El Fiscal de Flagrancia, William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay manifestó su preocupación por el déficit presupuestal que arrastra la Fiscalía desde su creación. En diálogo con el Diario La R, explicó que el presupuesto original remitido por el Poder Ejecutivo no contemplaba rubros suficientes para cubrir los salarios de los fiscales y enfrentar la demanda creciente de la institución.
“No existía la previsión de rubros adecuados para afrontar el déficit presupuestal que viene arrastrando la fiscalía desde el momento mismo de su creación”, señaló Rosa. Sin embargo, destacó que se ha avanzado en los últimos días, con conversaciones con el Parlamento y el Ministerio de Economía y Finanzas, en un aditivo presupuestal que busca corregir la desigualdad salarial respecto a los jueces.
El fiscal explicó que, si bien la solución será progresiva, representa un “gesto positivo” del sistema político. Según detalló, el presupuesto original para 2026 asignaba unos 40 millones de pesos a la Fiscalía, cifra que escalaba a 57 millones a partir de 2027 con la creación de la fiscalía de violencia doméstica. Con el aditivo, se sumarían 25 millones de pesos en el primer año, con incrementos anuales hasta alcanzar un total de 115 millones en el quinquenio, aunque aún lejos de los 17 millones de dólares solicitados inicialmente por la Fiscalía.
No obstante, Rosa advirtió que otras demandas, como la creación de nuevas fiscalías y el aumento de personal, siguen sin resolverse. “La fiscalía general solicitó eliminar los turnos únicos con la creación de unas diez fiscalías en el interior del país, pero eso no ocurrió. Hoy tenemos tres fiscales suplentes para todo el país, lo que resulta insuficiente”, señaló. Agregó que la institución también había propuesto reforzar con ocho fiscales adscritos, lo que considera prioritario frente a la creación de una escuela de fiscales.
Sobre las amenazas recibidas por la fiscal general Mónica Ferrero y otros integrantes de la institución, Rosa afirmó que la investigación “avanza” y ya se han formalizado responsables. Sin embargo, destacó que la prevención de futuros hechos requiere acciones concretas: coordinación entre Fiscalía, Policía y Ministerio del Interior, así como refuerzos presupuestales.
Consultado sobre la designación de un nuevo fiscal general, Rosa recordó que la posición de los fiscales se mantiene desde hace cuatro años y ha sido planteada ante organismos internacionales. Subrayó que la continuidad de la Dra. Ferrero en su rol no debería vincularse con los atentados sufridos, sino evaluarse sobre la base de sus capacidades y plan de gestión.
Respecto al nuevo Código de Proceso Penal, el fiscal consideró que su modificación y perfeccionamiento es la vía adecuada, y descartó la posibilidad de volver al régimen anterior. “Volver al código anterior sería un absoluto error. Sí debe haber margen de discusión para seguir mejorándolo, pero de manera seria y sólida, no al grito de la tribuna”, sostuvo.
Rosa también se refirió a la seguridad personal de los fiscales, señalando que cada profesional debe evaluar su nivel de exposición y actuar en consecuencia. “En un marco de recursos finitos, hay que priorizar. No todos los fiscales requieren custodia policial, pero sí deben aplicar medidas de autoprotección”, explicó.
El fiscal resaltó que los riesgos varían según la función y el caso que se maneje, y que la autoprotección implica medidas preventivas discretas, sin exponer públicamente detalles que puedan ser aprovechados por delincuentes. Además, precisó que la normativa uruguaya permite que los fiscales tengan autorización para portar armas en defensa personal si lo consideran necesario.
Autoprotección y custodia policial
El fiscal William Rosa aclaró que no cuenta con custodia policial y agregó que la decisión sobre medidas de seguridad depende de la evaluación de riesgos de cada fiscal y del tipo de casos que maneje. La autoprotección incluye precauciones como cambios en rutinas de traslado y discreción en la exposición pública, mientras que la custodia estatal se reserva para situaciones de mayor vulnerabilidad. La normativa vigente permite el porte de armas para defensa personal, pero la responsabilidad de su uso debe ser acompañada por la provisión de recursos y entrenamiento adecuado por parte del Estado. En Uruguay, el porte de armas para los fiscales no está regulado por una ley específica que les otorgue un permiso de porte automático, sino que se rige por la ley general de armas (Ley N° 19.247) y sus decretos reglamentarios. Esto implica que los fiscales, al igual que otros civiles, deben cumplir con los requisitos para la autorización del porte de armas y obtener los permisos correspondientes del Ministerio del Interior.
Sobre la seguridad personal ya tenemos evidencia de que tener custodia o portar armas no asegura nada Hay que mejorar el Servicio de inteligencia para prevenir
También los miembros de la Justicia No se deberían publicitarse y mantener reserva en lo posible