Estado uruguayo enfrenta un litigio por hasta US$ 600 millones por parte de Montecon

El Estado uruguayo se encuentra en el centro de un litigio de gran envergadura con Montecon, uno de los principales operadores de las áreas públicas del Puerto de Montevideo. Este enfrentamiento legal, que podría alcanzar la cifra astronómica de hasta US$ 600 millones, tiene sus raíces en una disputa sobre ciertos tratados de protección de inversiones.

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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha aceptado una solicitud de arbitraje presentada por los inversores chilenos y canadienses de la empresa Montecon, a través de su matriz Neltume Ports S.A.

La controversia se desata en torno a las acciones del Estado uruguayo, las cuales, según los demandantes, han infringido los tratados de protección de inversiones suscritos con Chile y Canadá. Montecon sostiene que las medidas adoptadas por el gobierno han impedido a la empresa transferir y almacenar contenedores en los muelles públicos de la capital, desconociendo además el régimen legal de libre competencia aplicable a estas actividades.

En un comunicado oficial, los accionistas de Montecon expresan: «Estas medidas le impiden a Montecon transferir y almacenar contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo, al tiempo que desconocen el régimen legal de libre competencia aplicable a estas actividades».

El documento también agrega que: “el accionar del Estado infringe sus compromisos asumidos en materia de Nivel Mínimo de Trato, Trato Nacional y Cláusula de la Nación Más Favorecida, contemplados en el tratado internacional».

El inicio de este proceso legal se produce después del fracaso de un período de consultas y negociaciones directas entre las partes para llegar a una solución amistosa. Durante este tiempo, se enviaron comunicaciones que, según los demandantes, no recibieron respuesta por parte de las autoridades uruguayas.

Adicionalmente, los accionistas canadienses de Montecon han presentado una segunda solicitud ante el CIADI, en la que denuncian la violación de los principios del tratado de protección de inversiones suscrito entre Uruguay y Canadá, reclamando la suma de 240 millones de dólares.

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