La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional volvió a encender la alarma en el sector de la prensa tras conocerse que, entre sus modificaciones, se avanza sobre el Estatuto del Periodista Profesional, una norma histórica que regula las condiciones de trabajo, los derechos y las obligaciones de quienes ejercen la actividad periodística en la Argentina. La eventual derogación o vaciamiento de este estatuto no es un detalle técnico: implica un cambio profundo en la relación laboral dentro de los medios de comunicación y un retroceso significativo en materia de derechos.
Además, contempla una multimillonaria transferencia de recursos del sistema jubilatorio a los nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que se crearán para que los empresarios paguen las indemnizaciones por despido de sus trabajadores.
O sea, quitar fondos a la Agencia Nacional de Seguridad Social para colocarlos en las arcas empresariales a fin de que las patronales indemnice a quienes despidan pero no con el dinero de las empresas como debía ser.
En un aviso que compartió en Facebook, Cynthia Luján Ottaviano, periodista, docente, doctora en Comunicación, investigadora y ensayista argentina, alerta que desde el ejecutivo quieren derogar el Estatuto de Periodista Profesional y los derechos vinculados con la cultura y la comunicación.
“Así es, en lo que llaman una ley de modernización laboral que acaba de entrar al Senado de la Nación Argentina, que en realidad líquida los derechos de trabajadores y trabajadoras. Al final de todo, en el título 26 de las derogaciones dice, derógase la ley 12.908. ¿Sabes cuál es? La Ley del Estatuto del Periodista Profesional en la Argentina”, advierte.
Esa norma es la que garantiza que los periodistas y otros profesionales de prensa tengan derechos y puedan fortalecer con su trabajo la democracia, explica la especialista.
Además, pretenden revocar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y con ello eliminar los recursos que van para la Defensoría del Público para defender derechos de audiencias y se acaban los fondos que van al Instituto Nacional de la Música y para la Casa del Teatro.
Eso significa también que dejaría sin recursos a la radio y televisión públicas argentinas, y sin la principal fuente de financiamiento del Instituto Nacional del Cine, “nuestro arte, nuestra cultura y nuestra comunicación están en peligro en Argentina”, avizora Ottaviano.
La experta en comunicación social insta a que “el pueblo debe circular este video porque, camuflado en lo que llaman una modernización laboral, terminan con los derechos de trabajadores, trabajadoras pero además con la comunicación, la cultura y el periodismo”.
En el caso del pase de recursos de la ANSES a los FAL se trata de una especie de reversión de los Fondos de Cese Laboral aprobados en 2024 con la Ley Bases, pero que fue rechazado por los empresarios quienes los consideraron muy costosos.
Según la reforma, las empresas deberían aportar a los FAL el 3 por ciento de la masa salarial bruta de sus empleados todos los meses, para costear las indemnizaciones y, ese dinero podrá ser invertido en instrumentos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores.
En concreto y en la práctica lo que se propone desde el ejecutivo es que las contribuciones de las empresas para las indemnizaciones será gratuito para estas, ya que el 3 por ciento de la masa salarial destinado a los FAL se les descontará de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, un negocio redondo para el empresariado.
