El exministro de Defensa y actual senador del Partido Nacional Javier García defendió durante varias horas ante la comisión investigadora del Parlamento el proceso que culminó con la contratación del astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV), y aseguró que no existieron irregularidades en el procedimiento.
Ante las preguntas de legisladores del Frente Amplio sobre el origen de la propuesta, las condiciones técnicas, la solvencia del astillero, las garantías contractuales y las reuniones mantenidas con representantes de empresas, García sostuvo que las respuestas “siempre fueron las mismas” y afirmó que el proceso fue “transparente y cristalino”.
“La verdad siempre prevalece. Por más que pregunten veinte veces, esta es la respuesta porque es la verdad”, sostuvo el exministro.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue diferenciar la responsabilidad política de la evaluación técnica. García rechazó que hubiera delegado la decisión en la Armada Nacional y afirmó que la fuerza naval actuó como órgano asesor.
“La Armada lo que hace es asesorarme. No transferí la decisión, nunca lo hubiera hecho, primero porque sería ilegal y, segundo, porque sería irresponsable”, afirmó. Según explicó, la decisión política fue resolver una “carencia grave” del país ante la falta de capacidad de patrullaje marítimo, pero la selección del modelo y del astillero se realizó a partir de la evaluación técnica de la Armada. “Yo podía haber tomado otra opción, que es elegir un astillero sobre el que no me hubiera asesorado la Armada. Esa es una decisión arbitraria que está dentro de la potestad del ministro. No la voy a tomar. Voy por acá”, señaló.
El origen de la oferta de Cardama
Uno de los intercambios más reiterados durante la sesión fue cómo llegó la propuesta del astillero español al Ministerio de Defensa.
La oposición planteó que la oferta de Cardama había sido el punto de partida del nuevo proceso de contratación directa iniciado en 2023, y preguntó cómo había llegado esa propuesta al ministro.
García respondió que el origen fue una gestión del capitán de fragata retirado Moreira, representante de la empresa alemana Lürssen, quien se comunicó con el entonces comandante de la Armada, almirante Jorge Wilson. “Wilson dijo que el señor Moreira, quien era representante de Lürssen, le pidió una audiencia y le dijo que tenía la posibilidad de presentar la propuesta de un astillero español muy conveniente. Le dijo que presentara la propuesta porque la directiva del ministro era conseguir otra opción a los barcos noruegos”, relató.
Según García, una vez recibida, la propuesta fue remitida oficialmente a la Armada para su análisis. “El representante de una empresa alemana se presentó al almirante Wilson, quien dijo: ‘Lléveselo al ministro’, y el ministro, cuando la recibió, se la envió a la Armada Nacional oficialmente, como se hace en todos los procedimientos”, afirmó.
Otro de los capítulos centrales fue la consulta sobre reuniones mantenidas entre autoridades del Ministerio de Defensa y representantes del astillero antes del informe técnico de la comisión asesora. García negó haber participado en el encuentro del 13 de junio de 2023 y aseguró que tampoco estuvo presente en otras reuniones. “Cualquiera que afirme que yo estaba ahí, miente; reitero, miente. No estuve en esa reunión con Cardama ni en ninguna otra”, afirmó.
De todos modos, sostuvo que aun si hubiera participado, no habría existido ningún problema. “Si hubiera estado, ¿cuál es el problema? Si quisiera hacer algo mal, no lo voy a hacer en la sala de honor del Ministerio de Defensa. Hay que ser muy tonto”, señaló.
García sostuvo que su criterio fue no participar directamente de encuentros con empresas para mantener distancia del proceso técnico.
“Tenía otra línea de acción, de trabajo, de conducta. Ni mejor ni peor, la que yo adopté”, afirmó. También enumeró reuniones realizadas con distintos astilleros y empresas, entre ellas CSSC China, Kership, Gondán y Damen, para sostener que Cardama no recibió un tratamiento diferencial.
Tribunal de Cuentas y contrato
Uno de los principales argumentos de García fue el respaldo recibido del Tribunal de Cuentas, que según afirmó no formuló observaciones al procedimiento. “El Tribunal de Cuentas dice que no formula observaciones al procedimiento cumplido”, señaló.
El exministro sostuvo que ese organismo evaluó la legalidad del proceso y que, de haber observado la contratación, él no habría continuado.
“Si el Tribunal de Cuentas hubiera dicho que observaba el procedimiento, yo no llevaba adelante la compra de las OPV a Cardama”, afirmó. La oposición cuestionó que la resolución del Tribunal de Cuentas fue posterior a la selección de Cardama. García respondió que el contrato fue firmado meses después y que la intervención del organismo correspondía sobre el procedimiento previo a la firma.
“El Tribunal de Cuentas no opina sobre el mérito, no dice si la Armada necesita barcos o si necesita estos barcos. Dice si los barcos que usted decidió adquirir están legalmente comprados”, explicó.
García dedicó buena parte de su intervención a defender las condiciones contractuales y rechazó que el acuerdo hubiera sido diseñado en beneficio del astillero español. Leyó fragmentos del informe del estudio jurídico Delpiazzo y sostuvo que las condiciones económicas eran mejores que las de otros oferentes. Según indicó, la propuesta de Kership exigía una carta de crédito irrevocable por el total del precio y un pago inicial del 35%, mientras que otra alternativa requería un adelanto del 50%.
“Se eligió la técnicamente asesorada y la que era más barata para el Estado, es decir, para los uruguayos”, afirmó. También citó un análisis publicado por Infodefensa para sostener que Uruguay tenía el control financiero de la operación. “El contrato le da el control financiero completo a Uruguay, trasladando el riesgo al constructor”, leyó.
Y concluyó: “Si existiese un perfil leonino en el contrato, no sería precisamente para Cardama, sino en beneficio del comprador, el Gobierno de Uruguay”.
Garantías y prórrogas
La discusión sobre las garantías fue otro de los momentos más intensos de la comparecencia. Ante las preguntas sobre las demoras en la constitución de las garantías, García sostuvo que las prórrogas pueden ser herramientas utilizadas por los gobiernos cuando buscan preservar proyectos estratégicos.
Comparó la situación con las negociaciones del actual gobierno con HIF Global para la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú.
“El Gobierno actual lleva ocho meses prorrogando los requerimientos que le pide HIF Global y está muy bien que lo haga. Entre ocho meses y once meses no hay mucha diferencia”, afirmó. Sobre la garantía cuestionada que derivó en la rescisión del contrato por parte del actual gobierno, García sostuvo que el estudio Delpiazzo no había detectado indicios de falsedad.
“Como dijo el propio estudio Delpiazzo, no tuvo indicios de falsedad en ningún momento”, afirmó. También recordó declaraciones del ministro de Economía Gabriel Oddone sobre la posibilidad de sustituir una garantía defectuosa sin necesariamente dejar sin efecto un contrato.
“Cuando en un contrato hay un elemento colateral, como la garantía, que tiene problemas y no tiene la suficiente sustancia, se cambia la garantía y sigue el contrato”, señaló.
Finalmente, García cuestionó la investigación administrativa realizada durante el actual gobierno y sostuvo que estuvo marcada por irregularidades. “La investigación administrativa de Presidencia de la República está, para mí, plagada de irregularidades”, afirmó.
Sostuvo que se creó un grupo de trabajo integrado por personas externas al Ministerio de Defensa que accedieron a información reservada y realizaron consultas a oficiales de la Armada. Sin embargo, destacó que la propia investigación administrativa reconocía que el Ministerio de Defensa había contado con asesoramiento jurídico para la elaboración del contrato y para la aceptación de las garantías.
“Surge probado que el Ministerio de Defensa Nacional en todo momento contó con asesoramiento jurídico”, citó. Al cerrar su comparecencia, García mantuvo su postura central: la compra fue una decisión política basada en asesoramiento técnico y dentro del marco legal.
“No voy a dejar pasar un minuto que se atente contra mi honestidad, la del presidente de la República y la de mi equipo de trabajo”, había señalado durante la sesión.
Frente Amplio cuestionó el proceso
Durante la comparecencia del exministro de Defensa Javier García ante la comisión investigadora, los legisladores del Frente Amplio concentraron sus preguntas en los aspectos del procedimiento que, a su juicio, requieren mayores explicaciones: el origen de la propuesta de Cardama, la evaluación técnica del astillero, la solvencia financiera de la empresa y las condiciones contractuales que terminaron derivando en la rescisión del acuerdo por parte del actual gobierno.
El diputado Joaquín Garlo insistió en conocer si la propuesta inicial presentada por Cardama influyó en la modificación de los requisitos técnicos respecto al proceso anterior de compra de patrulleras oceánicas. También interrogó a García sobre las reuniones mantenidas entre representantes del Poder Ejecutivo y la empresa antes del pronunciamiento de la comisión asesora, particularmente un encuentro ocurrido el 13 de junio de 2023 en el Ministerio de Defensa.
Garlo planteó además dudas sobre la evaluación financiera del astillero y recordó que durante la administración anterior existieron advertencias internas sobre la necesidad de solicitar información adicional a Cardama respecto a sus capacidades técnicas, logísticas, de personal y económicas para llevar adelante el proyecto.
Por su parte, el senador Eduardo Brenta centró sus cuestionamientos en la decisión de seleccionar a un astillero que, según señaló, no contaba con experiencia previa en la construcción de patrulleras oceánicas. “La pregunta es si usted la conocía, porque el almirante Wilson no la conocía”, planteó Brenta al consultar sobre una oferta inicial de Cardama fechada en abril de 2023.
El legislador también marcó diferencias respecto al rol de la Armada en el proceso. Si bien reconoció que la fuerza tiene la capacidad técnica para asesorar, sostuvo que la decisión final correspondía al ministro y cuestionó que se haya elegido una empresa sin antecedentes específicos en OPV.
Otro de los puntos señalados por el Frente Amplio fue la ausencia del Ministerio de Economía y Finanzas en la segunda comisión asesora. La senadora Liliam Kechichian había cuestionado por qué en una operación superior a los US$ 90 millones no participaron organismos especializados en evaluación económica y presupuestal. Los representantes opositores también insistieron en las demoras para constituir las garantías exigidas por contrato y preguntaron si existieron advertencias del estudio Delpiazzo sobre eventuales incumplimientos de Cardama antes de la firma del acuerdo.
La bancada oficialista defendió que esas interrogantes forman parte de la necesidad de reconstruir el proceso y determinar si existieron fallas administrativas, políticas o contractuales en una compra considerada estratégica para la defensa nacional.
