, y se retiran no están en el grado de ingreso, están en un grado superior en la estructura escalafonaria por tanto no hay muchas vacantes de ingreso para llenar y además por la política de restricción cada tres vacantes se llena una y lo que pedimos nosotros es que se libere la restricción de 3×1, osea que todas las vacantes de ingreso puedan ser llamadas y que además se cumplan los plazos que ahora establece este nuevo decreto” enfatizó.
El decreto intenta descongestionar el proceso de contratación y los sorteos para el ingreso a la administración central suelen ser masivos y con un gran porcentaje de postulantes que no tienen los méritos o el perfil requeridos. Por esto ahora se los pretende eliminar o reducir al mínimo. COFE acuerda con que “el mecanismo más adecuado siempre es el de oposición y méritos donde todos los postulantes, sea cual fuere el perfil, se presenten, presenten los requisitos y méritos establecidos para cubrir el perfil y en definitiva haya una prueba de oposición” dice González mientras que agrega que “siempre que se agilicen los plazos lo vemos como adecuado porque el sorteo genera igualdad ya que todos tienen la misma posibilidad pero cuando vas a ver las capacidades no las diferencia y un concurso de oposición y mérito sí lo hace”.
Lo que no se puede perder es que no haya agilidad en el proceso de ingreso de personal. Y esta agilidad no está resuelta porque se establezcan plazos en un decreto sino que depende de la voluntad política de los actores que recorren cada etapa del proceso. Porque plazos hoy existían y no se cumplieron en estos 3 años de gestión de gobierno. Como no se cumplieron en los períodos anteriores tampoco. Nosotros pedimos que se realicen en forma inmediata los concursos, que se elimine la restricción del 3×1 en ingreso de persona, que el ingreso de personal esté vinculado a las necesidades del servicio de cada organismo y que se cumplan los plazos ahí establecidos y que los pocos ingresos que va a haber ingresen antes de febrero de 2024 porque después no van a poder ingresar.
González insiste en que “todo proceso que implique agilizar el ingreso de personal es positivo”. Cofe participa de los concursos de ingreso con un veedor que no es miembro del tribunal pero hace un seguimiento del proceso.
«Hay muchos temas en la mesa que para nosotros son importantes, uno es el tema vinculado a las reestructuras organizativas de los incisos. Nosotros tenemos una diferencia importante con el gobierno en cuanto a que primero que nada reestructurar a un organismos implica adecuar la estructura organizativa a las necesidades del servicio y a las necesidades de la población” afirmó. El dirigente agrega que “en función de la falta de personal y el desmantelamiento que ha habido de los servicios, necesariamente se requieren de recursos destinados para la reestructura. La normativa vigente es muy restrictiva y establece un tope de crédito presupuestal referido a los vínculos laborales vigentes al 1º de enero de 2020 cuando por disposición legal los créditos presupuestales son los que están habilitados para cada inciso”.
Declaraciones de personal excedentario
A menudo los diagnósticos y reestructuras concluyen en informes de personal excedentario ya que uno de los objetivos declarados de la actual administración de gobierno es el de bajar el peso del Estado en el gasto público, los trabajadores nucleados en Cofe sostienen que la reestructura es necesaria pero que tiene que estar basada en otros preceptos y objetivos. González afirma que “no puede ser condición necesaria que las reestructuras culminen en procesos de declaración de personal excedentario” y que “no comparten” y “rechazan” estas declaraciones en el marco de la “falta de personal” que vienen denunciando. Cofe sostiene que “la plantilla de funcionarios de la administración central se ha reducido casi un 20% en 3 años” debido a la ausencia de llamado. “Estos temas para nosotros son centrales” afirma Gonzále y agrega que los trabajadores reivindican la negociación colectiva en los procesos de reestructura: “pedimos que todos los temas estén en discusión, también la situación de todos los vínculos laborales que existen en los organismos” dijo. Para este año 2023 se encuentran sobre la mesa también temas como el de la carrera administrativa que para COFE “es un tema que también hay que analizar con profundidad y seriedad” nos dice González.
Antes del 30 de junio ingresará la última rendición de cuentas del gobierno que puede tener un incremento de gasto presupuestal y según el Secretario Adjunto de Cofe “van a haber muchos temas de interés analizar y proponer”.
Vaticina que “se viene un año muy movido para la Cofe y que hacen a cuestiones como la estabilidad laboral ante la posibilidad de revisar la movilidad de funcionarios públicos” finaliza el dirigente.
