El evento convocado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDE contó con la presencia de la Ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, la Dra. Karina Rando, ex ministra de Salud Pública y actual decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de UDE, la Dra. Viviana Domínguez directora del FNR. Además de la Dra. Alicia Ferreira, Presidenta del FNR Adjunta a la Ministra de Salud Pública, el Mag. Daniel Olesker, Ex Ministro de Salud Pública y actual Vicepresidente de ASSE. También el Cr. Daniel Porcaro representante de IAMC Montevideo, la Cra. Alicia Rossi Ex Directora General del SNIS y el Sr. Carlos Vallejo Presidente de la Cámara de Seguros Privados.
En sus palabras introductorias, Karina Rando refirió que el sistema de salud tiene como base una política de Estado basada en la solidaridad, la equidad y el compromiso con el bienestar de la población. “A lo largo de los años, el SNIS se ha sostenido en el tiempo y ha consolidado bases significativas, tanto en cobertura, acceso y protección financiera”. Sostuvo que los sistemas sanitarios no admiten una interrupción abrupta cada cinco años, sino que requieren revisión a largo plazo y estabilidad en sus lineamientos estratégicos, con capacidad de adaptación a nuevos escenarios epidemiológicos, tecnológicos y sociales. Enfatizó que el sistema presenta una amplia cobertura poblacional a través del seguro de salud, un conjunto explícito de prestaciones garantizadas por el PIAS, y una red de prestadores integrada por componentes públicos y privados.
“Sin embargo, también tenemos que reconocer que nos enfrentamos a desafíos muy significativos: la sostenibilidad financiera, el envejecimiento poblacional, el aumento de las enfermedades crónicas, la incorporación de tecnologías de alto costo y el crecimiento de las expectativas de los usuarios. Todo esto genera presiones constantes sobre el sistema y sobre los recursos disponibles”, detalló Rando. Resaltó la necesidad de revisar los aportes de FONASA, las barreras de acceso asociadas a listas de espera prolongada, la escasez de especialistas y la discusión sobre la inclusión de todos los prestadores públicos, algunos de los cuales no están en el sistema o están de forma diferente al resto de las instituciones.
Daniel Olesker expuso tres conclusiones principales. Primero, destacó el carácter “altamente redistributivo” del modelo. Cada individuo contribuye según sus ingresos y accede según sus necesidades. Este principio de solidaridad ha sido fundamental para disminuir desigualdades en el acceso. Segundo, señaló que el financiamiento proveniente de Rentas Generales se ha mantenido constante y dentro de los límites previstos en el diseño original, lo que demuestra la viabilidad financiera del modelo. Tercero, advirtió que, aunque el sistema tiene bases sólidas, hay espacio para ajustes: incorporar nuevos servicios por cambios demográficos y epidemiológicos, mejorar la eficiencia, disminuir la doble cobertura y fortalecer la cooperación entre proveedores públicos y privados para evitar duplicación de gastos.
Alicia Rossi explicó que FONASA se ha convertido en el pilar del SNIS, logrando una cobertura universal a través del seguro público, la sanidad militar y policial, o el sector privado. El sistema, financiado por trabajadores formales, empresas y el Estado, experimentó un crecimiento notable. La distribución de afiliados muestra una ligera migración donde las instituciones de asistencia médica colectiva han perdido terreno frente a un crecimiento moderado de los seguros privados y, sobre todo, del sector público. Un dato llamativo es que el total de coberturas registradas supera al número de personas, lo que indica que muchos ciudadanos poseen más de un amparo.
La mayoría de quienes tienen coberturas múltiples incluye al sector público como una de ellas, lo que genera complejidades en el registro y en la asignación de recursos. El PIAS, que establece el catálogo de prestaciones garantizadas, es actualizado por el MSP cuando la evidencia científica lo justifica. Sin embargo, los especialistas advierten que la incorporación de nuevas prestaciones requiere un ajuste en el mecanismo de pago a los prestadores. Si no se ajustan los fondos para financiar las nuevas prestaciones, se genera una brecha creciente entre los derechos declarados y la capacidad real de las instituciones para sostenerlos.
La ministra Cristina Lustemberg resumió que FONASA, creado en el primer gobierno del Frente Amplio, integró a todos los participantes sociales: patronales, trabajadores activos, jubilados, pensionados y funcionarios públicos, con excepción de la dualidad de uso de sanidad policial y militar. La JUNASA creció en el tipo de cobertura de cirugías, tratamientos para enfermedades raras, salud mental y políticas para la comunidad artrítica. El Fondo Nacional de Recursos genera recursos activos sobre el PIAS. El Ministerio se ha impuesto el objetivo de incorporar 30 nuevos medicamentos al PIAS durante el quinquenio.
En cuanto a las cápitas, luego de casi 11 años sin ajustes, se realizó un aumento significativo para achicar la brecha de financiamiento que las mutualistas reclamaban. Lustemberg señaló que las mutualistas venden servicios de valor agregado no cubiertos por FONASA ni por el FNR, como emergencia médica móvil, servicios de cuidado y acompañante, lo que genera un flujo de dinero privado que ayuda a sortear algunas dificultades de financiamiento. El Ministerio trabaja en solidificar el sistema mutual, especialmente en aquellas mutualistas con desfasaje económico y problemas de fideicomisos. Se busca optimizar la calidad administrativa desde el Estado, pero las mutualistas necesitan una revalorización interna de sus costos, gastos y proveedores. El Estado está reasignando el análisis de proveedores, ya que los insumos médicos quedaron valorados en cifras excesivas tras la pandemia.
El Ministerio negocia con proveedores nacionales e importados para abaratar costos para ASSE, que es el prestador mayoritario del servicio de salud dentro de FONASA y también atiende a personas sin cobertura. Lustemberg abogó por una mayor integración de toda la red de hospitales y policlínicas del interior, tanto públicas como privadas, para que el sistema integrado sea verdaderamente integrado, ya que a los prestadores privados a veces les cuesta la transversalidad de servicios con otras mutuales o con el Estado.
Hizo hincapié en la importancia de la prevención mediante análisis de laboratorio para evitar que el paciente caiga en una derivación crónica a especialistas, que es la red más cara del sistema. Manifestó que al sistema hay que hacer ajustes económicos y que el sector privado debe lograr una reestructura: algunas mutualistas gastan en rubros excesivos donde podrían ahorrar. El Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, trabaja en planes activos de salida para las mutualistas en crisis financiera, sea de gestión o económica.
