La Policía Federal Argentina (PFA) logró impedir dos posibles ataques armados en establecimientos educativos luego de recibir una alerta del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, que advirtió sobre publicaciones en redes sociales con amenazas concretas de violencia extrema. Los mensajes, difundidos por dos adolescentes de 15 y 16 años, incluían expresiones de odio, supremacía racial y referencias explícitas a la planificación de una masacre escolar.
De acuerdo con un comunicado oficial de la PFA, la advertencia internacional fue recibida por la unidad de investigaciones antiterroristas, que inició un seguimiento inmediato del contenido digital detectado. A partir del análisis de las publicaciones y de la trazabilidad de las comunicaciones, se determinó que los jóvenes planeaban llevar a cabo ataques armados en sus respectivas escuelas: una ubicada en la ciudad de La Quiaca, en el extremo norte del país, y otra en Miramar, una localidad costera de la provincia de Buenos Aires.
Según la investigación, los adolescentes no se conocían personalmente y nunca mantuvieron contacto presencial. Sin embargo, interactuaban de manera virtual a través de internet, donde compartían discursos violentos y referencias a tiroteos escolares ocurridos en otros países, especialmente en Estados Unidos. Las autoridades señalaron que el intercambio de mensajes evidenciaba una escalada discursiva preocupante y un grado de planificación que justificó la intervención judicial.
Con autorización del Poder Judicial, la Policía Federal llevó adelante allanamientos en los domicilios de ambos jóvenes. Durante los operativos se incautaron diversos elementos considerados relevantes para la causa, entre ellos objetos con simbología nazi, cuchillos de caza, municiones para armas de fuego, tres computadoras portátiles, una tableta electrónica y siete teléfonos celulares. Todo el material quedó a disposición de la Justicia para su análisis pericial.
El caso fue calificado legalmente como “intimidación pública”. No obstante, los adolescentes no quedaron detenidos. Según la legislación argentina vigente, solo las personas de 16 años o más pueden ser penalmente responsables, por lo que únicamente el mayor de los implicados podría eventualmente enfrentar un proceso judicial. El menor quedó bajo medidas de protección y seguimiento por parte de organismos especializados.
El episodio reavivó el debate político y social en torno a la edad de imputabilidad. El Gobierno nacional impulsa un proyecto de ley para reducir la edad de responsabilidad penal a los 14 años, iniciativa que ha generado un fuerte rechazo en sectores de la oposición y en organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre la criminalización de la adolescencia.
Si bien los tiroteos escolares siguen siendo extremadamente infrecuentes en Argentina, distintos informes oficiales y judiciales advierten sobre un aumento de amenazas y conductas violentas vinculadas a entornos digitales. En noviembre pasado, un adolescente de 16 años fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires tras ser denunciado por el FBI por publicar amenazas de ataque en la red social X.
En septiembre, una niña de 14 años ingresó armada a una escuela de La Paz, Mendoza, y efectuó tres disparos sin provocar heridos. En abril, estudiantes de Ingeniero Maschwitz crearon un grupo de WhatsApp denominado “Tiroteo escolar”, donde discutían cómo ejecutar un ataque. “Soy fanático de los tiroteos en las escuelas”, llegó a escribir uno de los participantes.
El antecedente más grave ocurrió en 2004 en Carmen de Patagones, cuando un estudiante asesinó a tres compañeros e hirió a otros cinco. A casi dos décadas de ese hecho, las autoridades advierten que la prevención temprana, el monitoreo digital y la cooperación internacional se vuelven claves para evitar tragedias.
