Ayer se realizó una audiencia judicial para revalorar las medidas cautelares que la Justicia dictó contra los imputados en el caso conocido como “la violación de El Cordón”, donde una mujer de 30 años denunció abuso sexual por un grupo de hombres.
Como resultado de la instancia la jueza del caso, Blanca Riero, resolvió cambiar la medida actual, que era prisión preventiva, por arresto domiciliario. Esto sucedió luego de que el fiscal del caso, Raúl Iglesias, lo solicitara. De acuerdo con las palabras de Iglesias, buscó “proteger de una manera menos gravosa para los imputados” el proceso. Sin embargo, apuntó que no se descuida “la protección de la víctima”. “El objetivo de la fiscalía es que si aquí se cometió un delito, que los imputados paguen por ello. El objetivo es hacer justicia”, añadió.
Además de la medida de prisión domiciliaria la Justica impuso otras medidas de control, como es el uso de tobilleras electrónicas. Este dispositivo permite determinar la localización de estas personas. Esta medida revierte la decisión de cuatro jueces que resolvieron anteriormente al respecto de la misma. En primera instancia un magistrado resolvió imputar a los hombres y la medida cautelar pedida por la anterior fiscal del caso, Sylvia Lovesio.
Posteriormente, en segunda instancia, el tribunal colegiado de apelaciones compuesto por tres magistrados rechazó la apelación del abogado defensor de los imputados, Juan Williman.
