El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó la declaración final del personal técnico sobre la misión de consulta realizada a Uruguay. Una misión del FMI encabezada por Pau Rabanal, visitó Montevideo del 6 al 17 de marzo. Uruguay no debe al FMI opr lo cual no tiene porque seguir adelante sus recomendaciones, y la misión llega porque todos los integrantes con el FMI (tengan o no deuda) son auditados anualmente.
En el informe se indica que «Uruguay mostró una gran resiliencia durante la pandemia de Covid-19, debido a su fortaleza institucional, su sólida gobernanza y las respuestas de política de las autoridades» y «habiendo retornado a los niveles prepandemia a mediados de 2021, el PIB real creció a un ritmo saludable en 2022, mientras que la inflación aumentó».
«La sólida trayectoria de las autoridades en la implementación de políticas macroeconómicas acertadas en un contexto incierto ha mejorado la resiliencia del país a choques», agrega el informe, acotando que se efectuó «una respuesta de política monetaria y fiscal bien calibrada. Ante las mayores presiones inflacionarias, el Banco Central del Uruguay (BCU) respondió apropiadamente con una política monetaria contractiva durante 2022, al tiempo que el peso se apreció». Por otra parte «el déficit fiscal y la deuda pública disminuyeron de forma sustancial durante los últimos dos años, gracias a los esfuerzos de las autoridades para cumplir los objetivos de la regla fiscal, sin descuidar la protección a los más vulnerables».
No obstante estos datos positivos, el FMI alertó sobre los riesgos de futuro. En este sentido, el FMI prevé que la economía se desacelere, «con riesgos sesgados a la baja». Proyectan un crecimiento real del 2 por ciento este año 2023, si bien con mucha incertidumbre debido al efecto de la sequía. Para el FMI «a pesar de un contexto externo adverso, condiciones financieras más restrictivas y el impacto de la sequía, el crecimiento se vería apuntalado por una fuerte temporada turística, un aumento en la producción y exportaciones de celulosa y un consumo privado robusto ante la recuperación del salario real». Se prevé que la inflación se modere a 7 por ciento en 2023 y que se ubique dentro del rango meta en 2024. «En el corto plazo, el plan de las autoridades es consistente con cumplir con los objetivos de la regla fiscal, salvaguardando la cohesión social» señala el FMI. También indica que tras la sequía «esfuerzos fiscales adicionales serían necesarios para situar la deuda en una senda descendente y recomponer el margen de maniobra para la aplicación de políticas. Bajo condiciones externas difíciles, los esfuerzos de las autoridades para reducir la deuda tras la pandemia son loables, aunque la relación deuda a PIB se encuentra en niveles históricamente altos».
El Fondo indica que «las reformas estructurales siguen siendo críticas para aumentar la productividad, los logros educativos, la inversión y el crecimiento» y se destaca que las iniciativas de reforma tienen por objeto mejorar la sostenibilidad del sistema previsional y los resultados en materia educativa. Sobre las empresas públicas se señala que «a pesar de recientes mejoras en la eficiencia y productividad de las empresas públicas, se deben redoblar los esfuerzos en esta área. Sus tarifas deberían reflejar los costos y ser fijadas por reguladores independientes, mientras el costo de los programas sociales debería financiarse de forma transparente a partir del presupuesto (y no mediante la práctica actual de subsidios cruzados)». Los reguladoes independientes son por ejemplo la Ursea. Cuando se refiere a subsidios cruzados, un ejemplo es el descuento que hace en materia eléctrica a hogares de menores recursos o Ancap con elde scuento del 50% en el precio de la garrafa.
