La narrativa construida por Washington se sostiene sobre tres pilares interconectados: la criminalización del gobierno de Nicolás Maduro, vinculándolo directamente con el narcotráfico; la instrumentalización de la crisis migratoria como una amenaza; y la caracterización de Venezuela como una plataforma de potencias extracontinentales, como China, Rusia e Irán.
Este reenfoque ha justificado un despliegue militar sin precedentes en el Caribe que se complementa con simulacros de ataque con bombarderos y la presencia de personal de inteligencia. Sin embargo, esta escalada militar es solo la punta del iceberg de una estrategia integral de asedio económico que data de años. La verdadera guerra, la que define el día a día de millones de venezolanos, se libra en el terreno de las finanzas, el comercio y los flujos de capital. Es una guerra donde las armas principales son las sanciones financieras, los bloqueos comerciales y un régimen arancelario implícito de máxima exclusión, cuyo objetivo declarado es el cambio de gobierno, pero el efecto inmediato recae sobre la población civil.
La política de «máxima presión» estadounidense ha construido un cerco económico complejo alrededor de Venezuela. Más allá de las sanciones específicas al gobierno, la medida más agresiva ha sido el bloqueo financiero y comercial contra la industria petrolera estatal. Esta acción no es simplemente una prohibición; funciona como un arancel prohibitivo del 100% sobre el principal producto de exportación venezolano, imposibilitando transacciones en dólares estadounidenses y cortando el acceso a mercados clave.
El petróleo es el nervio central de la economía venezolana, pues cuenta con las mayores reservas probadas del planeta lo que históricamente representa casi la totalidad de los ingresos en divisas. Las sanciones han provocado un declive que no se debe solo a la falta de inversión y mantenimiento interno, sino directamente a la imposibilidad de comercializar crudo, adquirir repuestos, contratar servicios de transporte y asegurar inversiones extranjeras.
Al respecto, el analista internacional Alejandro Laurnagaray señala el corazón del conflicto: «Acá hay una gran disputa por los recursos naturales, fundamentalmente el petróleo (el oro venezolano)». La presión, según su análisis, busca forzar uno de dos escenarios: «derroquen a Maduro o para que Maduro abra sus puertas totalmente a las empresas norteamericanas para el petróleo».
El impacto se extiende más allá del petróleo, las sanciones secundarias, que amenazan con penalizar a cualquier entidad, de cualquier país, que negocie con el gobierno venezolano, han generado un «efecto arancelario por miedo». Bancos internacionales, compañías navieras, proveedores de alimentos y medicinas, y hasta firmas de seguros, optan por no realizar negocios con Venezuela para evitar represalias estadounidenses. Esto encarece astronómicamente cualquier importación, añadiendo un sobrecosto de riesgo que actúa como un arrastre arancelario invisible sobre cada bien esencial que intenta entrar al país.
El colapso del ingreso petrolero ha generado una hiperinflación, una escasez aguda de medicinas y suministros médicos, y el deterioro total de los servicios básicos como el agua potable y la electricidad. La imposibilidad de importar repuestos y tecnología debido al bloqueo financiero agrava diariamente la crisis eléctrica y la fallas en el suministro de agua. La industria farmacéutica nacional, dependiente de insumos importados, opera a una fracción mínima de su capacidad.
China contra la injerencia
En este escenario, la relación con China emerge como un pilar fundamental de la resistencia económica venezolana y un contrapeso geopolítico clave. Pekín, que ha condenado reiteradamente lo que describe como «injerencia» estadounidense, opera en una dimensión estructural. China es el principal acreedor de Venezuela, con préstamos pagos en petróleo, y un socio energético central.
China ha invertido significativamente en infraestructura en Venezuela y en toda la región del Caribe: puertos, telecomunicaciones, proyectos logísticos. Para Beijing, Venezuela representa un componente importante de su iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina. La estabilidad del país es, por tanto, un interés económico estratégico.
El apoyo chino, sin embargo, no ha podido compensar el impacto del bloqueo liderado por Estados Unidos. Los flujos de inversión y cooperación se han visto complicados por las sanciones estadounidenses, que disuaden a las empresas chinas de involucrarse en sectores sensibles. Aún así, China mantiene un compromiso diplomático y económico que permite a Venezuela un mínimo respiro financiero y político. Esta alianza es vista por Washington como una amenaza a su influencia hemisférica, alimentando el discurso de que Venezuela es una «cabeza de playa» de potencias rivales.
Para China, una intervención militar estadounidense en Venezuela establecería un precedente peligroso de cambio forzado, que podría extrapolarse a sus propias áreas de interés. Por lo tanto, su apoyo diplomático a la soberanía venezolana es también una defensa de un principio de no intervención que resguarda intereses globales.
La estrategia estadounidense ha buscado, a través de un régimen de sanciones que funciona como un bloqueo comercial y arancelario total, estrangular la economía venezolana para provocar un colapso político y humanitario.
El pueblo venezolano ha pagado un precio intolerable por ser el campo de batalla de una contienda geopolítica. Su sufrimiento es el testimonio más crudo de que las guerras económicas, con sus «armas» arancelarias y financieras, tienen consecuencias tan mortales como las convencionales. La soberanía y la paz para Venezuela solo pueden cimentarse sobre la justicia y el fin de la coerción externa. Mientras el asedio persista, la crisis persistirá, y la sombra de un conflicto mayor seguirá acechando al Caribe.
