Vivimos (vivieron o presenciaron) la ocupación de espacios públicos como ser bancos de plaza, rotondas arboladas, parques públicos, paradas de ómnibus… pasando por verdaderos campamentos en propiedad privada como ser entradas de edificios, casas y garages, veredas de tránsito ciudadano e instituciones estatales.
Pero el problema no queda solo en estos ejemplos, se le suma las agresiones que experimentan muchos vecinos de la zona, desde la exigencia de peajes y pago por estacionar el auto en la cuadra (muchas veces en la puerta de sus casas), aprietes a la salida de supermercados por unas monedas o mercadería, insultos a los que no les dan dinero cuando se les pide, hurtos, desechos en las puertas de casas y comercios, consumo y venta de pasta base a la vista de todos día y noche, exigencias diarias de alimentos a comercios gastronómicos o panaderías a los cuales los comerciantes muchas veces acceden para evitar la rotura de cristales de sus locales o daños a los vehículos de trabajo, peleas, etcétera….
El mundo al revés en donde el ciudadano que trabaja y paga sus impuestos no obtiene una solución a dichos problemas, en donde no se respetan sus derechos anteponiendo muchas veces el “derecho” de quienes no respetan (en su amplia mayoría) las reglas básicas de convivencia y ni que hablar de las leyes…los vecinos quedan condenados a vivir en una cárcel invisible de la que nadie quiere hablar. A tal punto se llegó que muchos vecinos tuvieron que enrejar la entrada de sus viviendas, colocar implementos de cemento como macetones en espacios libres para evitar las ya conocidas “acampadas” o que sean utilizadas de baños públicos o de “fumata”.
Un tema social que no se pudo solucionar con los albergues transitorios ya que a este no van porque no quieren ni les interesa cumplir con las reglas básicas que allí se solicitan, hablamos de personas que van desde los 23 a los 40 años en promedio, con antecedentes penales y/o psiquiátricos, con baja o nula voluntad de trabajo y adictos al consumo de pasta base. Es de destacar que no todos los que se encuentran en situación de calle están dentro de estos grupos y es por ello que las excepciones son los que en su amplia mayoría recurren a los albergues del MIDES. Muchos nos comentan las situaciones que viven día a día al respecto y piden una solución definitiva, entre las medidas a tomar puede estar la ley Nro. 10071, Ley de Vagancia que estipula que los mayores de 21 años podrán ser declarados en estado peligroso cuando su conducta y su estado psicológico y moral representen un peligro social (la misma que ponen en práctica en temporada veraniega allá en Punta del Este, se acuerda?).
Otra medida que ayudaría sería que la I.M. de Montevideo cumpla con el registro de cuidacoches de forma sería registrando y controlando a aquellos interesados teniendo clara las zonas delimitadas, logrando a la vez el derecho al trabajo de los involucrados ya que hoy son desplazados de forma violenta y muchas veces robados. Hoy la democratización de los espacios públicos esta en riesgo al igual que el respeto a la propiedad privada, es evidente el atropello de derechos básicos que muchos vecinos enfrentan en Montevideo y aclaro que acá no hablo de segregación ni de crear guetos en áreas periféricas sino que expongo un problema real que abarca tanto la convivencia y seguridad de todos/as que vive en las zonas afectadas como también a aquellos que están de paso y a las personas sin hogar que sufren de un ambiente hostil.
Basta de decir Gre Gre para decir Gregorio…las cosas por su nombre.
