La Comisión Especial Investigadora de la Asamblea General que durante seis meses analizó el proceso de adquisición y posterior rescisión del contrato para la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada Nacional llegará este lunes a su etapa final con la comparecencia de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. Sin embargo, el cierre de las actuaciones parlamentarias no significará el final del caso, que podría derivar en nuevas actuaciones judiciales y mantiene abierto un fuerte enfrentamiento político entre oficialismo y oposición.
El senador del Frente Amplio Eduardo Brenta, integrante de la comisión investigadora, confirmó a Diario La R que la comparecencia de Lazo marcará el fin de la etapa de recepción de testimonios y adelantó que la bancada oficialista analiza la posibilidad de promover una nueva denuncia penal a partir de los elementos surgidos durante la investigación parlamentaria. Por otra parte, con la comparecencia descartada del propietario del astillero Mario Cardama y la sesión de este lunes prevista como la última instancia de recepción de testimonios, la comisión dará por concluida su labor investigativa. En paralelo, la documentación recopilada durante estos seis meses pasará a integrar el expediente que analiza la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, mientras la oposición aguarda con expectativa la comparecencia de Lazo y adelanta un fuerte interrogatorio.
La comisión investigadora comenzó a funcionar el 25 de febrero de este año, luego de que la Asamblea General aprobara su creación dos días antes, con el cometido de analizar las actuaciones desarrolladas entre 2010 y 2026 vinculadas a la contratación de las dos patrulleras oceánicas y la posterior rescisión del contrato.
Durante casi seis meses comparecieron exministros de Defensa, autoridades del actual gobierno, un excomandante y contralmirantes de la Armada, en actividad y situación de retiro, asesores jurídicos, representantes del estudio Delpiazzo y otros actores vinculados al proceso de la contratación.
El objetivo fue determinar si existieron responsabilidades políticas y administrativas en una operación que terminó frustrada luego de que el actual gobierno resolviera rescindir el contrato con el astillero español y promoviera acciones judiciales por las presuntas irregularidades detectadas en las garantías presentadas por la empresa.
Brenta: «La Justicia va a intervenir»
Consultado sobre el balance preliminar de la investigación, Brenta sostuvo que el cierre de la comisión no implica el final del proceso de análisis del caso. Recordó que el fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, ya solicitó formalmente al Parlamento las versiones taquigráficas y la documentación generada por la comisión, lo que, a su juicio, confirma que la investigación judicial continuará avanzando.
«La Justicia va a desembocar seguro porque el fiscal pidió toda la documentación», afirmó el legislador. Brenta explicó que, una vez concluida la etapa investigativa, la comisión deberá designar miembros informantes que elaborarán un informe en mayoría y otro en minoría para ser considerados por la Asamblea General.
Será en esa instancia cuando el Frente Amplio definirá si, además de respaldar la actuación de la Fiscalía, presenta una nueva denuncia penal basada en los elementos surgidos durante el trabajo parlamentario.
«Tenemos que evaluar internamente si encontramos elementos que ameriten una nueva denuncia o una ampliación de la denuncia en términos penales», señaló. Aunque aclaró que esa decisión aún no fue adoptada, reconoció que, en su opinión, existen elementos que justifican estudiar esa posibilidad.
Brenta identificó varios aspectos que, a juicio del oficialismo, generan serias interrogantes sobre el proceso que culminó con la adjudicación del contrato al astillero español. Entre ellos mencionó la elección de Cardama pese a que, según sostuvo, existían dudas sobre la experiencia del astillero para construir este tipo de embarcaciones.
También cuestionó el manejo de las garantías exigidas durante el proceso contractual, calificándolo como «muy desprolijo», y señaló que la sucesiva concesión de prórrogas para presentar la documentación requerida constituye uno de los aspectos que más preocupan al Frente Amplio. El senador hizo hincapié en que, según la información recopilada por la comisión, una de las garantías presentadas volvió a provenir de Eurocommerce aun cuando ya existían cuestionamientos sobre su validez, circunstancia que, dijo, merece un análisis exhaustivo por parte de la Justicia.
Asimismo, consideró que el diseño contractual terminó limitando la capacidad de intervención de las autoridades políticas, al delegar determinadas decisiones operativas en la Armada Nacional.
«Fuerte interrogatorio a Lazo»
En la antesala de la última sesión de la Comisión Especial Investigadora sobre la compra y posterior rescisión del contrato para la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV), el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala adelantó que la comparecencia de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, estará marcada por un amplio cuestionario sobre las decisiones adoptadas por el actual gobierno.
A través de una serie de publicaciones en la red social X, Abdala afirmó que la presencia de la ministra era esperada «con gran expectativa» y sostuvo que el proceso que culminó con la rescisión del contrato con el astillero español Francisco Cardama S.A. será el eje central de la comparecencia.
El legislador adelantó que consultará a Lazo sobre lo que considera «contradicciones, decisiones infundadas y, aún, probables ilegalidades» en las que habría incurrido el Poder Ejecutivo durante el proceso.
Asimismo, señaló que pedirá explicaciones sobre el «aparente desplazamiento» que, a su juicio, sufrió la ministra en la toma de decisiones por parte de la Presidencia de la República.
Entre los temas que anunció que planteará figuran las «marchas y contramarchas» respecto a la ejecución del contrato y los pagos efectuados, los fundamentos de las resoluciones adoptadas en febrero, el trámite de pronto despacho que las precedió y la conformación de un grupo de trabajo en el Ministerio de Defensa que calificó como «irregular» y que, según expresó, «operó en las sombras». Abdala sostuvo que sus interrogantes se apoyarán en los testimonios recogidos durante los últimos seis meses por la comisión investigadora, tanto de autoridades civiles como militares, así como en declaraciones públicas formuladas por la propia ministra. «Preguntaremos y escucharemos con respeto, aunque hay hechos que ya parecen bastante probados y notorios», concluyó el legislador nacionalista.
Choque en las redes en la previa
La previa de la comparecencia de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, ante la Comisión Especial Investigadora por el caso Cardama también se trasladó a las redes sociales, donde la senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian y el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala protagonizaron un intercambio de mensajes.
Kechichian respondió a las publicaciones en las que Abdala anticipó que interrogará a la ministra sobre el proceso que culminó con la rescisión del contrato para la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV). «Antes de sacar conclusiones espere a escuchar a la ministra», escribió la legisladora oficialista. La senadora agregó que «lo que nunca podrá escuchar es la palabra del empresario Cardama porque se ha negado sistemáticamente a comparecer», y sostuvo que tampoco se ha explicado «por qué aceptaron una garantía trucha por donde se la mire», en referencia a uno de los principales cuestionamientos surgidos durante la investigación parlamentaria.
Abdala respondió poco después, rechazando que hubiera adelantado conclusiones sobre la comparecencia de la ministra. «Yo no saco conclusiones, senadora, pero usted no se ataje. Esperemos ambos la instancia de mañana», expresó.
El legislador nacionalista sostuvo además que en su publicación original ya había señalado que la oposición escucharía las explicaciones de Lazo «como corresponde», aunque insistió en que existen aspectos que, a su juicio, ya están suficientemente acreditados. Entre ellos mencionó la «conformación de un grupo de investigación en el ministerio con cuadros partidarios sin vínculo funcional», situación que calificó de «ilegal» y que, según afirmó, «no lo puede cambiar ninguna declaración de la ministra».
La ausencia de Cardama
Mario Cardama, el propietario del astillero ubicado en Vigo, comunicó por escrito que no asistiría a la convocatoria debido a las limitaciones derivadas del arbitraje internacional en curso y a compromisos de confidencialidad, ofreciendo responder únicamente mediante consultas escritas.
Brenta confirmó que la comisión había solicitado su comparecencia presencial y consideró que esa modalidad habría resultado más útil para el trabajo parlamentario, especialmente por encontrarse la investigación en su fase final. La respuesta fue remitida por correo electrónico el viernes 31 de julio y está dirigida a la secretaría de la comisión parlamentaria. En ella, Cardama agradece la invitación y reitera la disposición de la empresa a colaborar con la investigación, aunque sostiene que existen impedimentos para participar de una comparecencia presencial.
Según expresa en la nota, «limitaciones propias del marco arbitral y otras originadas en compromisos de confidencialidad» impiden que el intercambio pueda desarrollarse «en ese marco de espontaneidad propuesto». No obstante, el empresario español plantea una alternativa a la comisión investigadora. Señala que, si los legisladores remiten sus consultas por escrito, el astillero realizará «el máximo esfuerzo» para responderlas también por esa vía. Brenta sostuvo que esa posibilidad será analizada este lunes en el seno de la Comisión.
