Fundación «A Ganar» en el ojo de la tormenta

Los contratos de la Fundación A Ganar con el Estado entre 2020 y 2025  volvieron al tapete en los últimos días al trascender el contenido de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta,  al Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

El legislador de la Vertiente Artiguista dijo al Diario La R que desde el año pasado viene realizando estas “solicitudes de informes a todos los organismos del Estado, gobiernos departamentales, ministerios, etcétera, Tribunal de Cuentas respecto a la situación de la Fundación A Ganar y los contratos que ésta tiene con distintos organismos del Estado”.

Agregó que había estado recibiendo las respuestas de los distintos organismos pero la semana pasada llegó a sus manos el informe del TCR “que tiene compiladas todas las compras tanto de los gobiernos nacionales como de los gobiernos departamentales”. En ese sentido,  sostuvo que “la cifra a la que aparentemente todavía falta agregarle alguna información básicamente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) del período anterior indica que se habría contratado en el quinquenio 2020 – 2025 a la Fundación a ganar por 70 millones de dólares que puede llegar a ser algo más cercano quizás a los 90 millones de dólares”.

Para Brenta, “si se confirma esta información que falta del Ministerio de Desarrollo Social esto estaría dando como resultado que efectivamente en este periodo hubo un crecimiento muy grande de esta Fundación que está muy estrechamente vinculada al Partido Nacional, sobre la cual tenemos un conjunto de denuncias muy importantes respecto a los mecanismos de contratación, sobre lo que se le exige a las personas vinculadas a la Fundación en términos de adhesión en las campañas electorales”.

Brenta indicó que el 88% de estos contratos están hechos con cuatro intendencias y afirmó que no conoce que exista algún mecanismo transparente de ingreso. En otros casos particulares como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Fundación A Ganar contrató profesionales con lo cual “esto no entra en marco de ninguna política pública de atención a la situación de personas vulnerables o personas con problemas de inserción laboral”. “Claramente allí estamos frente a la contratación de personal, como podría realizarlo una empresa privada proveedora de recursos humanos”, afirmó.

Brenta consideró que esta situación “es grave porque de confirmarse estos datos que estoy mencionando, estaríamos ante una situación donde deberían intervenir la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social a los efectos de constatar los aportes correspondientes tanto a la DGI como los aportes jubilatorios al BPS”.

“Está la sospecha de que este efectivamente no estamos ante una Fundación que solo atiende la situación de población vulnerable o de personas que han salido de la cárcel sino que en algunos casos simplemente provee personal, como lo hacen muchas empresas privadas, pero utilizando estas negociaciones que a nuestro entender, por lo menos, veremos que dicen los organismos especializados no corresponden.

Indicó que en algunos departamentos, “los ciudadanos hablan de dos intendendias, la intendencia que hace las tareas del llamado ABC, alumbrado, el barrido, y carpintería y por otro lado todo el resto de actividades que se hacen vía esta Fundación”.

“Lo que estamos planteando, lo hemos dicho públicamente, es que en este contexto y hasta que no se aclare esta situación deberían postergarse los llamados”.

Sobre la vinculación de la Fundación con el Partido Nacional, Brenta aseguró que “hay contratados por la Fundación que han sido obligados a participar en los actos del Partido Nacional, a sacarse la foto con el candidato del Partido Nacional, a subir a sus redes sociales propaganda del Partido Nacional”.

“Esto nos parece que es un elemento grave en la medida en que, como tú comprenderás, la gente te lo dice, pero luego públicamente no lo puede sostener porque está en riesgo su fuente laboral que en muchos casos es la única opción laboral que tienen”, agregó.

Brenta confirmó que la Fundación está dirigida por Alejandro Rico, que fue director del Instituto Nacional de la Juventud en el gobierno de Jorge Batlle, y la subdirectora es Verónica Martínez, hermana del exsecretario privado del expresidente Luis Lacalle Pou. La fundadora sería María Magdalena Secco, esposa del exministro de Economía en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera.

Aclaró que su posición no es “vetar a nadie” pero indicó que “no nos parece adecuado que una política de estas características tenga una fuerte connotación político-partidaria como claramente la tiene eésta. Claro”.