El Parlamento uruguayo inició un camino poco habitual desde el retorno democrático en 1985: la conformación simultánea de dos comisiones preinvestigadoras en ambas Cámaras para analizar un mismo tema, en este caso, el contrato firmado entre el Estado uruguayo y el astillero español Francisco Cardama SA para la construcción de patrulleras oceánicas que el gobierno acaba de rescindir. Una de ellas fue impulsada por el Frente Amplio en el Senado, mientras que la otra fue promovida por el Partido Nacional en la Cámara de Diputados, con alcances temporales distintos y miradas políticas contrapuestas. Si las preinvestigadoras recomiendan avanzar, la Comisión Investigadora del Senado comenzaría a funcionar formalmente tras el inicio del período ordinario de sesiones, el próximo 1.º de marzo, cuando el tema sea incluido en el orden del día del plenario. Allí se definirá la integración definitiva y el alcance del trabajo que buscará esclarecer uno de los episodios más controvertidos en materia de contrataciones públicas recientes.
En el Senado, el senador del Frente Amplio Sebastián Sabini presentó formalmente este miércoles los fundamentos de la denuncia que dio origen a la Comisión Preinvestigadora. En su exposición, el legislador calificó el proceso como “una de las estafas más graves al Estado uruguayo en el siglo XXI”, al tiempo que sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar hacia una investigación parlamentaria de fondo.
La comisión preinvestigadora del Senado quedó integrada por los senadores Nicolás Viera y Eduardo Brenta, en representación del Frente Amplio, y por la senadora Graciela Bianchi, por el Partido Nacional. De acuerdo al reglamento de la Cámara Alta, el cuerpo dispone de 48 horas para analizar la pertinencia, seriedad y objeto de la denuncia, y emitir un dictamen que recomiende —o no— la creación de una Comisión Investigadora.
Paralelamente, en la Cámara de Diputados se conformó una segunda comisión preinvestigadora, promovida por el Partido Nacional. Este cuerpo está integrado por los diputados Joaquín Garlo y Alejandro Zavala por el Frente Amplio, y Juan José Olaizola por el Partido Nacional, y cuenta con el mismo plazo reglamentario de 48 horas para elevar su informe.
Diferencias de alcance y período investigado
Una de las principales diferencias entre ambas iniciativas es el alcance temporal de la investigación. En el caso del Senado, la propuesta del Frente Amplio delimita el período a analizar desde 2014 hasta la rescisión efectiva del contrato, lo que abarca tres administraciones de gobierno y coincide, según se argumentó, con el momento en que el Poder Ejecutivo manifestó públicamente la voluntad de dotar a la Armada Nacional de patrulleras oceánicas.
En cambio, la iniciativa impulsada por el Partido Nacional en Diputados propone retrotraer el análisis hasta 2005, ampliando de forma significativa el marco temporal del estudio. Desde filas nacionalistas se sostiene que esa extensión permitiría contextualizar mejor las decisiones estratégicas vinculadas a la defensa naval y a los procesos de adquisición de equipamiento militar.
Los argumentos del Frente Amplio
Según explicó Sabini, la denuncia presentada ante el Senado se sustenta en una serie de incumplimientos graves por parte de la empresa Cardama, así como en decisiones administrativas “difíciles de justificar”. Entre los principales puntos señalados se encuentran irregularidades en las garantías contractuales, fallas técnicas y administrativas, pagos realizados sin respaldo claro y un proceso de selección de la empresa que calificó como “incomprensible”.
El legislador subrayó que el objetivo de la comisión no es perseguir personas, sino defender los intereses del Estado uruguayo. En ese sentido, enumeró tres ejes centrales de la eventual investigación: establecer responsabilidades políticas y administrativas, identificar mecanismos para recuperar los recursos públicos comprometidos y dar una respuesta institucional ante el incumplimiento de la necesidad estratégica de proteger el mar territorial.
Sabini remarcó además que, de avanzar la investigadora, el Parlamento contará con herramientas suficientes para requerir información sensible, convocar a autoridades y analizar expedientes, incluso mediante sesiones reservadas si fuera necesario.
Expectativa de acuerdo político en el Senado
El senador Nicolás Viera informó en rueda de prensa que existe un principio de acuerdo entre los distintos sectores políticos sobre la seriedad de la denuncia y la necesidad de avanzar en una investigación parlamentaria. En esa línea, indicó que se procurará que el informe que debe presentarse ante la presidenta del Senado antes del viernes a las 8:30 sea único y respaldado por unanimidad, algo que, de concretarse, enviaría una señal política relevante.
Viera también sostuvo que el Senado es el ámbito adecuado para llevar adelante la investigación, dado que el tema ha tenido una trazabilidad constante en la Comisión de Defensa y porque allí integra la Cámara el exministro de Defensa Javier García, quien podría ser convocado para explicar decisiones adoptadas durante su gestión.
Objeciones de la oposición y acceso a la información
Durante el funcionamiento de la comisión preinvestigadora del Senado surgieron objeciones por parte de la oposición, particularmente en relación al acceso a la información. La senadora Graciela Bianchi dejó constancia de la disconformidad de su partido por el carácter reservado otorgado a parte de la documentación, entre ella el contenido de la denuncia penal presentada ante la Justicia.
Bianchi sostuvo que la comisión aún no ha tenido acceso completo al material presentado por el miembro denunciante y señaló que existen numerosas informaciones de prensa, algunas de ellas parciales, que deberán ser analizadas con cautela. No obstante, aclaró que hasta el momento no se emitirán juicios sobre las intenciones del Poder Ejecutivo ni del denunciante, en línea con el llamado a la prudencia formulado recientemente por el senador Pedro Bordaberry.
Desde el oficialismo se respondió que una eventual Comisión Investigadora cuenta con facultades legales para solicitar expedientes y recibir información bajo reserva, lo que permitiría a las autoridades brindar datos sensibles sin comprometer estrategias jurídicas en curso.
La investigadora en Diputados
En relación a la comisión impulsada por el Partido Nacional en Diputados, Bianchi recordó que el régimen bicameral habilita plenamente a cada Cámara a ejercer sus potestades investigativas. “Nadie puede impedir que la otra Cámara, que tiene exactamente las mismas facultades que el Senado, instale una comisión investigadora si así lo entiende”, señaló.
Por su parte, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez confirmó que su partido promoverá la creación de una preinvestigadora enfocada en analizar el proceso que culminó con la rescisión del contrato, ampliando el período de estudio hasta 2005. Desde la oposición se argumenta que esta mirada más amplia permitirá evaluar responsabilidades políticas más allá del último gobierno.
Las mejores pruebas deberían ser las confesiones veraces de las partes intervinientes. Difícil para sagitario. Plin..!
El contrato fué analizado (?) solamente por los doctores García y Castaingdebat (ambos médicos) mientras los doctores abogados (especialistas en contratación) Lacalle Pou, presidente y Ferrés secretario, estarían corriendo olas o firmando selfies. Lo que no se sabe es si existió alguna estipulación extra contrato, es decir verbal.