El reciente ataque del Partido Nacional contra la Fiscalía General de la Nación en el contexto del caso de Guillermo Besozzi revela una preocupante tendencia de deslegitimación de las instituciones encargadas de garantizar la justicia y el estado de derecho. Este tipo de acciones no solo socavan la confianza pública en el sistema judicial, sino que también ponen en tela de juicio el compromiso del partido con los principios democráticos que supuestamente defiende.
En primer lugar, es fundamental recordar que la Fiscalía General de la Nación tiene el deber de investigar y perseguir delitos, independientemente de las presiones políticas que pueda recibir. Atacar a esta institución por su labor investigativa es un intento claro de interferir en el proceso judicial y de escapar de la rendición de cuentas. La política no debe ser un refugio para la impunidad, y el Partido Nacional, al descalificar a la Fiscalía, parece olvidar que la justicia es un pilar fundamental de cualquier democracia.
El caso de Guillermo Besozzi, que ha generado un amplio debate público, es un ejemplo de cómo las instituciones deben actuar sin temor a represalias. La reacción del Partido Nacional no solo es defensiva, sino que también parece indicar un temor a las consecuencias que podría tener la investigación para sus propios intereses. Esta actitud es alarmante y representa un quebrantamiento de las normas que deben regir la convivencia política en un país democrático.
Además, es preocupante observar cómo el Partido Nacional utiliza la retórica de “persecución política” para desviar la atención de los hechos. Este tipo de discurso, que busca victimizar a los propios actores políticos, no solo es irresponsable, sino que también puede crear un ambiente hostil para los funcionarios que trabajan en la Fiscalía. Al etiquetar a la Fiscalía como un instrumento político, el Partido Nacional no solo está desacreditando su labor, sino que también está enviando un mensaje a otros actores que podrían estar considerando actuar con integridad en el ejercicio de sus funciones.
Es esencial que la ciudadanía reconozca que la defensa de la justicia y la independencia de las instituciones no es un tema que deba ser politizado. La independencia del poder judicial es un derecho de todos y debe ser defendida sin reservas. La reacción del Partido Nacional sugiere que hay un interés por mantener el statu quo, donde las acciones de figuras como Guillermo Besozzi no sean puestas en entredicho. Esta es una actitud que debe ser condenada enérgicamente.
El ataque a la Fiscalía es, en última instancia, un ataque a la democracia misma. Si permitimos que los partidos políticos se sientan con derecho a deslegitimar a las instituciones cuando estas no actúan a su favor, estamos abriendo la puerta a un sistema donde la justicia es manipulada por el poder político. La ciudadanía debe exigir transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, el respeto a las instituciones que velan por el bienestar común.
El Partido Nacional debe reconsiderar su enfoque hacia la Fiscalía General de la Nación y entender que la justicia no es un adversario, sino un aliado en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La defensa de la independencia judicial es un compromiso que trasciende intereses partidistas y debe ser una prioridad para todos aquellos que valoran la democracia. Es tiempo de exigir un diálogo constructivo y respetuoso, donde las instituciones puedan operar sin temor a represalias políticas. La justicia debe prevalecer, y el Partido Nacional tiene la responsabilidad de actuar en consecuencia.
