Uno de los puntos que conforman la plataforma de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y que concita una mayor atención en este momento es el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2022 remitido por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al Parlamento el 30 de junio.
El secretario General de Fucvam, Gustavo González, definió a este proyecto de Rendición de Cuentas como “lamentable”, producto que el aumento pautado para el sector vivienda es prácticamente nulo. “El enciso que no tiene ningún aumento es el de vivienda: 0,45 (por ciento) del Producto Bruto Interno (PBI), nada. Por lo tanto, es una situación más que preocupante”, comentó a Diario La R.
Ante esta situación, la organización asistió a una reunión con la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Representantes el miércoles 12 donde por unos 40 minutos expusieron sus puntos de vista sobre este proyecto de ley y sobre la problemática de la vivienda en general. “El Parlamento puede mover rubros porque es raro que en la Rendición de Cuentas aparece rentas generales, no en el enciso de vivienda, aparece un dinero para el programa Entre Todos, un plan del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), pero han ejecutado muy poco y, sin embargo, a pesar de todo quien más ha ejecutado ha sido el cooperativismo de vivienda”, indicó.
Para González, lo ideal sería, como expresó anteriormente, “mover rubros” para depositarlos en un sistema como el cooperativo que desde hace más de 50 años construye hogares a lo largo y ancho del país. “Este modelo ha demostrado ser efectivo, con aciertos y errores, claro que siempre se puede mejorar, pero que, obviamente, es un programa efectivo para la gente y para el país y es una inversión segura”, dijo.
Por su parte, hay una serie de artículos que le preocupan a la Federación. Uno de ellos es el 166 en el que el Gobierno plantea que en caso de ser necesaria una intervención el Estado no debe hacerse cargo de los honorarios de los profesionales vinculados transfiriéndoselos a las cooperativas. Particularmente, al final de su redacción plantea que “será de cargo de la cooperativa, la cobertura de todo gasto u honorarios que corresponda abonar a los veedores y/o interventores con facultades específicas, interventor administrador o intervención con desplazamiento de autoridades, así como liquidadores o comisión liquidadora en caso de disolución y con relación al desempeño de las tareas propias de la medida y por el plazo que ésta dure, según lo establezca el Juez competente en atención a la gravedad y/o entidad de las irregularidades constatadas”.
El secretario General de Fucvam alertó que esto puede producirse en cualquier tipo de cooperativa y lo ejemplificó de la siguiente manera: “Supongamos que en una cooperativa hay una denuncia que se cree que hay robo, o que no están bien las actas o lo que sea. Ahora, este artículo lo judicializa inmediatamente. El juez, con toda razón, puede mandar a hacer una auditoría. La auditoría tiene un costo. En la historia del país, como es el Estado quien debe controlar, es el Estado también el que paga los honorarios de los profesionales respectivos. A través del artículo 166 lo que no puede delegar de ninguna manera al Estado lo va a hacer, delegándolo sobre las espaldas de las cooperativas, lo cual es inconcebible”.
Otro bloque de este proyecto de ley que inquieta a Fucvam es la serie de cambios que pretenden aplicarse sobre la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible promulgada el 18 de junio de 2008 que, según González, van “en línea directa” con un apoyo al mercado inmobiliario “para generar los llamados barrios privados en los que, obviamente, no van a vivir las personas que padecen el déficit habitacional”. “Acá hay todo un trabajo de arquitectura en cada uno de los artículos para beneficiar al mercado inmobiliario y que se puedan lotear tierras que hoy son rurales, que puedan pasar a urbanas sin ningún tipo de problema, a los efectos de favorecer el mercado inmobiliario”, denunció.
Además, narró que le han solicitado una audiencia al MEF para consultarle a sus autoridades si luego de todas las exoneraciones que se le hace a la industria de la construcción bajo la ley de vivienda promovida se va a exonerar también del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los materiales de construcción para las cooperativas de vivienda y del IVA en general al programa de cooperativas. “La industria de la construcción está exonerada de todo tipo de impuestos para construir viviendas que van de 120.000 dólares para arriba. Ahí no llega la gente que está verdaderamente en el déficit habitacional. Entonces, realmente es una Rendición de Cuentas que desembaraza al Estado cada vez más del problema de la vivienda”, argumentó.
Finalmente, expresó que la Dirección Nacional de Fucvam mantuvo una reunión con el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, el subsecretario de la cartera, Tabaré Hackenbruch, y con asesores del MVOT en donde manifestó preocupación de parte del nuevo secretario de Estado sobre la situación del déficit habitacional. “Hoy que se habla tanto de Derechos Humanos es fundamental tener en cuenta de una vez por todas que un derecho humano fundamental es la vivienda y que no puede seguir siendo tratada como una mercancía más”, concluyó.
La clave:
“Todos los jueves entre las 18 y las 19 horas en varias esquinas de Montevideo están presentes los integrantes de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) con propaganda y difusión sobre la campaña Por un verdadero Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) y vamos rumbo a la Asamblea Nacional el último domingo de julio donde se aprobará un plan de lucha frente a esta Rendición de Cuentas”.
Gustavo González – Secretario General de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam)
