La institución ha indicado en un comunicado que no ha autorizado ninguna entrevista dentro del centro penitenciario en el que Castillo se encuentra preso y que el exmandatario solo tiene derecho a comunicarse con sus familiares y amigos y a recibir visitas, según ha informado “La República”.
Asimismo, ha señalado que el código de ejecución penal expresa que, si bien las comunicaciones constituyen un derecho de toda persona privada de libertad, estas deben darse dentro del parámetro y objetivos que persigue el tratamiento penitenciario, lo cual excluye aquellos de naturaleza política o proselitista.
La denuncia del INPE tiene lugar después de que el expresidente haya ofrecido una entrevista en exclusiva al diario español “El Salto”, donde ha defendido su anuncio de disolución del Congreso de Perú y ha asegurado que es víctima de un complot organizado por la derecha peruana.
Este es el segundo proceso administrativo abierto por el INPE contra el exmandatario, ya que el pasado 26 de enero determinó que había llevado a cabo una falta disciplinaria por publicar una carta firmada en la red social Twitter. Tras ello, el Consejo Técnico Penitenciario inició una investigación para determinar alguna responsabilidad conforme a la ley, según recoge el citado diario.
