Estafa a obreros de la construcción supera el millón de dólares: hay en total 15 imputados

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno, Gilberto Rodríguez dispuso el jueves la formalización de la investigación para tres referentes del Sunca a los que se imputó como coautores de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado de activos con penas de dos años y un mes a tres meses de penitenciaría tras alcanzar un acuerdo abreviado.

Se trata de Santiago Bernaola (dos años y un mes de penitenciaría), Bruno Bertolio (dos años y tres meses de penitenciaría, y el decomiso de un vehículo) y Víctor Rivero (2 años y un mes de penitenciaría), quienes reconocieron su participación en la maniobra que consistía en el desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc),  por un monto que supera el millón de dólares, según pudo constatar Diario La R de acuerdo con el audio de la audiencia.

El Fosvoc es uno de los cuatro fondos con los que cuenta el sector de la Construcción. Se trata del más antiguo, creado en 1967 en el Consejo de Salarios de la Construcción de ese año, por un acuerdo entre las gremiales empresariales y las de trabajadores, al amparo de la Ley de Vivienda N° 13.728 del mismo año.

La finalidad del fondo es brindar ayuda a los trabajadores de la industria para la adquisición de su vivienda nueva o usada, construcción o reforma de su vivienda ya existente. Este fondo es administrado por una comisión honoraria y bipartita integrada por representantes del sector empresarial y del sector de los trabajadores, nutriéndose de aportes de trabajadores y de empresarios del sector.

La denuncia primaria había sido presentada el 28 de enero pasado por el abogado Óscar López Goldaracena en representación de la Comisión Administradora del Fosvoc contra la jefa de Departamento, Stella Maris Rey.

López Goldaracena, indicó que, dado que las condenas se obtuvieron a través de un proceso abreviado, no se ha analizado la veracidad de las declaraciones de los imputados. «No hay prueba concreta», dijo el abogado, aunque añadió: «Me alarmaría que de un sindicato se financie un partido». En la audiencia,  López Goldaracena manifestó la importancia del seguimiento de la investigación porque se trata de dinero sustraído a los trabajadores de la construcción. “Es interés continuar hasta el final esta investigación a los efectos de que se devuelva ese dinero y que no quede la sensación de que el crimen paga”, indicó.

Rey fue empleada del Fondo desde 2005 hasta su expulsión, en enero de 2025, por los mismo hechos imputados a los tres condenados. Entre sus tareas habituales Rey realizaba el pago de haberes a los empleados del Fondo mediante transferencias electrónicas para lo cual tenía habilitada una clave para operar las cuentas bancarias.

En total, eran cuatro cuentas. Los restantes pagos, tanto a proveedores como a beneficiarios de distintos programas del Fosvoc, se realizaban mediante el libramiento de cheques, a tres firmas. Rey inicialmente no podía disponer el pago a proveedores.  Sin embargo, si bien tenía autorización expresa únicamente para pagar sueldos, su habilitación electrónica le permitía realizar todo tipo de transferencias. Esto fue lo que permitió la ejecución de las maniobras.

A inicios de diciembre del año pasado, Rey viaja a Buenos Aires para someterse a una intervención quirúrgica (bypass  gástrico). Quien la sustituye, Stefanía da Luz, detecta que entre los meses de abril y noviembre, hubo “movimientos llamativos” tratándose de “transferencias electrónicas a terceros” realizados por Rey “sin comprobantes, ni justificación, por conceptos que tenían que ver con pago a proveedores o beneficiarios” lo que no se encontraba inicialmente dentro de sus competencias.

Tras esta constatación, se dispuso la realización de una auditoría externa, a cargo de la contadora Silvana Ramírez, quien constató efectivamente transferencias bancarias no justificadas ni autorizadas a diversas cuentas de terceros que no correspondían al pago de haberes, el único rubro autorizado.

La auditoría comprobó 193 transferencias por un monto de $35.627.581 y U$S 17.500 cuyos beneficiarios identificados fueron: Carlos Larrosa, Víctor Rivero, Robert Martínez, Santiago Bernaola, John Fernández, Juan Ortiz, Bruno Bertolio, Alejandro Lion, Diego Almeida, María Cuello, Viviana Aguilar, Andi Raimondi, Nicolás Mañana, Miguel Duarte, Pilar Ferreira. En su declaración ante la Fiscalía, Rey, quien mantiene la calidad de imputada, admitió haber efectuado las 193 transferencias irregulares pero señaló que los números de cuentas se los había proporcionado una tercera persona a quien identifica como Bruno Bertolio, quien negó esta imputación.

Agregó que ella se limitaba a realizar las transferencias y también reconoce que privó de mecanismos de control a Stefanía da Luz, para evitar la detección de la maniobra. A partir de estas declaraciones, la Fiscalía dispuso levantamientos de secreto bancario, a partir de lo cual, efectivamente constató que hubo un conjunto de personas, en total 15, todas imputadas, tres de las cuales estaban  presentes en la audiencia del jueves y que resultaron condenadas, por lo que, la investigación va a continuar.

La Fiscalía agregó que estas 15 personas recibieron dinero por transferencias hechas por Rey a sus cuentas bancarias que luego a través de otras transferencias o a través retiros en efectivo por caja salieron de esas cuentas a las que denominó  “mulas financieras” y ese dinero fue destinado o a Bruno Bertolio o a una “tercera persona”. Según las declaraciones de  casi de todos los que han comparecido hasta este momento en esta causa, incluso de los imputados, apuntó la Fiscalía, “este dinero tenía como finalidad financiar la estructura sindical del Sunca o al Partido Comunista”, lo que se analizará en la etapa siguiente en la investigación.

“Los tres imputados son eslabones de una cadena delictiva mucho más amplia de larga data según surge de las propias declaraciones  y que va a seguir siendo investigada”, agregó.  Este fue el primer hecho irregular constatado. El segundo hecho tiene que ver con el uso de las partidas especiales y partidas “espejo” correspondientes al ejercicio 2023. La partida especial es una partida que a solicitud del Sunca ingresaba al Fondo para otorgar beneficios no reembolsables ante situaciones especiales, como un hecho vinculado a la salud o a un incendio, etc. “A raíz de estas partidas especiales se habilitaban las partidas espejo, un monto de dinero similar al de la partida especial pero que se asigna para que sea utilizado por instituciones que las cámaras empresariales dispongan”, agregó. En este caso, se trataba de algunas fundaciones, como Fe y Alegría, Sofía, la fundación Manuel Quintela, Copintare. El funcionamiento es que se coloca en una especie de cuenta óminbus donde cada fundación tienen gastos y presentan las facturas correspondientes y se les da el dinero a cambio. Se pudo constatar que de las 43 partidas especiales solo 3 correspondían a usuarios o beneficiarios existentes. El resto, correspondían o a usuarios inexistentes o cuyos nombres no correspondían con las cédulas, “no existían en el mundo y mucho menos eran afiliados al Sunca”. La Fiscalía agregó que 36 solicitudes fueron firmadas por Bertolio y Bernaola. Con la emisión de los cheques, se pudo corroborar que Bertolio retiró en 2023 cheques por un monto aproximado de $ 9.446.563 y en 2024 por $1.146.842. El equipo policial que trabajó, Delitos Financieros de Interpol, informó que el fundamento de las solicitudes se reiteraba y mencionaba las mismas causas: o un cáncer terminal, o un trasplante de órgano, sin aportarse la documentación de respaldo. También constató que los datos eran “mecánicamente colocados”. Según el informe de la contadora Ramírez, en cuanto a las partidas especiales, se verificó que el destino eran Fe y Alegría, Copintare, Fundación Sofía y Manuel Quintela.  Todos los pagos se documentaron mediante cheques que fueron depositados a nombre de estas instituciones salvo en cuatro casos, cuyo beneficiario era Copintare. Tres de esos cheques que tenían que ir a la institución fueron retirados por Bruno Bertolio por montos de $ 200 mil cada uno  y uno de U$S 25 mil para la compra de una camioneta. Un cuarto cheque, fue retirado por Bernaola por un monto de $150 mil. El Director de Copintare confirmó que en 2020 y 2021 recibió ayuda del Fondo y que en octubre de 2023 recibió una camioneta pero que nunca había recibido beneficios en dinero. El dueño de la automotora confirmó la venta de la camioneta a Bertolio por U$S 20.240 pero depositó U$S 25 mil en la cuenta de la automotora,  lo que obviamente superaba el precio de venta. Ese mismo día, el titular de la automotora transfirió la diferencia de U$S 4.760 a una cuenta que resultó ser la personal de Bertolio. El vehículo fue utilizado unos meses por el Sunca y luego recién fue remitido a la Cooperativa.  En ese contexto, también se verificó el retiro de un cheque por parte de Víctor Rivero cuyo beneficiario sería alguien de nombre Ariel Gómez correspondiente a una cédula inexistente por un monto de $222 mil. La Fiscalía al final de las actuaciones pudo  calcular que el  total de las maniobras, incluidas transferencias y partidas especiales, ascendieron a $ 47.550.837 y U$S 22.260, lo que da un total aproximado al U$S 1,2 millones. Como “hipótesis de trabajo” la Fiscalía maneja que parte del dinero “habría sido derivado a la propia estructura sindical , al Sunca, o incluso al Partido Comunista”.

Según la Fiscalía, el dinero derivó en la adquisición de bienes muebles, inmuebles cuya investigación está a cargo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). La fiscalía continuará con las indagatorias en los próximos días. Bertolio presidió el Fosvoc en 2024 y era el principal referente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) en ese Fondo. Por este tema, Bernaola había sido expulsado en marzo de este año del Sunca junto a otro afiliado Juan Ortiz. En febrero, por el mismo motivo, el Sunca desafilió  a: Jhon Fernández, Bruno Bertolio, Robert Marcelo Martínez, Carlos Larrosa y Víctor Rivero. A fines de mayo, expulsó a Miguel Duarte y en los últimos días  a Iván Hafliger también afiliado al SUNCA.

El Fiscal: “Andrade y Diverio, imputados”

Tras la audiencia, el fiscal Rodríguez estimó el monto de la maniobra en 1,2 millones de dólares. También indicó que «en principio, aparece de manera bastante sólida, consolidada, de que parte de ese dinero, no sabemos bien qué porcentaje, iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Sunca». El fiscal también confirmó que en sus declaraciones ante la Fiscalía los ahora condenados mencionaron a los exdirigentes del Sunca, Óscar Andrade y Daniel Diverio, de quienes no descarta la citación. «En principio, están en carácter de imputados, porque se les está, por lo menos, atribuyendo cierta participación dentro de lo que es toda la investigación de estos hechos».

«De lo que surge, en principio, de la investigación y de lo que han dicho los propios imputados, hoy condenados, sí», indicó el fiscal, al ser consultado sobre si las autoridades del Partido Comunista tenían conocimiento de la maniobra.

«Del contexto de la investigación, de lo que la propia investigación está transmitiendo y de lo que declararon varias personas son autoridades que están dentro del sistema donde circulaban todas estas maniobras. El conocimiento, la participación, todo eso es objeto de la investigación, que no podemos saber qué tanto y si hay en efecto participación, de qué tipo, es parte de la investigación de lo que tenemos que saber», puntualizó.

Sobre la financiación de campañas del PCU y el Sí a la reforma de la seguridad social, Rodríguez indicó «se dieron algunos detalles, así como la ayuda a correligionarios del partido que tenían que ver con locomoción, transporte, viáticos, en fin, todo lo que podría incluir una campaña electoral».

Respecto a la presunta vinculación de Diverio y Andrade en la maniobra, el fiscal sostuvo que El fiscal analiza la citación a una declaración administrativa al diputado del Frente Amplio, Daniel Diverio, y al senador frenteamplista, Óscar Andrade, en el marco de una investigación administrativa que, en principio, no incluiría una formalización.

Según expresó el fiscal Rodríguez, los condenados mencionaron que parte del dinero habría sido utilizado para financiar actividades del Partido Comunista del Uruguay (PCU) y del propio Sunca. Además, aseguró que los implicados señalaron que las máximas autoridades del gremio estaban al tanto de la maniobra.

En marzo, varios de los expulsados del Sunca apuntaron en sus declaraciones contra Laura Alberti, secretaria de Finanzas del gremio y del PCU. Según algunos testimonios, la mujer tenía conocimiento de ciertos movimientos.