Los vínculos con el terrorismo de Estado vuelven a quedar en el centro de la escena a partir de algunos nombramientos realizados por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA). En este caso, la designación del contralmirante Pablo Javier Barbich como nuevo responsable del área de inteligencia militar reavivó cuestionamientos por los antecedentes de su entorno familiar y por su conexión directa con uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina reciente.
Pablo Barbich es hijo de Alberto César Barbich, un alto mando de la Marina durante la última dictadura cívico-militar, quien en reiteradas oportunidades reivindicó públicamente los métodos represivos del régimen, negó la existencia de un plan sistemático de apropiación de bebés y terminó denunciado en la causa ESMA, que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en el principal centro clandestino de detención de la Armada.
La designación fue formalizada el jueves, cuando el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, firmó la resolución que coloca a Barbich al frente de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (EMCO). Se trata de un área estratégica dentro del esquema de defensa nacional, encargada de articular información sensible y de coordinar acciones con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en el marco de los cambios impulsados por el Gobierno a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941.
El nombramiento no pasó inadvertido en organismos de derechos humanos ni en sectores políticos que advierten sobre una preocupante reivindicación indirecta del pasado represivo. Si bien no existen imputaciones judiciales contra Pablo Barbich, la trayectoria pública de su padre y su implicancia en causas vinculadas al terrorismo de Estado generan inquietud sobre el mensaje político que envía el Gobierno al ubicar a un oficial con ese apellido en un puesto clave del sistema de inteligencia.
El apellido Barbich ya había generado controversia meses atrás. En octubre, Marcelo Barbich, hermano mayor del actual jefe de inteligencia militar, fue ascendido al grado de capitán de navío en una ceremonia realizada en el Edificio Libertador. El ascenso fue presentado por sectores afines al oficialismo como una suerte de “reparación” o “revancha histórica”, bajo el argumento de que su carrera había sido obstaculizada durante los gobiernos kirchneristas debido a los antecedentes familiares.
Estas decisiones se inscriben en un contexto más amplio, en el que distintos nombramientos y discursos del oficialismo han sido señalados por relativizar o cuestionar las políticas de memoria, verdad y justicia construidas desde el retorno de la democracia. La presencia de apellidos asociados a la dictadura en áreas sensibles del Estado reabre un debate que parecía saldado: el lugar que deben ocupar las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia en una democracia atravesada por el recuerdo del terrorismo de Estado.
La designación de Pablo Barbich, en particular, vuelve a poner bajo la lupa el rumbo del Gobierno en materia de defensa e inteligencia, y reactualiza una pregunta clave para amplios sectores de la sociedad: qué garantías existen de que nunca más se repitan las prácticas que marcaron uno de los períodos más trágicos del país.
