Se trata de un delincuente brasileño de iniciales P.P.D.F el cual fue condenado en Cerro Largo por tráfico interno de armas y rapiña especialmente agravada.
La resolución lleva la firma del subsecretario del Ministerio del Interior. Para la expulsión se aplicó el artículo 47 de la ley 18.250.
La misma es la ley de Migración y se señala en el referido artículo que «el Ministerio del Interior podrá cancelar, en todos los casos, la residencia que hubiese otorgado, y disponer su consecuente expulsión la persona extranjera que mediante hechos o actos simulados o fraudulentos hubiere logrado obtener la categoría migratoria pertinente». También se puede expulsar si «la persona extranjera que en el territorio nacional cometiere delito de carácter doloso y fuera condenado con pena de penitenciaria o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos, excepto los refugiados».
Otros aspectos pasibles de expulsión son si la persona con residencia permanente se ausentare del país por un plazo superior a tres años, o sí la persona con residencia que cometiere en el país o fuera de él actos de terrorismo o cualquier acto violatorio de los derechos humanos establecido como tal en los instrumentos internacionales ratificados por el país.
