Durante dos días de debates intensos, más de un centenar de juristas provenientes de 35 países se reunieron en la capital venezolana para analizar lo que describieron como “la mayor amenaza a la estabilidad del Caribe en más de una década”. El Encuentro Internacional de Juristas en Defensa del Derecho Internacional, organizado por Urcos, se desarrolló entre conferencias magistrales, mesas redondas y actos culturales que buscaron poner en perspectiva histórica y jurídica el nuevo ciclo de tensiones militares en la región.
El ambiente en el auditorio —una mezcla de sobriedad académica y urgencia política— dejó en claro que el evento no pretendía ser una simple instancia académica. Desde el inicio, las intervenciones subrayaron la preocupación por la actuación unilateral de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en aguas caribeñas, especialmente tras los recientes episodios de ejecuciones extrajudiciales que, según los participantes, “carecen de todo sustento jurídico y violan de manera frontal los principios básicos del derecho internacional”.
La coordinación y trabajo de los grupos estuvo a cargo de la reconocida Jurista Argentina Dra. Claudia Viviana Rocca que participó como panelista y expositora en el encuentro .
Un diagnóstico compartido
A lo largo de los paneles temáticos, juristas, diplomáticos y especialistas en geopolítica coincidieron en que la región atraviesa una coyuntura particularmente delicada. Las operaciones militares en el Caribe, la presión económica y diplomática sobre varios gobiernos latinoamericanos y la fragilidad de los mecanismos multilaterales aparecen, según el consenso del encuentro, como los ejes centrales de una “crisis en desarrollo”.
Las voces provenientes de Europa, África y Asia aportaron una mirada comparada: recordaron situaciones similares en otros continentes donde la erosión del derecho internacional pavimentó el camino para conflictos de larga duración. En este sentido, varios expositores alertaron sobre el riesgo de que el Caribe se convierta en “un laboratorio para nuevos modelos de intervención”.
Multilateralismo en disputa
Uno de los puntos más desarrollados en los plenarios fue el retroceso del multilateralismo en América Latina. Varias intervenciones señalaron que organismos creados para preservar el diálogo político, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), se encuentran debilitados y con poca capacidad de respuesta ante crisis que afectan directamente a la región.
La referencia a la proclamación de la CELAC de 2014 —en la que la región fue declarada zona de paz— apareció de forma reiterada como símbolo de un compromiso que, según los juristas presentes, debe ser reactivado con urgencia.
Una declaración con tono de advertencia
En el tramo final del encuentro, y tras un proceso de deliberación cerrado, los participantes aprobaron una Declaración Internacional cuyo contenido tiene un tono contundente. El documento condena “toda forma de injerencia, agresión o medidas coercitivas unilaterales” e insiste en la necesidad de volver al marco de la Carta de Naciones Unidas como único espacio legítimo para la resolución de controversias.
La declaración también exhorta al Gobierno de Estados Unidos a cesar sus operaciones militares en el Caribe, y anunció la conformación de una liga internacional de juristas que evaluará la presentación de denuncias formales ante organismos competentes.
Otro de los puntos sustantivos es el llamado a activar campañas de sensibilización pública. La intención es que la discusión no quede confinada al ámbito técnico, sino que se incorpore a la agenda social y política de los países involucrados.
Las y los más de cien juristas reunidos en Caracas, los días 13 y 14 de noviembre del 2025, pertenecientes a 35 países del mundo, luego de un fructífero debate e intercambio, expresamos la siguientes conclusiones y propuestas:
Condenar de manera categórica toda forma de injerencia, coerción, medidas coercitivas unilaterales o agresión que vulnere la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
Exigir el respeto irrestricto del Derecho Internacional, los tratados bilaterales y multilaterales, y las Cartas de Naciones Unidas como única vía para la resolución pacífica de las controversias.
Convocar a la comunidad de juristas de nuestros países y de todos los que integran las Naciones Unidas a vigilar y denunciar ante las instancias correspondientes las violaciones al Derecho Internacional que pongan en peligro la estabilidad del Caribe y del mundo.
Expresar la debida preocupación y rechazo frente a las recientes ejecuciones extrajudiciales fuera de todo ámbito de derechos que han ocurrido en el mar Caribe por acción unilateral de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, que resultan, en todo sentido y en todas sus partes, violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional.
Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos a cesar sus operaciones militares en el mar Caribe y las amenazas contra la región de América Latina.
Conformar una liga amplia de juristas en defensa del Derecho Internacional, con la finalidad de evaluar los medios necesarios para presentar formalmente una denuncia ante instancias internacionales competentes por la amenaza de los Estados Unidos de América en el Caribe.
Reactivar con fuerza el multilateralismo regional por las graves amenazas en el Caribe por parte de los Estados Unidos, así como a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que cumpla con la proclama de enero de 2014, en la que se declara la región como zona de paz.
Exigir a los gobiernos del mundo asumir una posición clara y de condena ante la violación del Derecho Internacional y la escalada de violencia imperial contra la República Bolivariana de Venezuela y la región.
Organizar actividades de sensibilización y debates públicos sobre las graves amenazas que se ciernen en el Caribe.
Ratificar ante el mundo que la paz duradera solo puede construirse sobre cimientos de justicia social, equidad y respeto pleno a los derechos humanos y al derecho internacional.
Una conclusión que mira más allá del Caribe
Más allá de las posiciones políticas o diplomáticas, la conclusión general del encuentro apunta a un mensaje que trasciende lo inmediato: la advertencia de que la paz en el Caribe —y por extensión en América Latina— sólo será posible si se la sostiene con mecanismos de justicia social, equilibrio entre Estados y respeto estricto a los marcos normativos internacionales.
Hacia el cierre, mientras se tomaban las fotografías protocolares y los asistentes abandonaban la sala, el clima combinaba cierta solemnidad con la sensación de que la región entra en una etapa en la que el derecho internacional será más un campo de disputa que un consenso compartido.
La crónica de estas dos jornadas en Caracas deja en claro que el Caribe no es hoy solamente un escenario geográfico: es un tablero donde se juega, una vez más, el sentido de la soberanía en América Latina.
