La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar el planteo presentado por las defensas de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes permanecen bajo investigación por su presunta participación en el lanzamiento y posterior derrumbe de $LIBRA, la criptomoneda que ganó visibilidad pública luego de que el presidente Javier Milei compartiera una publicación promocional en la red social X. Esa intervención presidencial, según denunciantes e inversores afectados, habría funcionado como un poderoso disparador para el ingreso masivo de pequeños ahorristas que confiaron en la viabilidad del proyecto.
Los acusados buscaban excluir del expediente a los damnificados representados por el abogado y diputado Juan Grabois, a quienes pretendían apartar como querellantes. Sin embargo, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti entendieron que el recurso de queja presentado por las defensas no se dirigía contra una sentencia definitiva ni susceptible de revisión en esta instancia. Esa falta de definitividad —criterio clásico para habilitar la intervención de la Corte— fue determinante para que el máximo tribunal rechazará la presentación.
El expediente, cuya investigación está delegada en el fiscal federal Eduardo Taiano, busca determinar si detrás de $LIBRA existió una maniobra de rug pull, una práctica fraudulenta cada vez más frecuente en el ecosistema cripto. En este tipo de esquemas, los desarrolladores inflan artificialmente el valor del token mediante campañas de publicidad agresivas, aportes internos o movimientos financieros coordinados, para luego retirarse abruptamente, provocar el desplome del precio y obtener ganancias extraordinarias a costa de miles de inversores minoristas.
En medio del avance de la investigación, la ciudadana bielorrusa Krasutskaya Sviatlana Vitalievna se presentó ante el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi para solicitar su incorporación como particular damnificada. Según sostuvo en su presentación, perdió US$ 1.768.079 luego de ingresar al proyecto en un momento de gran difusión pública, alentada por las expresiones de Milei, quien en ese momento calificó a $LIBRA como un desarrollo capaz de contribuir al crecimiento económico argentino y atraer inversión tecnológica.
La disputa sobre quiénes pueden participar como querellantes ha sido uno de los ejes centrales del caso desde principios de 2025. En febrero de ese año, la jueza María Servini, quien inicialmente intervino en el expediente, rechazó el pedido de tres inversores patrocinados por Grabois y otros abogados. Su decisión se fundaba en que el proceso se encontraba en una etapa preliminar y, a su entender, la existencia del delito aún no estaba suficientemente configurada como para habilitar la acción particular.
Sin embargo, la Cámara Federal porteña revocó aquella resolución con un argumento que amplió la perspectiva de participación: concluyó que la legitimación activa de los damnificados no depende de que el delito esté acreditado, sino del relato inicial que motiva la investigación y que los vincula directamente con el presunto perjuicio. Ese criterio abrió la puerta para que un número creciente de inversores intentaran sumarse como querellantes.
Tras esta derrota, las defensas recurrieron a la Cámara de Casación, pero la instancia superior mantuvo el criterio de la Cámara Federal. Luego de otro revés, Novelli y Terrones Godoy intentaron llegar a la Corte Suprema mediante un recurso de queja, denunciando supuestas arbitrariedades y alegando violaciones al debido proceso. No obstante, el máximo tribunal rechazó la presentación por unanimidad, dejando firme la intervención de Grabois como representante de los damnificados.
El fallo de la Corte tiene un efecto inmediato: devuelve la responsabilidad al juez Martínez De Giorgi, quien ahora deberá resolver si acepta la incorporación de Vitalievna como nueva querellante y si sostiene su reclamo de ampliar el embargo sobre los bienes del impulsor del proyecto, Hayden Davis. La denunciante calificó como “irrisoria” e “irracional” la cifra actual de la medida cautelar —un embargo de apenas US$ 25.000— en comparación con el volumen de dinero que cientos de inversores aseguran haber perdido.
Mientras tanto, el expediente continúa acumulando declaraciones, presentaciones y peritajes técnicos sobre el funcionamiento real de $LIBRA, la estructura que la respaldaba y los flujos financieros que podrían demostrar si hubo una maniobra deliberada para atraer inversiones, inflar artificialmente el valor del token y luego abandonarlo. El desenlace judicial, según fuentes de la causa, aún podría demorar varios meses, en un contexto donde crece la presión de los damnificados para acelerar las medidas cautelares y avanzar hacia imputaciones más concretas.
