El gobierno boliviano cuantificó en más de 15 millones de dólares el impacto económico directo al crimen organizado tras la detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset la madrugada del viernes 13 de marzo. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, explicó que esta cifra representa el «daño económico» a la estructura de Marset por incautaciones de bienes, sin incluir objetos tecnológicos decomisados durante el operativo. Entre lo intervenido figuran dos aeródromos, 16 avionetas incluyendo una Beechcraft bimotor presumiblemente usada por Marset para desplazamientos, 54 kilos de marihuana, una decena de vehículos algunos blindados de alto nivel, una motocicleta de lujo, 21 armas sofisticadas y otras pertenencias. Además, se precintaron dos cajas fuertes de gran tamaño que serán abiertas bajo supervisión judicial.
El megaoperativo se inició en el barrio Las Palmas, una zona residencial de Santa Cruz, con allanamientos simultáneos en al menos tres viviendas. En la primera, contigua a Porongo, se capturó al equipo de seguridad de Marset compuesto por dos colombianos y un venezolano y una mujer uruguaya, pariente cercana del narco. En la segunda vivienda se detuvo a Marset sin resistencia armada ni bajas. El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, describió la acción como «el inicio de un megaoperativo que continuará en los próximos días y semanas». Se arrestó además a un brasileño ligado al Comando Vermelho, un chileno con antecedentes por narcotráfico y otras dos personas.
En paralelo, las fuerzas antidrogas activaron operativos de desarticulación logística en Santa Cruz, Copacabana y Riberalta Intervinieron 15 avionetas, un bimotor Beechcraft, hangares, depósitos de combustible de aviación y documentación en análisis. El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano Urenda, destacó el carácter transnacional. «La captura de un líder es importante, pero el verdadero desafío es desarticular las redes logísticas que permiten operar al narcotráfico» dijo. Estas acciones buscan cortar el soporte aéreo usado para traslado de droga y logística.
El gobierno boliviano gestionará la recompensa de hasta US$ 2 millones ofrecida por la DEA por información que llevara a su captura. El ministro de gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que iniciarán procedimientos con Washington para canalizar los fondos: primero a los policías involucrados en la investigación y operativo, y luego para fortalecer la institución policial, que enfrenta limitaciones presupuestarias. Bolivia ofrecía adicionalmente US$ 100.000 por su detención desde 2023.
Marset prófugo desde 2023, circulaba por Venezuela, Paraguay, Brasil y Bolivia donde tenía base en Santa Cruz. Acusado de mover toneladas de cocaína a Europa está requerido por lavado, narcotráfico y vínculos con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022. La DEA lo tenía en tercer lugar de prioridades desde febrero 2026.
Tras la captura, Marset fue expulsado de inmediato a EE.UU. vía aeropuerto Viru Viru en un vuel coordinado con DEA, que lo trasladó sin participación directa en la detención. El presidente Rodrigo Paz lo calificó como «hecho histórico» y «punto de inflexión» en la lucha contra mafias nacionales e internacionales, reafirmando la voluntad del gobierno.
El ministro paraguayo de Antidrogas, Jalil Rachid, advirtió que la caída de Marset abre riesgos políticos y empresariales en la región por posibles revelaciones. «Esto no es importante solo para Paraguay o Bolivia, es importante para toda la región». Señaló que la red de Marset manejaba grandes volúmenes de dinero y logística, infiltrando estructuras institucionales, políticas y de seguridad.
Se ve que el detenido no pudo arreglar con el nuevo gobierno boliviano.
Algunos ex jerarcas del HD no la debe estar pasando muy bien, Cardama, ahora Marset, a ver cual será el próximo capítulo.
Por suerte de los quince millones se pudo descontar el importe del pasaporte express.