Este miércoles, la organización mundial no gubernamental Human Rights Watch o HRW (Observatorio de los Derechos Humanos en español) presentó un informe llamado “Yo también quisiera disfrutar del verano”, que habla de las falencias en los sistemas de apoyo para personas con discapacidad en Uruguay.
El evento se realizó en el Hotel NH Montevideo Columbia en la ciudad de Montevideo, y contó con la presencia de la coordinadora de la oficina de HRW en Brasil, la abogada Renata Escudero; el Director asociado, de la División de Derechos de las Personas con Discapacidad de HRW, el también abogado Carlos Ríos Espinosa. Además, estuvieron presentes la Dra. Adriana Paciel, integrante de la red latinoamericana para la vida independiente; y la Sra. Lucía Machiarena, usuaria del Programa de Asistentes Personales; quienes contaron su experiencia personal como personas discapacitadas.
En el caso del Director Carlos Ríos, quien es experto en derechos internacionales de las personas con discapacidad, explicó que el informe se realizó durante el mes de agosto y septiembre del año 2023, donde se entrevistaron con 60 personas en los departamentos de Montevideo y Salto. Dentro de la muestra 30 tenían diferentes tipos de discapacidades y 25 de ellas no tenían acceso a servicios de asistencia personal. Además, se pusieron en contacto con trabajadores de asistencia personal, activistas de derechos humanos, funcionarios públicos y ONU mujeres.
Ríos afirma que “Uruguay es pionero en América Latina en la implementación de un sistema de apoyos para personas con discapacidad y personas mayores que está integrado en su sistema nacional de cuidados. Sin embargo, el programa tiene una gran cantidad de restricciones a la elegibilidad para adultos con discapacidad, y esto limita considerablemente su alcance”.
“En el informe pudimos notar que las restricciones relacionadas con la edad que impiden que las personas de entre 29 y 79 años (inclusive) accedan al programa de asistencia personal, el sistema de cuidados de Uruguay también excluye a quienes viven en instituciones”, enfatizó el Director. Agrega que muchas personas con discapacidad en el país, no reciben ningún apoyo pago del estado (a pesar de que el programa ofrece una pensión), “esto se debe a que la ley dice que tienen la edad equivocada, ya que es para personas menores de 29 años y de 80 en adelante. Además, las horas de apoyo que ofrecen los programas no son suficientes para vivir como ellos lo desean, resalta el estudio.
El especialista en derechos humanos recomendó que estas leyes y programas tienen que ser revisadas y transformadas a la realidad: “Se tiene que hacer una revisión por parte del Parlamento de Uruguay sobre de la Ley de cuidados para que haya un reconocimiento formal, también del derecho al apoyo para la vida independiente”.
“La comisión sobre los derechos de las personas con discapacidad se refiere a cuidados, únicamente cuando habla de niñas, niños y adolescentes, pero en el resto de los casos se trata de apoyos para que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente. Así mismo a INEFOP Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, fortalecer la preparación del personal que trabajan como asistentes sociales y al ministerio de Desarrollo social demostrar públicamente que el gobierno usa los mayores recursos en el área”, concluyó.
Las autoridades del Human Rights Watch afirmaron que le hicieron llegar el informe al Ministerio de Desarrollo Social: “El principal planteamiento es que el actual sistema no está hecho para personas con discapacidad, sino para personas dependientes. Por lo que el cambio de término representa un gran problema para la sociedad y es inadecuado antes del punto de vista jurídico”, cerró.
Experiencia de vida de personas discapacitadas.
Durante la conferencia de prensa Adriana y Lucía tomaron la palabra para hablar de su experiencia dentro del sistema de cuidados que existe en el país. En el caso de Adriana Paciel, comenta que no es elegible (por edad), para acceder al Programa de Asistentes Personales del sistema de cuidados, a pesar de tener una discapacidad física y aunque pudo ser elegible para Programa Apoyo Parcial, Paciel depende principalmente del apoyo de sus familiares para llevar adelante su vida personal y profesional, ya que la asistencia personal que proporciona el Estado es insuficiente para que las personas con discapacidad puedan vivir sus vidas plenamente
En el caso de Lucía Machiarena, una mujer de 33 años que tiene una discapacidad física y autismo, reunió los requisitos para el Programa de Asistentes Personales cuando tenía 27 años. Pero comentó que la relación con su asistente fue empeorando con el pasar de los días, hasta que en mayo de 2021, la asistente no se presentó nunca más a su trabajo y al día de hoy sigue cobrando por el BPS “como un persona que cumple sus funciones” por lo que resalta la falta de monitoreo del programa. “Yo llamé para exponer las situación a las autoridades y me dijeron que se trataba de un asunto privado que debían resolver con la asistente personal en forma directa y llegar a un acuerdo”, “Dependo por completo de la pensión que recibe por discapacidad, que destina casi en su totalidad al alquiler. he tenido que solicitar préstamos para cubrir sus otras obligaciones económicas. Debido a esto, no puedo pagar una indemnización por despido a su asistente personal”, explicó Lucía.
Leerá este artículo Ripoll. Está claro los DEFECTOS del cuidado de discapacitados y adultos limitando edades y descontrol. Pero critica al los candidatos del FA que dice no mencionan esto que el gobierno ahora no actúa correctamente Hagan se CARGO gobierno colorinche
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