Familiares de víctimas impulsan un proyecto para endurecer las penas por homicidios viales

La Red de Familiares de Víctimas de Siniestros Viales busca que el Parlamento avance en una reforma legal que aumente las penas para quienes provoquen muertes en el tránsito por conductas gravemente imprudentes y establezca el retiro definitivo de la licencia de conducir en determinados casos.

La iniciativa surgió a partir de la experiencia de decenas de familias que perdieron a sus seres queridos en siniestros de tránsito y consideran que las condenas actuales resultan insuficientes. Entre ellas se encuentra Verónica Ferrer, madre de Lautaro Franchi, un niño de cinco años fallecido en 2020, quien hoy se ha convertido en una de las principales voceras del reclamo.

“Llevo la bandera de mi hijo, pero también tengo la voz de muchas madres atrás mío”, expresó durante una entrevista con Diario La R.

Proyecto para endurecer las penas

La principal reivindicación del colectivo es una modificación legislativa que aumente las penas para los homicidios viales cometidos en circunstancias agravantes y establezca el retiro definitivo de la licencia de conducir.

“El proyecto de ley está enfocado en endurecer las penas y en retirar la libreta de por vida”, explicó Ferrer. Aclara que el planteo no apunta a criminalizar a todos los conductores ni a castigar errores involuntarios. “Un accidente puede pasar. Una distracción puede pasar. Nosotros no somos enemigos de los conductores”, afirmó.

Sin embargo, considera que existen situaciones donde la conducta implica un grado de irresponsabilidad que debe tener consecuencias más severas.

“Si en una calle de 30 kilómetros por hora vas a 180 y matás a una persona, no puede decirse simplemente que no hubo intención. Tal vez no hubo intención de matar, pero tiene que haber responsabilidad por las consecuencias”, argumentó.

La búsqueda de apoyo legislativo

Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de análisis parlamentario. Ferrer explicó que las versiones taquigráficas de las comparecencias fueron remitidas a organismos como la Fiscalía General de la Nación, la Suprema Corte de Justicia, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y el Congreso de Intendentes para recabar opiniones sobre la iniciativa.

Tras esta etapa de consultas, el tema deberá volver a comisión para su análisis antes de avanzar hacia una eventual votación.

Mientras tanto, las familias aguardan que algún legislador asuma formalmente la iniciativa y la presente como proyecto de ley. “Estamos esperando que un senador o un diputado diga: ‘yo voy a llevar esta bandera’”, expresó Ferrer.

La dirigente sostiene que la causa debería trascender las diferencias partidarias y afirma haber encontrado receptividad en distintos sectores políticos: “No debería ser algo partidario. Estamos hablando de más de 400 personas que mueren por año”.

Críticas a la Unasev

Durante los últimos meses, el colectivo fue recibido por la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, la Comisión de Constitución y Legislación y la Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo, Ferrer cuestiona la respuesta de la Unasev, organismo que considera debería desempeñar un papel central en la discusión sobre seguridad vial.

Según relató, durante un encuentro mantenido con el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, tras la marcha realizada por el colectivo en el marco del cierre de la campaña Mayo Amarillo, este le manifestó que el organismo no había recibido la documentación vinculada al proyecto.

Ante esa situación, el colectivo realizó una consulta por correo electrónico a la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Parlamento. La respuesta recibida señaló que “como se mencionó previamente, las palabras vertidas (versión taquigráfica) fueron remitidas con fecha 13 de marzo por correo electrónico a las entidades solicitadas, sin tener ningún rechazo de recepción”.

Por otro lado, Ferrer asegura que la reunión con la Unasev fue solicitada por correo electrónico —documentación a la que accedió Diario La R— el 22 de setiembre de 2025 y reiterada el 31 de marzo de 2026. La respuesta del organismo llegó el 6 de mayo, dejando abierta la posibilidad de coordinar un encuentro durante junio.

En paralelo, fuentes vinculadas a la Unasev confirmaron a Diario La R que el organismo dispone del proyecto y se encuentra a la espera de concretar una reunión con el colectivo.

A su vez, aseguran que se está en contacto permanente con la red de víctimas: “los recibimos y trabajamos con ellos en diferentes acciones desde que asumimos este periodo”.

No obstante, Ferrer considera que la respuesta institucional ha sido insuficiente: “Nos escuchó el Parlamento, nos escuchó la Suprema Corte, nos escucharon muchos actores. Pero la Unasev todavía no nos está escuchando”, afirmó.

Una causa colectiva

Ferrer recuerda que durante mucho tiempo pensó que la muerte de su hijo era una historia aislada. Sin embargo, cuando decidió compartir públicamente su experiencia, comenzó a recibir mensajes de otras familias que habían atravesado situaciones similares.

Ese contacto permanente terminó convirtiéndose en el germen del colectivo. Según explica, detrás de cada caso aparecen elementos en común: pérdidas irreparables, condenas consideradas insuficientes y una sensación de desprotección por parte del sistema. “Un día una mamá dijo que esto es una pandemia y no lo ven. Y es así. Nadie lo ve, nadie lo pelea, nadie lo escucha”, señaló.

Y agregó que “hoy son más las muertes por homicidios en el tránsito que por homicidios en un robo en la calle”.

La historia de Lautaro

El 11 de febrero de 2020 Lautaro tenía cinco años y estaba próximo a cumplir seis. Había acompañado a sus padres a una óptica en Paso Molino y regresaban a su casa cuando ocurrió el siniestro que cambiaría sus vidas para siempre.

Ferrer relata que cuando faltaban apenas unas cuadras para llegar a su vivienda, otro vehículo circuló a contramano y a alta velocidad en una avenida con doble línea amarilla.

“Mi marido fue a doblar y vino el golpe. El auto empezó a girar y Lauti se llevó la peor parte”. Aunque el niño llegó con vida al Centro Coordinado del Cerro, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Ferrer explicó que sufrió muerte cerebral como consecuencia del impacto y que, de haber sobrevivido, habría quedado con secuelas gravísimas para el resto de su vida.

La tragedia no terminó con el fallecimiento de Lautaro. Para Ferrer, la etapa judicial profundizó el sentimiento de injusticia.

El conductor responsable recibió una condena de 45 días de prisión efectiva y seis meses de prisión domiciliaria, además del retiro temporal de la licencia de conducir. “Cuando me enteré de que esa era una de las condenas más altas que se estaban dando en estos casos, fue cuando me indigné. Ahí entendí que algo estaba pasando y que había que hacer algo”, sostuvo.

Asegura que, al contactar a otras familias, descubrió que la sentencia aplicada en el caso de Lautaro se encontraba entre las más severas registradas dentro de los casos conocidos por el colectivo.

La situación tomó un nuevo giro cuando, años después, la familia detectó que el conductor volvía a manejar pese a tener la licencia retenida por orden judicial. Según explicó, realizó una denuncia por extravío y obtuvo una nueva licencia de conducir.

Ferrer denuncia que “los organismos del Estado no tienen la información cruzada” y que el responsable tenía la libreta retenida por homicidio y aun así consiguió un nuevo permiso.

Medidas impulsadas

Entre las medidas impulsadas por el colectivo, la prisión efectiva ocupa un lugar central. Ferrer sostiene que muchas familias sienten que la vida de sus seres queridos termina valiendo menos que otros delitos. “Hoy por robar un celular podés recibir cinco años de prisión efectiva. Entonces, ¿qué vale la vida?”, cuestionó.

Para la activista, el retiro permanente de la licencia también debería ser una consecuencia mínima para quienes provoquen muertes en circunstancias de extrema imprudencia.

“Las familias merecemos un mínimo de justicia. El retiro de la libreta de por vida tendría que ser lo mínimo”, afirmó.

Las secuelas

Más allá de las cifras y las estadísticas, Ferrer insiste en que detrás de cada siniestro existe una historia familiar marcada para siempre. Recordó que cada año unas 25.000 personas resultan lesionadas en siniestros de tránsito en Uruguay.

“Somos un país de tres millones y medio de habitantes. Si no podemos controlar eso, algo estamos haciendo mal”, reflexionó.

También asegura que muchas veces la sociedad desconoce el impacto emocional que dejan estos hechos. “Hay familias que llegan al lugar del siniestro y no tienen nada para reconocer. Quedan en estados terribles. Eso también forma parte de esta realidad”.

Un mensaje para la sociedad

Aunque la lucha se concentra en cambios legislativos, Ferrer insiste en que también existe una dimensión cultural. A su entender, el tránsito sigue siendo percibido como un ámbito donde determinadas conductas tienen consecuencias insuficientes.

“No se le puede quitar importancia a que alguien mate a una persona porque no salió con un arma o porque no tuvo intención”, afirmó. Y concluyó con una reflexión: “Desde el momento en que no respetaste una norma básica de tránsito y mataste a una persona, tiene que haber consecuencias. Si no las hay, estamos dando un mal mensaje a la sociedad”.