El Frente Amplio presentó este lunes las conclusiones políticas de sus bancadas de Diputados y Senadores tras culminar el trabajo de la Comisión Especial Investigadora sobre el caso Cardama. La fuerza política sostuvo que la investigación parlamentaria permitió confirmar la existencia de “hechos con apariencia delictiva”, graves irregularidades administrativas y responsabilidades políticas que, a su entender, alcanzan a autoridades del anterior gobierno, incluido el expresidente Luis Lacalle Pou. La conferencia contó con la participación del diputado Joaquín Garlo, los senadores Nicolás Viera y Eduardo Brenta y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.
Garlo señaló que el objetivo central que el Frente Amplio se planteó al promover la comisión fue “conocer la verdad” sobre el proceso de contratación del astillero Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas OPV. Según sostuvo, los seis meses de trabajo permitieron identificar una serie de irregularidades graves. “Cardama, sin lugar a dudas, es el principal responsable de todo este proceso”, afirmó el diputado. Sin embargo, remarcó que las maniobras atribuidas a la empresa no podrían haberse concretado sin acciones u omisiones de funcionarios públicos que participaron en el procedimiento.
Garlo detalló algunos de los hechos que el informe en mayoría de la comisión identifica como posibles conductas con apariencia delictiva. Entre ellos mencionó el otorgamiento de prórrogas sin registro por parte de la administración pública y la omisión de comunicar la no entrada en vigor del contrato ante determinados incumplimientos. También cuestionó la autorización de pagos invocando análisis de documentación que, según afirmó, nunca estuvo a la vista de quienes debían realizar los controles.
Otro de los aspectos señalados fue la realización de pagos sin contar con documentación traducida y apostillada. Según Garlo, existieron documentos presentados en inglés, sin las formalidades correspondientes, y aun así se autorizaron desembolsos millonarios.
El legislador puso como ejemplo el segundo pago, por más de ocho millones de euros, que, según explicó, fue autorizado pocas horas después de que Cardama remitiera documentación en inglés y sin apostillar. Garlo afirmó además que el texto utilizado para la autorización había sido dictado por el propio titular del astillero, Mario Cardama.
A esto sumó lo que calificó como una “ausencia sistemática” de actos administrativos escritos, resoluciones fundadas y registros sobre decisiones esenciales para proteger los recursos públicos.
“No hay registro en el expediente de la compra de Cardama sobre las sucesivas prórrogas otorgadas”, afirmó.
Responsabilidades políticas
El senador Nicolás Viera sostuvo que la comisión también arroja conclusiones en materia de responsabilidades políticas. Para el Frente Amplio, el “primer responsable político” de la situación actual es el expresidente Luis Lacalle Pou, por haber respaldado políticamente el proceso de adquisición de las patrulleras durante su administración.
Viera extendió los cuestionamientos al exministro de Defensa Javier García, al exministro Armando Castaingdebat y a otros funcionarios de confianza que participaron en distintas etapas de la adjudicación y ejecución del contrato. El senador afirmó que la comisión permitió constatar “una ausencia importante en materia de controles”. “Estamos ante un fraude que a todas luces ha contado con la opacidad de aquellos jerarcas que debiendo controlar y defender al gobierno y al Estado Nacional no lo hicieron”, sostuvo Viera.
El oficialismo aclaró que las responsabilidades políticas deberán ser discutidas en la Asamblea General, mientras que las eventuales responsabilidades penales deberán ser determinadas por la Justicia.
“La rescisión fue una decisión acertada”
Uno de los principales puntos defendidos por el Frente Amplio fue la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con Cardama. El senador Eduardo Brenta afirmó que las conclusiones de la comisión “reafirman” la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo y sostuvo que la continuidad del contrato habría expuesto al Estado a mayores pérdidas económicas. Según señaló, la rescisión evitó que Uruguay continuara pagando más de 50 millones de euros que restaban abonar en el marco de un proceso que, según la interpretación del oficialismo, estuvo marcado por la falta de transparencia.
Brenta cuestionó además a sectores de la oposición por lo que consideró una defensa de los intereses de la empresa privada, por encima de la defensa de los intereses nacionales.
En respuesta a quienes sostienen que la falsedad o irregularidad de las garantías no era suficiente para terminar con el contrato, el senador aseguró que existieron “elementos sobrados” para adoptar esa medida.
Mencionó la constatación de una garantía que el oficialismo considera falsa, las dudas planteadas sobre una segunda garantía y los antecedentes vinculados con la sugerencia del Banco Central y la negativa del Banco de Seguros del Estado a otorgar determinados respaldos. Para el Frente Amplio, esos elementos justificaban plenamente la decisión de rescindir el contrato.
La conferencia también abordó uno de los cuestionamientos que la oposición ha realizado al actual gobierno: el pago efectuado a Cardama durante los primeros meses de la administración de Orsi.
Viera explicó que el denominado tercer hito o “hito C” fue abonado porque, en ese momento, el contrato continuaba vigente y todavía no se habían determinado las irregularidades que posteriormente llevaron a la rescisión. Según el senador, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, actuó en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado uruguayo y de acuerdo con las condiciones contractuales existentes.
Sobre el material que permanece en Vigo, Viera sostuvo que corresponde al Ministerio de Defensa analizar las alternativas para intentar recuperar los recursos invertidos. Señaló que ese material pertenece al Estado en función de los pagos realizados y que existe interés en procurar una recuperación económica.
Pereira: “Nos quisieron estafar”
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue particularmente enfático al respaldar las conclusiones de los legisladores oficialistas.
“Ha quedado claro y ya a esta altura nadie lo discute que nos quisieron estafar”, afirmó. Pereira mencionó la existencia de documentos que calificó como falsos, cuestionó la actuación del escribano involucrado en el proceso y sostuvo que la investigación dejó en evidencia graves inconsistencias en torno a las empresas y las instituciones que aparecieron vinculadas a las garantías. También cuestionó a dirigentes de la oposición que, según afirmó, defendieron a Cardama durante el proceso de investigación.
“Nos queda claro quién defendió a Cardama”, expresó. El presidente de la fuerza política señaló que existen responsabilidades políticas que deberán debatirse en el ámbito parlamentario. Para Pereira, la decisión de no continuar con el contrato fue “más que acertada”, al igual que la creación de una comisión investigadora.
Los próximos pasos
El diputado Garlo adelantó que el informe del Frente Amplio plantea dos caminos concretos. El primero será remitir a Fiscalía toda la documentación que la comisión investigadora reunió y produjo, en línea con lo solicitado por el Ministerio Público. El segundo consiste en denunciar específicamente los nuevos hechos con apariencia delictiva identificados durante la investigación, para que la Fiscalía determine si corresponde iniciar actuaciones y establecer eventuales responsabilidades penales. El Frente Amplio pretende que sea la Asamblea General la que adopte formalmente estas decisiones. “La ciudadanía tiene el derecho de saber qué pasó en torno al contrato con Cardama”, sostuvo Garlo. El oficialismo afirmó que la investigación parlamentaria no debe sustituir la tarea de la Justicia.
