La economía argentina transita una etapa de profundas transformaciones, marcada por un ajuste severo, un cambio de rumbo ideológico y una promesa reiterada: ordenar las cuentas para que, más adelante, llegue el crecimiento. El problema es que ese “más adelante” no tiene fecha cierta para una sociedad que convive a diario con la pérdida de poder adquisitivo, la caída del consumo y una sensación persistente de incertidumbre.
El Gobierno sostiene que el equilibrio fiscal es la condición indispensable para salir del estancamiento crónico. En esa lógica, el recorte del gasto público, la reducción de subsidios y la liberalización de precios aparecen como herramientas inevitables. Desde el punto de vista técnico, el diagnóstico no es nuevo: la Argentina ha financiado durante años su funcionamiento con déficit, inflación y endeudamiento. Sin embargo, la diferencia actual está en la velocidad y profundidad del ajuste, que impacta de lleno en los sectores medios y populares.
La inflación, aunque muestra señales de desaceleración, sigue siendo un factor corrosivo. No solo licúa salarios y jubilaciones, sino que también distorsiona decisiones básicas de consumo y ahorro. El salario corre detrás de los precios y la informalidad laboral se expande, mientras la promesa de una economía más competitiva choca con la realidad de miles de comercios que cierran y pequeñas empresas que sobreviven con márgenes mínimos.
El discurso oficial apela a la confianza de los mercados como motor del cambio. Se celebra la baja del riesgo país, la mejora de algunos indicadores financieros y el interés de inversores en sectores estratégicos. Pero la macroeconomía, por sí sola, no alcanza para explicar el humor social. La estabilidad financiera no se traduce automáticamente en bienestar si no existe un puente claro hacia el empleo, la producción y el desarrollo.
Uno de los dilemas centrales es la tensión entre orden macroeconómico y cohesión social. Ajustar puede ser necesario, pero la ausencia de políticas de amortiguación agrava la desigualdad. La idea de que el crecimiento “derramará” hacia abajo ya demostró, en otras etapas, sus límites. Sin un Estado que regule, invierta y proteja a los sectores más vulnerables, el riesgo es consolidar una economía eficiente para pocos e inviable para muchos.
Al mismo tiempo, la Argentina sigue atrapada en su histórica fragilidad externa. La escasez de dólares condiciona cualquier plan económico y convierte cada ciclo de crecimiento en una carrera contra el reloj. Exportar más, agregar valor y diversificar la matriz productiva son consignas repetidas, pero difíciles de materializar sin una estrategia industrial de largo plazo.
La economía no es solo una planilla de Excel ni un conjunto de indicadores. Es también expectativa, confianza y proyecto colectivo. Hoy, muchos argentinos sienten que el esfuerzo es unilateral y que el sacrificio no tiene una contrapartida visible. Gobernar la economía implica algo más que equilibrar cuentas: requiere construir un horizonte creíble de progreso.
El desafío no es menor. La Argentina necesita estabilidad, sí, pero también necesita inclusión, producción y trabajo. Si el ajuste no se convierte en un puente hacia el desarrollo, corre el riesgo de transformarse en un fin en sí mismo. Y una economía sin horizonte social termina siendo, tarde o temprano, una economía políticamente inviable.
