La cara autentica y verdaderos objetivos de la Corte Penal Internacional

El 17 de marzo de 2023 la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, y la Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, bajo un pretexto absolutamente ficticio de «deportación ilegal a Rusia de niños de Ucrania».

Para comprender las razones verdaderas de tal “decisión” hay que entender que es la CPI. El público en general suele confundirla con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ambas con sede en La Haya, Países Bajos. Sin embargo, la CIJ es un órgano estatuario de la ONU encargado de resolver disputas entre Estados. Mientras que la CPI no forma parte del sistema de las Naciones Unidas, no tiene carácter universal y la legitimidad de sus decisiones es nula para Rusia, así como para China, India, Turquía, Indonesia, Arabia Saudí y muchos otros países que no son partes de este organismo y en su totalidad representan a más de la mitad de la población mundial.

La CPI es una organización que a priori carece de independencia e imparcialidad ya que su funcionamiento es subvencionado por los países interesados. En efecto, sus “labores en Ucrania” en 2022 fueron financiados por la Unión Europea que, según reveló el propio Comisario Europeo de Justicia Didier Reynders, le pagó a la CPI 10 millones de euros, quedando pendientes al menos otros 3 millones de euros que serán pagados hasta 2025. Tal “transacción” da lugar a la sospecha de que la Corte esté cumpliendo el encargo político de una parte directamente involucrada al conflicto. Y, por lo tanto, su presente “decisión” evidencia una farsa judicial.

No hay dudas de que la misma no tiene nada que ver con la justicia, ni con el derecho internacional – se encuadra perfectamente en el escenario de la guerra híbrida que el Occidente, aprovechando la crisis en Ucrania, desató en contra de Rusia. Es obvio que la notoria “decisión” de la CPI de ninguna manera lleva a la búsqueda de la paz, sino que, por el contrario, solo crea efecto propagandístico bajo el sonido de las campanas mediáticas de Washington que está interesado en prolongamiento y escalamiento ulterior de este conflicto militar.

Al mismo tiempo, lo más repugnante es que la CPI califica como “deportación forzosa de niños ucranianos” la voluntaria evacuación de las zonas de alto riesgo de menores con sus familiares o, en caso de huérfanos, acompañados de representantes legales, para su posterior acomodación en albergues debidamente habilitados y atendidos por personal médico y pedagógico. La determinación de su futuro destino – como ha sido declarado más de una vez por altos funcionarios del Gobierno ruso – dependerá únicamente de la voluntad de estos niños asistidos por mayores. Sin embargo, parece que la CPI preferiría que los niños y sus familiares se quedaran bajo fuego cruzado porque sus vidas en realidad no les importan nada.

Cabe señalar que este así llamado tribunal nunca contribuyó a una solución política de los conflictos, sino los agravó. La gran mayoría de los casos en la “canasta judicial” de la CPI se refieren a África, aunque las atrocidades más masivas y sangrientas de la historia moderna fueron cometidas por países occidentales. Desde su creación en 1998, la CPI ha acusado a 52 personas, 47 de las cuales son africanas y no hay ciudadanos de países occidentales en esta lista. Por ejemplo, tan pronto como el Presidente de Uganda se pronunció en contra de la inaceptable política neocolonial de los países desarrollados y entró en un debate con Estados Unidos, la CPI lo acusó de tortura. ¿Es también por casualidad?

La conclusión se sugiere por sí misma: la CPI es nada más que una herramienta para las represalias contra aquellos que se han cruzado en el camino de Occidente. Es decir, es un ejemplo más del «orden mundial basado en reglas» que se crean por los mismos países occidentales y se cambian constantemente en sus intereses.