Luego de la aprobación el pasado 14 de mayo de la nueva ley de medios en forma “grave y urgente” por parte del Senado, numerosas organizaciones vinculadas a la temática de la libertad de prensa y expresión hicieron saber su descontento por razones de “forma y contenido”. En esta ocasión le tocó el turno a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) quien hizo público un comunicado expresando su preocupación.
El organismo manifestó su “fuerte preocupación” por la inclusión en la iniciativa de un artículo que obligaría a los medios a «brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos». “La Inddhh entiende que esto representa un grave peligro de vulneración al derecho de libre expresión: de votarse, implica de hecho la posibilidad de restringir la libertad de prensa”, sostiene el comunicado. El comunicado continúa afirmando que el referido artículo “atenta contra el goce de derechos por implicar la posibilidad de controlar los medios y por ende atentar contra el pluralismo de pensamiento”. Por otra parte aseguran que el artículo propuesto “se opone a lo que recomienda la normativa internacional sobre la materia, lo que dará lugar con certeza a que Uruguay reciba observaciones”.
El artículo en discordia es el N° 72 del proyecto normativo y fue incluido a instancias de Cabildo Abierto. Además de los principales referentes de la oposición también integrantes de la propia coalición de gobierno se han manifestado en su contra e incluso circula la versión de un eventual veto presidencial de llegar a ser aprobado.
Oposición y organizaciones civiles
Por su parte organizaciones como Cainfo, dedicada al derecho de acceso a la información pública también hizo oír su voz en el momento de la aprobación. Fabian Werner, presidente de esta asociación civil, dijo a Diario La R luego de la sanción legislativa, que se trata de un “retroceso muy grande en materia de Ddhh para el Uruguay y un desconocimiento absoluto de los estándares internacionales sobre libertad de expresión”. Para Werner la normativa también “desconoce los mecanismos de participación ciudadana, de la academia y de la organización ciudadana” y que es “negativa para los periodistas en general”.
La nueva Ley de Medios aprobada “habilitará el aumento de la concentración de medios y la eliminación de la participación pública y control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias”, afirmó por su parte la red Alianza Regional que nuclea a 17 organizaciones de comunicación provenientes de 15 países de las américas. Como el proyecto no pasó previamente por una comisión legislativa del Senado ni se notificó a los coordinadores de la bancada de la oposición que el texto sería discutido, los legisladores del Frente Amplio criticaron también la propuesta de ley por “razones de forma”. La propia presidenta de la Cámara, la vicepresidenta Beatriz Argimón, se vio obligada a aclarar que tampoco había sido informada sobre la incorporación del proyecto, aunque entendía que los legisladores tenían derecho a hacerlo. Más allá de que el proyecto de ley ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, deberá volver a la Cámara Baja para su aprobación final debido a las modificaciones realizadas en esta instancia.
