La comisión investigadora parlamentaria sobre la adquisición de dos patrulleras oceánicas (OPV) al astillero español Francisco Cardama S.A. vivirá este lunes una de sus jornadas de mayor relevancia política con la comparecencia, por primera vez, del exministro de Defensa Nacional y actual senador del Partido Nacional, Javier García.
La presencia del exsecretario de Estado constituye un punto de inflexión en una investigación que procura esclarecer todo el proceso de contratación, desde las actuaciones iniciadas durante el anterior gobierno hasta la decisión de la actual administración de Yamandú Orsi de rescindir el contrato, promover acciones civiles y presentar una denuncia penal por presuntas irregularidades.
García llega a la comisión como uno de los principales responsables políticos de un proceso que comenzó durante su gestión y que terminó con la firma, en diciembre de 2023, del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas destinadas a la Armada Nacional por unos US$ 92 millones. Desde que el Poder Ejecutivo resolvió dejar sin efecto el acuerdo con Cardama, el exministro ha rechazado sistemáticamente los cuestionamientos formulados por las actuales autoridades del Ministerio de Defensa y ha sostenido que la decisión obedeció a razones exclusivamente políticas. En reiteradas declaraciones públicas, García afirmó que el Frente Amplio nunca compartió la decisión de adquirir las patrulleras al astillero español y que buscó argumentos para deshacer una contratación que, a su juicio, era estratégica para recuperar las capacidades de vigilancia marítima del país.
El senador ha insistido en que las embarcaciones se encontraban en una etapa avanzada de construcción y que la rescisión expone al Estado uruguayo a eventuales litigios internacionales, además de retrasar durante años la incorporación de medios navales imprescindibles para la Armada Nacional. Según su posición, la discusión sobre las garantías contractuales no justificaba la cancelación del negocio y podía haberse resuelto sin comprometer la continuidad del proyecto. El exministro ha sostenido que la elección de Cardama respondió a criterios técnicos elaborados por la Armada Nacional y que el proceso contó con informes favorables de organismos internacionales, entre ellos Bureau Veritas, respecto al avance constructivo de los buques.
Asimismo, ha recordado que la necesidad de incorporar patrulleras oceánicas constituye una aspiración de más de dos décadas y que el propio Senado había respaldado anteriormente la necesidad de concretar esa adquisición. Para García, cancelar el contrato implica dejar nuevamente a la Armada sin los medios necesarios para ejercer adecuadamente el control de la zona económica exclusiva, proteger los recursos pesqueros y combatir actividades ilícitas en aguas jurisdiccionales.
Su comparecencia también estará marcada por las críticas que ha formulado durante los últimos meses al gobierno por, según sostiene, ocultar documentación a la comisión investigadora y boicotear deliberadamente el contrato firmado con Cardama.
Las críticas del gobierno
La postura del actual gobierno es diametralmente opuesta. Tras una auditoría administrativa, el Poder Ejecutivo resolvió rescindir el contrato al entender que existieron incumplimientos graves vinculados, principalmente, a las garantías de fiel cumplimiento y de anticipo financiero. Las autoridades sostienen que cuando intentaron ejecutar una de esas garantías comprobaron que el aval había sido emitido por una empresa sin respaldo real, considerada una «empresa de papel», situación que derivó posteriormente en la presentación de una denuncia penal para determinar si existió un intento de fraude contra el Estado.
Junto con la rescisión contractual, el gobierno resolvió impulsar acciones judiciales por daños y perjuicios, recuperar los recursos públicos comprometidos y mantener abierta la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento para concretar la compra de las patrulleras que la Armada considera necesarias para el control del mar territorial.
El presidente Yamandú Orsi ha señalado que el objetivo es preservar el patrimonio público y determinar las responsabilidades institucionales correspondientes.
La comisión investigadora comenzó a funcionar el 24 de febrero de este año y ya recibió a más de una decena de comparecientes, entre exjerarcas, autoridades ministeriales, oficiales de la Armada y asesores jurídicos. El listado de convocados supera las cincuenta personas.
En tanto, el propietario del astillero español Cardama rechazó concurrir personalmente al Parlamento y solicitó responder las consultas por escrito. Durante su comparecencia, se espera que García vuelva a defender el procedimiento seguido durante su gestión.
El testimonio de Wilson
Uno de los testimonios más relevantes recibidos por la comisión fue el del excomandante en jefe de la Armada, almirante retirado Jorge Wilson, quien asumió plenamente la responsabilidad de haber recomendado la selección del astillero español Cardama.
Wilson explicó que, luego de varios intentos frustrados para incorporar patrulleras oceánicas, la Armada reformuló los requisitos técnicos y analizó ocho ofertas internacionales provenientes de distintos países. Según relató, Cardama terminó siendo la alternativa que ofrecía el mejor equilibrio entre capacidades operativas, precio y plazos de entrega.
«La recomendación al ministerio fue mía», afirmó el exjerarca.
Por otra parte, en sentido contrario, declaró el contralmirante retirado Gustavo Musso, quien ratificó las advertencias que había formulado en 2023 acerca de la conveniencia de adjudicar el contrato a Cardama.
Otro de los comparecientes fue el exdirector general de Secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, cuyo testimonio abrió un nuevo frente de discusión política.
Martínez confirmó que el Ministerio no recurrió a controles financieros especializados para verificar la autenticidad de las garantías presentadas por la empresa española y explicó que ese tipo de verificaciones no integraban los procedimientos habituales de la cartera.
Mientras el diputado nacionalista Pablo Abdala sostuvo que esas declaraciones demostraban que el procedimiento administrativo había respetado los criterios jurídicos existentes, el diputado frenteamplista Joaquín Garlo entendió que el testimonio confirmaba la ausencia de controles suficientes sobre una contratación millonaria.
La comisión investigadora continuará durante las próximas semanas con nuevas comparecencias como la del exministro Armando Castaingdebat y la actual ministra de Defensa, Sandra Lazo, así como la del propietario del astillero, Mario Cardama (quien aceptó responder preguntas por escrito), antes de comenzar la elaboración de las conclusiones políticas sobre uno de los procesos de contratación pública más controvertidos de los últimos años.
El estudio Delpiazzo aportó documentos clave para reconstruir el expediente
La comparecencia de los representantes del estudio jurídico Delpiazzo constituyó uno de los capítulos más relevantes de la comisión investigadora, al aportar documentación que permitió reconstruir buena parte del expediente relacionado con la contratación de las patrulleras oceánicas.
Los abogados confirmaron que durante 2024 habían advertido reiteradamente al Ministerio de Defensa sobre irregularidades en el cumplimiento del contrato y calificaron el procedimiento seguido por la empresa española como «desprolijo».
Según expusieron ante los legisladores, ya en agosto de ese año recomendaron formalmente dejar sin efecto el contrato debido a las dificultades para constituir correctamente las garantías exigidas y a los reiterados incumplimientos detectados.
Durante su comparecencia entregaron correos electrónicos, chats y otros documentos que, según explicaron, permitieron reconstruir actuaciones que no se encontraban fácilmente disponibles cuando asumieron las nuevas autoridades ministeriales.
La investigadora se demoró un poco, debió ser el primer convocado. Claro que sus argumentos iban a ser los mismos pero le dieron tiempo a preparar su novela. La de Cardama también iba a resultar interesante para comprobar la realidad del «negocio» de las lanchas.
Seguro se ampara en los fueros o se manda algún verso.
Es verdad este caradura debió ser el primero en llamar a esa comisión de investigación que inventaron, que hasta el momento no dio ninguna respuesta solo hacen y harán intentar entreverar con constantes chicanas para tapar todo esa gran estafa a la que metieron al estado uruguayo por la avidez de beneficios propios, así que no esperamos nada de que este hábil declarante, mentira descaradamente y no sacaran nada a la luz, este caso ya esta en la justicia que es el órgano competente para una investigación, si lo que tiene claro la población que este ex ministro ya tendría que estar preso hace tiempo y que obviamente no confiamos absolutamente en esa comisión parlamentaria la cual se seguirá perdiendo el tiempo para embarrar la cancha